* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 15 de noviembre de 2024).- El Chocó, que debería ser un emporio de turismo ecológico internacional, es una esquina de convergencia de todas las ilegalidades, desde la minería ilegal, el narcotráfico y el lavado de activos, hasta el tráfico de migrantes, en medio de la corrupción galopante de su clase dirigente, si es que la hay.

El departamento ocupa el primer lugar en explotación de oro en aluvión con 37.841 hectáreas, lo cual no sería negativo, de no ser porque 33.938 de ellas, ¡el 90%!, son explotaciones ilícitas en zonas de Reserva Forestal.

Según la UNODC (2023), Chocó pasó de tener pocos cultivos de coca a convertirse en “zona de expansión” (entre 5.000 y 20.000 ha). Adicionalmente, su línea costera es ruta diaria de grupos narcotraficantes, todo lo cual configura un entorno de ilegalidad que explica las luchas por el control territorial, principalmente entre las Autodefensas Gaitanistas y el ELN.

Hay más primeros lugares: Colombia es el país más lluvioso del mundo y su región más lluviosa es… Chocó, por lo que es el más perjudicado por la ola invernal, con inundaciones en 22 de sus 31 municipios y 33 mil familias afectadas, 72% de la afectación del país, en un departamento que también encabeza la lista de pobreza monetaria, con el 67,7% de su población en esa condición.

En ese duro contexto, con la tinta aún fresca del comunicado expedido en Caracas para tratar de encontrarle salidas a un proceso suspendido por cuenta del atentado terrorista contra una base militar en Arauca, que costó la vida a tres soldados y dejó gravemente heridos a 27, el ELN decreta un paro armado en la zona más vulnerable del Chocó en donde confluyen tres grandes ríos, dejando confinadas bajo amenaza a más de 45.000 personas.

Por eso el paro armado no solo es un “acto de perfidia”, sino una infamia que el ELN, cínicamente, pretende legitimar con un “corredor humanitario”, como una suerte de graciosa concesión a la violencia inmisericorde. ¿Qué hay detrás de lo que es la antítesis de una manifestación INEQUÍVOCA de voluntad de paz?

Del VI Congreso del ELN (junio 2024) se esperaban lineamientos de compromiso con los diálogos, pero no se conoce el documento final, sino apenas un comunicado con más de lo mismo: proclamas antiimperialistas, una reafirmación gaseosa de “su voluntad de paz y su compromiso para cumplir lo acordado en la Mesa de diálogos con el Gobierno”, que se contradice abiertamente con su violencia indiscriminada en los territorios.

No faltaron las alusiones camufladas legitimando la lucha armada, como la solidaridad con “los luchadores revolucionarios del mundo” y la “reafirmación que sólo (sic) la lucha y movilización creciente de las masas” logrará la transformación de Colombia, ¿hacia qué?, ¿hacia dónde?; ¿acaso hacia una sociedad poscapitalista, es decir, socialista, como expresaron en el primer punto de su declaración de principios de Caracas para la reanudación de los diálogos? 

El país conoció el documento final del V Congreso del ELN de 2016. ¿Cuándo conoceremos el del VI Congreso de 2024? ¿Acaso la unidad de mando no es tan monolítica como lo proclama el comunicado? ¿Con cuál ELN está negociando el Gobierno, con el que se sienta a la Mesa a hablar de paz, o con el que persiste en la guerra en los territorios? ¿Acaso hay una agenda oculta orientada a seguir “dorándole la píldora” al Gobierno y al país, para lograr “sus transformaciones” en la Mesa, pero bajo la presión extorsiva de las armas en los territorios?

A las Farc les funcionó esa especie de “paz a las malas”, que no es la paz que Colombia anhela y merece.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 15 de noviembre de 2024).- En días pasados se llevó a cabo el taller realizado por la WOAH (World Organisation For Animal Health) y WOAHM Américas, más familiarizada como OMSA, (Organización Mundial de Salud Animal), en el que quedó demostrado con claridad, que los exportadores de ganado en pie en Colombia (Gold Land, Expoganados, Grupo G4 Caribe e Inversiones Bonanza), son ejemplo en el mundo en Buenas Prácticas de Bienestar y Sanidad Animal y, Logística de exportaciones de ganados en pie. Si alguna falla llegó a ocurrir en el pasado, quedó en la historia. A través de Aexgan, ha sido posible estos reconocimientos y éxitos en las materias anotadas.

Los exportadores de ganados en pie han venido realizando talleres con los elementos de la cadena agroindustrial de producción, transporte y exportación de ganados vivos, para lograr los máximos índices de bienestar animal en todos sus eslabones, lo que ha llevado a que las cinco libertades animales:

1/libres de hambre,

2/ de sed,

3/ de temor,

4/ de molestias, dolor y,

5/Que puedan expresar comportamientos naturales, estén garantizadas desde el nacimiento hasta la llegada a los puertos de destino de los países demandantes.

