¡Indolente sociedad!

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 28 de marzo de 2025).- “Denunciamos enfáticamente la campaña comunicativa que busca estigmatizar y denigrar a nuestra senadora Sandra Ramírez, a partir de señalamientos y acusaciones sin fundamento por parte de Caracol Radio”. Así reza el comunicado del Partido Comunes, frente a la entrevista que Saray Giraldo le hizo a Daisy, quien hoy tiene 38 años, pero cuando era una niña fue reclutada por las Farc y abusada durante tres años.

¿Señalamientos y acusaciones sin fundamento? Así califican los honorables senadores sin votos el testimonio desgarrador de una mujer que, siendo niña y sin recuperarse del dolor por la separación de su familia, en su primera noche en las Farc, ¡a los 11 añitos!, le fue implantado por la fuerza un dispositivo intrauterino, la “T de cobre”; y sin recuperarse del dolor físico de semejante intervención, días después empezó a ser violada por los comandantes.

“Venimos por la muchacha…, o la entrega o le pegamos un tiro” fue la amenaza de Jair, comandante del frente 28.  Es el último recuerdo de niñez de Daisy, y el comienzo de una vida que, en sus palabras, las Farc le destruyeron; una vida de privaciones, de frustrante indignación por la falta de reconocimiento como víctima y de una justicia que castigue a sus victimarios; una vida sin verdad ni reparación alguna. Sus abusadores están en el Congreso…, ella es empleada doméstica, bregando por sacar adelante a cinco hijos, sufriendo la peor revictimización, la del olvido…, la del abandono de una sociedad indolente.

“La conocí en San Vicente del Caguán (…) hacía todo lo que el marido le dijera y nos humillaba, nos amenazaba, nos mandaba amarrar y hacía consejo de guerra a la niña que no quisiera”. ¿A quién se refiere Daisy? A Griselda Lobo, la honorable Sandra Ramírez, por quien el Partido Comunes se rasga las vestiduras y sale en indignada defensa.

“Hacía filas de niñas de 11, 12, 13 años, para los comandantes del secretariado… Uno pasaba primero por el registro de ella y después lo mandaba con el comandante a que decidiera con quién iba a estar esa noche. Es decir, ella le llevaba las niñas, los domingos y los miércoles…, porque esos días eran los de tener sexo”. ¡Qué organización la de las Farc!

Qué indolente la sociedad que lo permitió y en la que, por ingenuidad o por interesada perversidad política, muchos todavía defienden las monstruosidades escondidas en el Acuerdo con las Farc, concebido en una traición premiada con Nobel, nacido en un asalto a la democracia y apadrinado por una clase política que arrendó su conciencia a cambio de una porción de mermelada, el plato de lentejas del siglo XXI en Colombia.  

Indolente sociedad la que no hace de este testimonio, de los cientos de la Corporación Rosa Blanca y de los miles de historias como la de Daisy, 18.677 según la propia JEP, un motivo de rechazo multitudinario, sino que los deja pasar como una noticia más, en la era de los derechos de los niños, convertidos con indolencia en bandera política y nada más.

Indolente sociedad la que sigue tragándose el cuento de Santos y las Farc, jurando que las víctimas eran el centro de las negociaciones y del Acuerdo. Pregúntenle a Daisy. Indolente sociedad que no castiga tan aberrantes delitos, sino que los premia con altas dignidades.  Pregúntenle a la JEP, promotora de la impunidad y cómplice de la indolencia.

Como desgarrador es el testimonio de Daisy, cínica es la reacción de estos criminales en defensa de la “honorable Griselda”. “Ella debería estar en la cárcel, no debería estar en el Congreso”. No lo digo yo…, lo dice Daisy.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

Perversa actualización de avalúos catastrales

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento del periódico www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 28 de marzo de 2025).- La semana anterior, en mis reflexiones sobre el desmesurado ajuste en los avalúos catastrales que viene ejecutando el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con base en la autorización en la Ley 2294 de 2023, Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, mencioné el impacto negativo que esta medida está generando. En su artículo 49, dicha ley permitió la actualización automatizada y generalizada de los avalúos catastrales de los predios no formados por una sola vez, lo que ha incrementado desproporcionadamente la base gravable para la liquidación del impuesto municipal. Esto, a su vez, ha disparado de manera inusitada el valor del impuesto predial y de otros tributos colaterales de los municipios con base en los avalúos del IGAC, como la Sobretasa Bomberil y la Sobretasa Ambiental. En el caso de Valledupar, estos se liquidan sobre el avalúo catastral del inmueble.