En el proceso de garantía de las libertades animales, los conductores encargados del transporte deben certificarse por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), para garantizar el buen trato a las reses durante el transporte y no se violenten las garantías de bienestar y sanidad

Todos los predios base de producción, recepción y alistamiento de los exportadores de ganados en pie, tienen certificación de Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), que conllevan producción y prácticas sostenibles de la res a exportar desde el nacimiento, levante, preceba y ceba., con destino a la exportación en pie.

El hato ganadero colombiano hoy es de 29.072.000., 12º global, de estos se extrajeron 302.266., machos enteros a la exportación en pie, tasa de extracción efectiva de 1.04%, lo que permitió posicionar a Colombia en el ámbito mundial en el puesto 11º y 4º en América en ingresos de divisas, 8º en número de reses exportadas, con costo ponderado por res el 11º, US$764 por res ($3.361.600).

Los resultados logrados han permitido que esta agroindustria de exportación ocupe el 5º lugar de las exportaciones del sector agropecuario, por encima de sectores del banano, aceite de palma y sus fracciones, malta tostada tabaco y otros.

La agroindustria de exportaciones de ganados en pie navega sobre diversos factores que han hecho que el volumen exportado a corte de octubre de este año sea de 179.473 cabezas, por Us$135.322.642, muy a pesar del empeño y esfuerzo por parte de los cuatro exportadores, se ha menguado, temas como la mayor devolución del Real frente al Dólar, en comparación con el Peso colombiano, mejoramiento genético de las razas en Brasil, les permite menor tiempo para lograr pesos ideales de exportación, generando menores costos de producción, así como la participación de nuevos países en el negocio, Venezuela y Ecuador en ciernes, han hecho que los resultados a la fecha de corte no sean los más alentadores. Si a lo anterior se le suma la incertidumbre e inseguridad jurídica que brinda este gobierno frente a esta agroindustria, encontramos los resultados que hoy los regulares resultados, muy a pesar de los buenos resultados logrados en temas de bienestar y sanidad animal reconocimiento expresados en por la WOAHM y WOAHM Américas.

La agroindustria en los últimos años ha sido blanco de ataques de animalistas, ambientalistas y veganos, por razones baladíes, hoy superadas, la exportación de ganado en pie ha retornado “valor” a la ganadería y ganadero y, estabilidad al precio al ganado en todo el territorio colombiano.

Cualquier movimiento en las exportaciones de ganado vivo, afectará el precio del ganado en todo el territorio nacional, hasta tanto no se haya penetrado en grandes mercados de China efectivamente y, Estados Unidos la admisibilidad sanitaria, de ingreso de “carnes” de bovinos.

PD.: Los servicios que presta el ICA, (Instituto Colombiano Agropecuario) al ganadero en particular, deben mejorarse para lograr la efectividad de la empresa ganadera colombiana, celeridad en la expedición de guías sanitarias, chapeteada, así como en las respuestas a solicitudes y peticiones elevadas ante la entidad.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 8 de noviembre de 2024).- ¿Hasta cuándo Catilina, abusarás de nuestra paciencia?, famosa frase con la que Cicerón inició la primera de sus “catilinarias”, como se conocen sus discursos en el Senado de Roma contra un mañoso conspirador. 

Cuando me enteré, con más indignación que sorpresa, del anuncio del ELN de otro paro armado en Chocó desde el 9 de noviembre, llegó la frase a mi memoria y la parafraseé para mis adentros: ¿Hasta cuándo ELN, abusarás de la paciencia del pueblo colombiano?

De cumplirse el paro, sería un acto de “perfidia”, expresamente proscrita en los acuerdos firmados, no solo por el hecho mismo de un hostigamiento injustificado a poblaciones vulnerables, sino porque se anuncia justo después de la reunión de Caracas para evaluar la crisis de las negociaciones y acordar nuevos términos. ¿Por qué? ¿No será porque no cumplieron ninguno de los anteriores? 

Esos nuevos términos, declarados por el ELN ante los delegados del Gobierno Nacional, de los países garantes y acompañantes, del enviado especial del secretario general de la ONU y ante la Conferencia Episcopal, incluyen los “principios básicos”, entre otros la buena fe, cumplir lo acordado, no firmar lo que no se puede cumplir, asumir responsabilidades y decir la verdad al país.

¿No se sonrojaron siquiera?, me pregunto, pues mientras declaraban buena fe y pretendían borrar dos años de incumplimientos, su Frente de Guerra Occidental anunciaba amenazante el paro armado.

Si de asumir responsabilidades se trata, como presidente de FEDEGÁN, no como miembro de la delegación, exijo que se aclare si ellos perpetraron el secuestro del ganadero Cristian Serrano en Rio de Oro, Cesar, el 7 de noviembre, mientras negociaban. De ser así, que lo devuelvan de inmediato.

Si de buena fe se trata, ¿por qué el paro armado y los hostigamientos a la población? ¿Por qué persistir en el secuestro extorsivo?, ¿por qué dejar vencer el cese al fuego con argumentos espurios de incumplimiento del Gobierno? ¿Por qué 16 ataques contra la Fuerza Pública desde del vencimiento del cese? ¿Por qué los atentados a la infraestructura petrolera?, 27 entre agosto y septiembre, la mayoría presuntamente de su autoría, pues son los de mayor presencia en la zona y expertos en esa modalidad terrorista.

Si, como afirman los analistas, de lo que se trata es de presionar al Gobierno y sentarse a la Mesa desde una posición de fuerza… ¿es esa una demostración de buena fe, de la voluntad inequívoca de paz que debe inspirar unos diálogos que pretenden alcanzarla?

Finalmente, cuando leo los 13 principios planteados, me queda el sinsabor de la posición edénica del ELN y, también, más preguntas que esperanzas.

Para el ELN, la paz empieza con ellos y con ellos termina el conflicto. Lo mismo pensaban las Farc y hoy estamos hasta el cuello de narcotráfico y violencia. Si ya refundamos el Estado al amaño de las Farc en 2016…, ¿qué exigirán los elenos en un eventual Acuerdo Final que, además, van a estirar hasta 2026?

Personalmente, no puedo suscribir, como condición, que el horizonte del proceso sea una “sociedad Post capitalista” (sic), pues se infiere el fin de la libre empresa y la economía de mercado, esencia de nuestro ordenamiento democrático. ¿Qué vendría después?, ¿acaso el socialismo puro, la economía centralizada y la pérdida de libertades? No es en vano la estrambótica exigencia de que “EE. UU. no objete la solución política del conflicto”.

No me parece el resultado de un “examen franco y profundo” del proceso, como reza el comunicado conjunto. Más me parece la continuidad de un abuso del ELN contra la paciencia del pueblo colombiano. Por eso repito con Cicerón… ¿Hasta cuándo?

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 1 de noviembre de 2024).- Con el “Mensaje de Urgencia” (Art 163, Superior), presentado por el gobierno al Congreso, toma inusitada importancia la Jurisdicción Agraria (P.L 183/2024 de agosto 27/2024). El mensaje de urgencia, tiene efecto de aceleración del trámite, prelación en el orden del día y reducción a debates conjuntos de las comisiones del Congreso, en algo parecido al ingratamente recordado como Fast Track.

El tema no debe ser pupitreado por el Legislador, el P.L presentado por el gobierno Petro, afecta de manera grave el “Derecho a la Propiedad Privada”, (Art 58 Constitución, garantiza la propiedad privada y derechos adquiridos con base en las leyes civiles, limitado por la Función Social y Ecológica), poniendo en gravísimo peligro la existencia y ejercicio de la Democracia, así como la existencia de la República (Modelo de Gobierno), construido desde Bolívar y Santander.  “SIN PROPIEDAD PRIVADA NO HAY DEMOCRACIA” (Dr. Jorge E Vélez), la propiedad privada es un pilar importante de todos los derechos consagrados en nuestra carta superior, muy contrario a la colectivización de la propiedad, bandera de los Regímenes Absolutistas que pretende implementar el socialismo e impacta nuestro modelo de propiedad en la constitución.

El reconocimiento de grupos sociales, como sujetos de especial protección por parte del Estado,  no es argumento suficiente para la creación de la Jurisdicción Agraria desde el “Principio de Asimetría” o “De Especial Protección al Más Débil”,  el que teniendo el Derecho de Propiedad, legal y legítimamente adquirido, por el solo hecho de ser “Empresario del Campo”, propietario, antes del inicio del proceso, sus derechos queden en condiciones desiguales frente a quien por vías de hecho (Invasión de Tierras, Usurpación de inmuebles, Avasallamiento), violentan su propiedad sobre el inmueble, que el Estado debe  garantizar.

Acá, no se trata de la existencia de protección reforzada de derechos. ¡No!, estamos frente al desconocimiento directo del Derecho de tenencia y titularidad de un bien, a quien de manera formal y legal se reconoció por el Estado, quie debe hacerlo valer frente a quien se lo está afectando.

La Protección a la contraparte, cae en profunda vaguedad, que conducirá a decisiones por los jueces agrarios soportados en criterios subjetivos, bajo el amparo del “Principio Legal del Bienestar y el Buen Vivir”, ¿cuáles son los parámetros para aplicarlo y criterios para concluir que el titular del Derecho de Propiedad demandado, es responsabilidad de quien se demande este afectando en este vago principio?

Quiebra el Principio de la Cosa Juzgada, conservando el operador judicial agrario competencia sobre las decisiones tomadas ajustadas a los procedimientos, la posibilidad modificatoria posterior a solicitud del quien hace parte de los grupos de especial protección.