He señalado el impacto que esta situación puede generar en las personas naturales debido a la elevación de su patrimonio, convirtiéndolas en sujetos obligados al tributo cuando éste sobrepasa las 720.000 UVT ($3.585.528.000). La tarifa del impuesto oscila entre el 0,5% y el 1,5%, dependiendo del monto del patrimonio, de que hace parte para el cálculo de la base de liquidación, el avalúo catastral de los inmuebles.

Asimismo, es fundamental entender que, en caso de realizarse cualquier negociación sobre el inmueble, los costos notariales —que pueden llegar al 4%, más IVA, copias y honorarios del notario— se calcularán con base en el avalúo catastral. El inciso 5 del artículo 90 del Estatuto Tributario es claro al establecer que: “En el caso de bienes raíces, además de lo previsto en esta disposición, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo…”. En consecuencia, se multiplican los costos de las negociaciones sobre estos bienes, impactando aún más este mercado inmobiliario.

Otro aspecto que merece especial atención es el relacionado con las ganancias ocasionales que se pueden generar a favor del fisco nacional, debido a la diferencia que surge con el ajuste de la base gravable (avalúo catastral) de un año a otro en este caso. Si bien la ley permite la indexación del precio del predio para ajustar el valor y evitar un impacto drástico sobre el titular del derecho de propiedad, no está claro cómo aplicar esta fórmula ante el abrupto incremento del avalúo catastral. Este tema merece un análisis profundo, ya que, por efectos legales —y no por condiciones de mercado—, se están ajustando los costos de los inmuebles muy por encima de su valor comercial.

En cuanto al impuesto predial, de carácter municipal, los Concejos Municipales tienen la facultad de ajustar la tasa de imposición fiscal. Esta oscila entre el 1 y el 16 por mil del avalúo para predios de estratos 1, 2 y 3 con un valor inferior a 135 SMMLV ($192.172.500), y entre el 5 y el 16 por mil para avalúos superiores. Dado que la base gravable fijada por el IGAC es, en principio, intocable y fija, estas corporaciones deberían revisar, vía ajuste a la tasa impositiva, la posibilidad de reducir al máximo el impuesto para los predios rurales. Solo así el contribuyente podrá cumplir con sus obligaciones fiscales. Es mucho más importante para el municipio asegurar un recaudo constante a través del impuesto predial que enfrentarse a una avalancha de contribuyentes ofreciendo la entrega de sus predios en dación en pago. Más vale pájaro en mano que cien volando. Esta cruzada debe emprenderse de inmediato.

Lo más preocupante de esta situación es que el Estado está trasladando su responsabilidad al contribuyente, al no haber realizado los ajustes a la base de liquidación (avalúo catastral) durante los últimos 16 años, en promedio. Es inadmisible que se imponga esta carga sobre contribuyentes cumplidos con todas las obligaciones fiscales que pesan sobre sus predios.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

La ruptura: Un desafío a la democracia

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 21 de marzo de 2025).- Mi preocupación de la semana anterior en este mismo espacio fue sobre la condición de riesgo que enfrenta nuestra democracia; y lejos de ceder, se acrecienta con esa combinación de insulto, acusación  y amenaza a la que el presidente nos tiene acostumbrados, que llegó, a una expresión realmente “peligrosa” en su última perorata para  exacerbar el odio y el enfrentamiento social en una muchedumbre de funcionarios públicos y de las infaltables “minorías indígenas”, muchedumbre que no se movilizó, sino que fue movilizada en el tal “día cívico”.