Peligroso, la implementación del “Principio de la Permanencia Agraria”: art 5º # 12 “Se garantizará a los sujetos en condición de vulnerabilidad la continuidad en la tenencia y posesión agraria con fines productivos. En consecuencia, las autoridades judiciales evitarán los actos de perturbación o desalojo que interrumpan las actividades productivas necesarias para su autosuficiencia y/o para el logro de la soberanía alimentaria, hasta tanto se expida la providencia que resuelva la controversia.”. El Juez Agrario podrá suspender las acciones policivas, administrativas o judiciales previstas para la protección de la propiedad privada, para hacer cesar la perturbación de la propiedad, cuando quien por vías de hecho ocupa ilegalmente el inmueble, demuestre que lo hace para su autosuficiencia (tres palos de Yuca y, dos matas de guineo), o emprendimiento, para contribuir a la soberanía alimentaria.

Esta es la invitación e incitación a la ocupación ilegal de inmuebles, en palabras llanas, invadan la tierra que la jurisdicción agraria los protege. (Ley Ocupa, España).

Recuerden y tengan claro, lo que estamos afrontando es un cambio de fondo de nuestro sistema de gobierno, expresado en nuestro modelo de República. Lo que hoy es ilegal e ilegítimo, por ministerio de la ley y competencia del operador judicial agrario pasará, a ser legal y legítimo, hasta que se resuelva de fondo la controversia.

Lo más grave de lo expuesto; los operadores de la jurisdicción agraria, hoy no existen con la formación especializada e independencia ideológica política, esta será dada dentro de principios ideológicos socialista, siempre en búsqueda de la Propiedad Colectiva de la tierra, planteada como principio general de esta proyectada jurisdicción.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 1 de noviembre de 2024).- Quizás desde los Panamericanos de 1971, Cali no se mostraba al mundo como lo hizo con lujo durante la COP16 sobre biodiversidad, que ya terminó y, sobre ella, hay tres aspectos que quiero resaltar:

El primero: Bien por Cali, por su alcalde Alejandro Eder, por la gobernadora Dilian Francisca Toro; bien por la Fuerza Pública que garantizó la seguridad, y bien por las personas y entidades que la hicieron posible; pero, especialmente, ¡bien por el pueblo caleño!, que hizo suya la COP16, se tomó la Zona Verde en el Bulevar del Río y la convirtió en un “evento vivo” que se expandió por la ciudad, con todo y Festival Mundial de Salsa. Yo me sentí en la antesala de su famosa feria.

Segundo: Bien por Bruce Mac Master, la ANDI y el Consejo Gremial Nacional. El 1er Congreso Naturaleza & Empresa en el marco de la COP16 fue una experiencia entusiasta, participativa y aportante del empresariado colombiano, no tanto en discursos y declaraciones, sino en proyectos concretos, hechos y resultados. Lo que a la COP16 le faltó en presidentes, le sobró en empresarios comprometidos. En efecto, sentí a un empresariado que no se deja atrapar en las amenazas del armagedón ambiental, sino que busca y está encontrando salidas, en su mayoría sin apoyo público y, quizás por ello, desconocidas para el país, alimentado por las narrativas del cataclismo mundial.

Conferencistas internacionales, inclusive, se sorprendieron cuando hablé del impacto reforestador de la ganadería sostenible a partir de sistemas silvopastoriles, con capacidad de capturar más CO2 del que emite; como se sorprendieron del liderazgo de FEDEGÁN en sistemas sostenibles de producción ganadera, un esfuerzo de más de 15 años, que mereció el apoyo del Fondo Global Ambiental, GEF, del Banco Mundial, pero no ha merecido el del Estado colombiano.

Eso me lleva al tercer comentario. Ya pasó la COP16…, ¿y ahora qué? No conozco aún las declaraciones finales que se negociaron en la exclusiva y protegida Zona Azul, pero me encontré con el comunicado final de la anterior (Montreal 2022) y su esperanzador titular: “La COP15 finaliza con acuerdo histórico por la biodiversidad”. ¿Acaso la nuestra terminará con otro acuerdo “histórico” y nada más? 

No quiero subestimar la COP16, pero tampoco sobreestimarla. De hecho, la ONU anda por el mundo de COP en COP. Además de la de biodiversidad, la de cambio climático será COP29 en Aserbayán, y la anterior (Dubai 2022), en otro acuerdo histórico anunció “el inicio del fin de los combustibles fósiles”. Hay COP16 para desertificación, la COP15 para humedales será en Simbawe en 2025 y hasta la COP Escazú se ha reunido tres veces.

Todas con sus miles de expertos, ministros y embajadores; todas con sus acuerdos históricos que suscriben muchos y cumplen muy pocos, pues no son vinculantes para las partes.

¿Qué esperamos entonces de nuestra COP16, ni siquiera para el mundo, sino para el país? Pasar de acuerdos y declaraciones grandilocuentes a decisiones de política pública, con voluntad de hacer y con recursos; con menos leyes e instituciones “autónomas” y con más resultados.

¿Qué espera la ganadería? Hemos propuesto establecer 10 millones de hectáreas en ganadería silvopastoril con apoyo del Estado, aunque solo un millón representaría una revolución ambiental y productiva, pero en 2019 el presidente Duque, en otra de tantas cumbres ambientales, se comprometió ante el mundo con apenas 100.000 y no cumplió. Hoy, pese al entusiasmo del gobierno, en nuestro Acuerdo de Tierras para Reforma Agraria no hemos podido hacer una sola hectárea de sistemas Silvopastoriles.

Así es muy difícil. No basta con prometer y asustar con el fin del mundo, hay que actuar.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Domingo 27 de octubre de 2024).- “Su viabilidad está severamente lesionada, y su continuidad solo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del ELN”

Así termina el comunicado que la delegación gubernamental en los diálogos con el ELN emitió en septiembre a raíz del atentado en Arauca, que dejó tres soldados muertos y 25 heridos. El comunicado no se refería al cese al fuego, no renovado en agosto por la actitud renuente del ELN, sino al proceso mismo, también congelado por ellos unilateralmente con espurias acusaciones de incumplimientos del Gobierno.

¿Quién entiende? En agosto un paro armado en Chocó, hostigamiento que confinó a 45.000 personas durante ocho días; luego el macabro atentado de septiembre, planeado para que fuera tan letal como el de 2019 en Bogotá; una explosión de violencia para terminar enviando, el 9 de octubre, una carta a la jefe de la delegación gubernamental invitando a reanudar los diálogos y expresando su “esperanza de llegar a una solución política”, eso sí, sin dejar de culpar al Gobierno por la suspensión.

Públicamente manifesté que compartía el comunicado de septiembre exigiendo una manifestación inequívoca de voluntad de paz, que debería ser la suspensión definitiva del secuestro. Por ello no puedo compartir el reciente comunicado de la Comisión Gubernamental, en el que se saluda y se acepta apenas una carta de invitación a reanudar los diálogos, además ¡en Caracas!, lo que deja la percepción de que el ELN está manejando a su amaño los hilos del proceso. 

El país se quedó esperando la “manifestación inequívoca” y, a cambio, el 23 de octubre, ¡después del cruce de cartas! y a escasos días de la reunión en Caracas, el soldado Deiber Pérez pisó una mina colocada por el ELN en la Serranía de San Lucas y le fueron amputadas sus piernas. Dos días antes habían atacado la estación de Policía de San Calixto, Norte de Santander, que cobró la vida del subteniente Anderson Gómez y dejó dos heridos, uno de ellos menor de edad. ¿Así piensan llegar a una solución política?

No asistiré a la ronda en Caracas por compromisos gremiales adquiridos previamente en el país y en el exterior, pero no me escudo en esas razones de tipo formal para no expresar mi posición, como siempre lo he hecho en este mismo espacio. 

Hace tres meses le manifesté al presidente Petro la necesidad de una pausa frente a la crisis del proceso para definir un norte más claro. Hoy pienso que, en lugar de una ronda con un dejo de claudicación, sería más prudente una reunión a la que asista el alto comisionado, la jefe de la delegación y el senador Cepeda, para explorar la real voluntad de paz del ELN y exigir unas condiciones que, por lo menos, se acerquen a una manifestación inequívoca.

Creo que el ELN tiene mucho que explicar y mucho en que comprometerse. Nos quedamos sin conocer el mandato de su 6º congreso guerrillero del mes de julio sobre el proceso de diálogos. El país espera que se comprometan con la suspensión del secuestro y que cumplan los acuerdos firmados.

Por mi parte, quedo a la expectativa. Mi ausencia en Caracas no debe entenderse como una renuncia a la delegación. Renunciaré si el Congreso de Ganaderos me lo solicita en noviembre, porque fue el Congreso quien aprobó mi participación, invitado por el presidente Petro hace dos años. No estoy sentado en la Mesa como el ciudadano José Félix Lafaurie, sino como el presidente de Fedegán y miembro del CD.

Aún con mis reservas, espero, como toda Colombia, que el proceso se enrute, inequívocamente, hacia la verdadera paz.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 18 de octubre de 2024).- Estamos en ambiente de “medio ambiente”. En agosto, la Corte constitucional bendijo el Acuerdo de Escazú, sobredimensionado en sus bondades y subestimado en sus peligros. Esta semana se firmó el decreto que convierte a comunidades indígenas en autoridades ambientales en sus territorios -son los mayores terratenientes del país-, y cerraremos con la COP 16 bajo el lema de “Paz con la naturaleza”.

El medio ambiente es una de esas “causas buenas”, como la paz, que la izquierda convierte en sus banderas populistas, con narrativas fáciles de asimilar sin mayor análisis y, por eso mismo, difíciles de rebatir sin ser estigmatizado como enemigo, de la naturaleza en este caso, o de la paz, como sucedió en el gobierno Santos con la mitad del país.

El actual gobierno levantó la bandera ambiental, inclusive a nivel internacional, con un reduccionismo que arranca aplausos a la galería, pero espanta a sectores más informados: Es simple: Si no descarbonizamos el planeta, la humanidad y la vida desaparecen.

Frente a esa verdad a medias el primer enemigo son los combustibles fósiles que, para el presidente, alimentan la codicia mundial; y el segundo en la lista de enemigos de la naturaleza es… ¡la ganadería!, con ataques que, como presidente de Fedegán, no puedo dejar pasar. 

Es inadmisible que el Ministerio de Minas y Energía lance una campaña de “publicidad negra”, acusando a la ganadería de la deforestación amazónica y de generar el 18% de los Gases Efecto Invernadero (GEI), para rematar con un consejo: ¿Realmente necesitas comer carne todos los días?

Se le olvida al Ministerio que más de 600.000 ganaderos, en medio del abandono y la violencia, producen carne para alimentar al país y venderle al mundo, y que su “consejito” representaría la quiebra y la pobreza de muchos.

No tiene en cuenta que esos parches de selva talada son la negación de la ganadería como actividad económica. ¿A quién le vendo la leche?, ¿cómo llevo el ganado a sacrificio? Ni el Ministerio, ni el gobierno, ni el país, parecen reconocer que la selva está siendo talada por el narcotráfico y que meter vacas en esos parches -eso no es ganadería- es una manera de lavar el delito y desviar la mira del verdadero culpable de la deforestación.

No se preocupó el Ministerio por informarse, y habría sabido que, según la FAO, todos los sistemas pecuarios representan alrededor del 12% de las emisiones de GEI, y la ganadería bovina el 62% de ese 12%, lo que equivale al 7,44%, pero si se trata solo de “las culpas de la vaca”, habría que descontar más, pues esa cifra incluye emisiones de otras actividades en finca y del encadenamiento posterior, como la producción de alimentos y el transporte.

Habría conocido que el sector ganadero es de los pocos que puede captar más carbono del que emite, a partir de ganadería sostenible con Sistemas Silvopastoriles, algo que conozco por experiencia y que invito al ministro de Minas a conocer, en una finca en el Cesar que, al capturar 7 toneladas de carbono hectárea/año, no es siquiera neutra, sino negativa en emisiones de GEI.

Habría sabido el ministro que Fedegán ostenta, desde hace más de 15 años, una posición destacada en el desarrollo de sistemas ganaderos sostenibles; y que le hemos pedido apoyo a los gobiernos para establecer un millón de hectáreas en sistemas silvopastoriles, lo que representaría una verdadera revolución ganadera y ambiental.  

¿Cuándo hacemos la primera hectárea para beneficiarios de reforma agraria? ¿Cuándo pasamos del activismo a las soluciones que transforman vidas y territorios?

Es lo que pedimos los ganaderos desde Fedegán: Menos activismo y más política pública.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 18 de octubre de 2024).- Recuerdo la primera reflexión que  escribí, en ella expuse dos ideas básicas:

1. El problema de la empresa agropecuaria no es la tenencia de la tierra, está en hacerla productiva.
2. De Campesinos a Empresarios del Campo.

Desde hace más de 8 años, he visto cómo hemos transitado desde Santos, Duque y Petro. Este último ha utilizado el vocablo que define al “Campesino”, de forma errática e inconducente, no existe hoy definición legal, sin embargo, se produjeron los Actos Legislativos 1 y 3 del 2023, que reconocen al campesino como sujeto de especial protección por el Estado y crea la Jurisdicción Agraria, ambos soportados en la “Asimetría” preferente, la cual pone en abierta desventaja a los demás sujetos rurales.

Hoy, el revisar aquellas reflexiones en lo atinente a la tenencia de la tierra como bandera de solución a la problemática rural, está vigente. La historia, enseña que el gran fracaso de las intentonas de Reforma Agraria en Colombia, han fracasado en razón que, la tierra debe entregarse a quien la va a hacer productiva con los elementos básicos de integralidad o infraestructura productiva básica.

Agropecuario se escribe con “A” de agua. Sin agua (Riegos y Drenajes), cualquier emprendimiento productivo está llamado al fracaso, más en esta franja ecuatorial, dado el Cambio Climático (En el que poco y, ninguna participación tenemos como Nación), han desaparecido en la práctica, los periodos estacionales de invierno y verano, para ser reemplazados por larguísimos Fenómenos del Niño y Niña.

Igualmente podemos pregonar de la falta de vías de acceso a unidades productivas rurales, para llevar los insumos necesarios que garanticen productividad de la tierra y, la colocación de frutos en mercados en calidades, condiciones y tiempos.

Es obligatorio generar espacios de acceso al crédito por todos quienes emprendan el noble propósito de la producción agropecuaria, garantía de la Seguridad Alimentaria de la Nación, así como la retoma de programas que, inexplicablemente el Gobierno del Cambio engavetó, Agricultura por Contrato, iniciativa del gobierno Duque, que enlazo más de 350.000., Empresarios del Campo con grandes superficies y, compradores que demandaban de manera anticipada los frutos a ser producidos. Generándose sinergias dinámicas de acceso y garantía del crédito de manera anticipada.

Sin estos básicos de infraestructura ayer, hoy y mañana cualquier buena intención de Reforma Agraria fracasará, con ello la población rural que emprende en el campo, jamás logrará salir de la pobreza. seguirán siendo campesinos de hacha y machete, esperanzados que aparezca el Estado, único que podría generar la construcción de la infraestructura productiva básica. De esto poco y nada se ve en ejecución, todo gira en repartir tierras instrumentada con fines de populismo político.

De Campesino a Empresario del Campo, es un tema que se debe abordar una vez se garantice los básicos que se anotan, de no ser así; enfatizo, cualquier iniciativa estará necesariamente llamada al fracaso.

La tierra, si bien es elemento de la empresa productiva, aunque básica, de nada sirve a quien se le entrega sin integralidad, por las razones expuestas. Es más, en el corto plazo se convierte en una carga insostenible al Empresario del Campo “favorecido”, con la entrega en propiedad o tenencia, le genera cargas y obligaciones fiscales desde Impuesto Predial, Renta y Complementarios, que, ante la improductividad de la tierra, estará llamado a deshacerse de ella, como siempre ha sucedido. La tierra pelada es la condena al “campesino” a seguir alimentándose de gallo blanco: Arroz, yuca, ñame y suero salado.

Hoy más que nunca recuerdo a Gustavo Petro, pregonando públicamente que la sociedad debe permanecer pobre, ya que al dejar de ser pobres dejan de seguirle y, con ello pierde el favor del voto. Por eso, Petro nos quiere así, Pobres y Esperanzados en que el Estado nos aporte la infraestructura para lograr ser productivos en el campo. 

El problema de la tierra no es su tenencia, es hacerla productiva.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 11 de octubre de 2024).- …, poco aprieta” reza el dicho popular. El que pretende hacer de todo, al final poco o nada logrará, como le sucede al Proyecto de Ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, que completó su segunda audiencia pública y entra a debate en Comisión 1ª del Senado.

Debo reconocer que, además de la audiencia, donde los gremios unimos voces frente a las inconveniencias del proyecto, y de una reunión que tendremos con los ponentes, el Ministerio de Agricultura abrió espacios de diálogo con receptividad y ánimo de concertación. En ese contexto tuvimos una mesa de trabajo con sus asesores jurídicos en la que objetamos varios aspectos del proyecto.

Aunque disperso en todo el texto, hay un primer bloque sobre “especial protección de la parte más débil”, que inspira todo el proyecto, desde el artículo 5º, que la consagra como principio sustancial del Derecho Agrario.

Esa “causa buena” y difícil de controvertir se refuerza en otros principios, como el “bienestar y buen vivir” de comunidades campesinas, la justicia de género o el enfoque étnico, que se materializan en condiciones insólitas en un proceso, como la “presunción de veracidad” y la “flexibilidad probatoria” para sujetos de especial protección. 

¿Por qué mezclar pobreza con veracidad?, ¿porque ser flexible con unos e inflexible con otros? Es necesaria la protección del más débil, pero limitada al acceso, la representación y el apoyo en trámites; pero una vez dentro del proceso, sencillamente, todos somos iguales ante la ley.

Insistimos en que el incumplimiento de la función ecológica de la tierra, como causal de extinción de dominio por una instancia administrativa, amenaza la propiedad privada en un país de autoridades ambientales dispersas y “autónomas”, y de impracticable legislación ambiental en extensos territorios tomados por la ilegalidad.

Sin embargo, hay dos factores más amenazantes: el primero es la eliminación de la fase judicial en los asuntos agrarios del Procedimiento Único establecido en el Decreto Ley 902 de 2017, expedido en cumplimiento del acuerdo Final, por lo que su Artículo 1º establece que los procedimientos y fases allí regulados otorgarán todas las garantías constitucionales a los propietarios de tierras y “serán nulas las actuaciones que desconozcan o reduzcan dichas garantías…”.

El Ministerio defiende que se busca agilizar la adquisición de tierras para reforma agraria, fortaleciendo la fase administrativa y eliminando la judicial, conservando el recurso de nulidad. Nosotros ripostamos que el problema no es la fase judicial, sino la incapacidad técnica y operativa de la Agencia Nacional de Tierras. El problema es dejar al propietario a merced de una decisión administrativa y sin un recurso que, paradójicamente, para extinción de dominio, seguirá protegiendo tierras dedicadas a cultivos ilícitos. Finalmente: si las decisiones de cierre en temas de tierras son de la ANT, entonces…, ¿para qué la jurisdicción agraria?

El segundo factor es el desbordamiento de competencias de la jurisdicción, creada en el Acuerdo Final para temas de tierras, pero a la que se le endilgan competencias sobre todas las actividades agropecuarias y sus actividades conexas, incluidos temas de contratación.

En la posición del Ministerio percibo un conflicto de buena fe. Que lo rural va más allá de la tierra, es cierto -ojalá así lo entendieran el Gobierno y el país-, pero el Derecho en lo rural no es solamente agrario, sino comercial, civil, societario, etc. 

Que se pretenda tener jueces agrarios “especializados en todo lo rural” no solo es otro incumplimiento de la letra y el espíritu del Acuerdo Final, sino una contradicción que replicará el absurdo de la congestión judicial y dejará al Gobierno “sin el pan y sin el queso”, porque, sencillamente…, “el que mucho abarca… poco aprieta”.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Domingo 6 de octubre de 2024).- Desde la creación del Ejercito de Liberación Nacional (E.L.N), en 1964, los sacerdotes Camilo Torres y Manuel Pérez, exponentes de la Teología de la Liberación, nacidos en la Iglesia católica en Latinoamérica buscaron como fin el control territorial. Su zona de operaciones inicialmente estuvo en el Valle del Magdalena Medio, entre los departamentos de Santander, Norte de Santander, Bolívar y Cesar.

Para ser reconocido como insurgente es necesario que el grupo insurgente ejerza dominio territorial, político-militar y reconocimiento por un Estado, incluido al cual se opone. El ELN, goza de tal reconocimiento al estar en un proceso de paz desde el paraguas de la Paz Total de Petro. Este grupo siempre ha tenido como meta el control territorial.

La República de Colombia está constituida como Republica Unitaria con administración descentralizada (Art 1º C.N). Hoy la división territorial esta desagregada en 32 departamentos, el último creado, Caquetá en 1981, hoy tenemos 43 años de estabilidad territorial.

En el Congreso hace transito el proyecto de ley que busca la creación del nuevo Departamento Sur Caribe, Magdalena Medio o El Banco. Ente territorial que recogería 28 municipios del Cesar, Norte de Santander, Magdalena y Bolívar, con 644.596 habitantes y 21.885 Kmts/2 de ocupación. Del Cesar se escindirían desde Pailitas a San Alberto, extendiendo el Catatumbo desde Serranía de Perijá hasta las planicies del Valle del Magdalena Medio, sur de Bolívar y Magdalena.

El nuevo departamento seria atravesado de norte a sur por las principales vías de comunicación terrestres, férreas, fluviales y aéreas, que conectan desde el sur del país hasta puertos del Caribe. La gran ventaja de Colombia es su ubicación geoestratégica en Sur América y, contar con acceso a dos océanos permitiendo estar en ambos polos de desarrollo del planeta. Cualquier levantamiento social que se presente en este nuevo departamento dejaría completamente aislada la patria, especialmente el Caribe, para tránsito de pasajeros y cargas de importaciones o exportaciones sean internas o internacionales, más aún, si cuentan con gobiernos afines a sus intereses como el Gobierno del Cambio del Petro. Solo imaginemos un paro de camioneros, el que acabamos de pasar, con control total fluvial del Rio Magdalena, líneas férreas, carreteras y autorización de cierre del espacio aéreo.

Revisemos ahora el control territorial que lograría el E.L.N., en toda el área que conecta el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, desde donde operan con absoluta libertad y apoyo del régimen de Padrino, Diosdado y Maduro, hasta las puertos del sur del Caribe en Colombia, conectando desde el Catatumbo extendido desde la Serranía de Perijá, pasando al Valle del Magdalena, municipios del sur del Cesar, Bolívar y Magdalena, hasta llegar a la Serranía de San Lucas y, desde allí a puertos marítimos del caribe. En esta área encontramos todo tipo de conductas ilícitas, narcotráfico, minería ilegal y, todos los delitos conexos que se presentan en la ejecución de hechos y actos ilegales.

Solicito a los legisladores antes de darle tránsito a esta propuesta, tener en cuenta los argumentos expuestos. Darle curso aprobatorio a esta propuesta nos lleva a reconocer el control territorial del ELN en las áreas de influencia en los cuales operan, e incapacidad de las Fuerzas Militares y Policía para controlarles. La seguridad jurídica, física y alimentaria estaría en manos de aquel que políticamente logre acceder al poder regional, sea directamente o a través de persona interpuesta, en este nuevo ente territorial, los llamados a lograrlos serían los Elenos, quienes dominan este territorio con solvencia. De cristalizarse, será el sueño cumplido de los curas Pérez y Torres, propuesto desde el inicio de operaciones de este grupo ilegal que hace parte de la Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro. Mucho cuidado Congresistas, pueden estar rompiendo directamente la integridad territorial de la República de Colombia.