El último capítulo de ese novelón, que podría terminar en tragedia como en Venezuela, inició el 11 de marzo, cuando un grupo mayoritario de parlamentarios -así es en democracia- firmó la proposición de archivo de la Reforma Laboral.

Ahí fue Troya:  En un solo mensaje del presidente que gobierna por X, acusó de traidores a los firmantes y los expuso en la picota pública: “Que el pueblo trabajador de Colombia sepa quienes fueron los que lo han traicionado”. Días después tildaría de “nazis”, su ofensa favorita, a los que denunciaron el peligro de semejante acusación para ellos y sus familias, como hoy tilda de nazis y criminales al periódico El Colombiano, a Bruce Mac Master, a la ANDI y al uribismo. Al final, puso también a Jesús de por medio, acusó de traición a los parlamentarios cristianos y amenazó con que el pueblo sería llevado a la violencia si no se reversaba la decisión. 

Pero la más peligrosa amenaza, a mi juicio, fue la declaratoria de ruptura de relaciones entre el Gobierno y el Congreso, que repitió con insistencia hasta el clímax de su discurso, o mejor, de su arenga incendiaria en la Plaza de Bolívar, donde las amenazas tomaron un tono desafiante. De hecho, la convocatoria de la manifestación mientras la Comisión VII debatía la proposición de archivo, fue un acto de indebida presión al Congreso, no por parte del pueblo, como pretende Petro, sino del gobierno que la convocó, la organizó y la financió; un inadmisible desafío a la democracia.

En la agresiva arenga, convertida en alocución presidencial para el país en horario triple A, el presidente no solo llamó a la insurrección: – “El pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza posible” -, sino que arreció sus ataques al Legislativo, pero ya no habló de “ruptura”, sino de expulsar a los parlamentarios del Congreso, ¿acaso una velada alusión a la eventual disolución del Congreso?

Juzguen ustedes. “Cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo. Si no es así, (…), entonces el pueblo lo sacará del Congreso, como tiene que ser”.

“El Congreso le está dando la espalda al pueblo. Y cuando instituciones enteras no pueden comprender a su propio pueblo (…) hay que sacarlos de ahí, porque no nos sirven, no le sirven al pueblo. El pueblo tiene que tomar en sus manos la decisión de la historia…”.

“Le corresponde al Senado de la República votar para permitir que el pueblo hable, (…). Primero se va la clase política del Congreso que acallar al pueblo…”.

No me atrevería a afirmar que el presidente esté ambientando una eventual disolución del Congreso, pero, sin duda, hace hasta lo imposible para deslegitimarlo ante la sociedad, más de lo que ya está, diría yo, generando una fractura entre los dos poderes que flaco favor le hace a la estabilidad de nuestra democracia y a la gobernabilidad que necesitaría para sacar adelante sus reformas. ¿O acaso será que el caos, la revuelta callejera y la inestabilidad son la verdadera intención? Ya le funcionó una vez…

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

Avalúo catastral, impuestos predial, patrimonio = Expropiación

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 21 de marzo de 2025).- Desde antes del inicio formal de la campaña “Petro presidente”, Gustavo Petro ya mostraba sus intenciones contra la propiedad privada. Desplegó su propuesta para la ruralidad bajo la premisa de “tierra para quien no la tiene o, teniéndola, le sea insuficiente”. Su estrategia consistió en elevar la base gravable para liquidar el impuesto predial (avalúo catastral), generando una situación en la que los propietarios, ante la imposibilidad de pagar los exorbitantes tributos municipales, se vean obligados a ofrecer sus predios en dación en pago. Esto no se debe al aumento en la tasa del impuesto, sino al desmesurado incremento de la base gravable, combinado con las ínfimas capacidades productivas de los predios para cubrir estos costos desbordados.

El catastro multipropósito en Colombia, según lo señala el documento CONPES 3859 del 13 de junio de 2016, “es un instrumento para la identificación y medición de los predios que integran un territorio, utilizado además en la gestión fiscal y la definición de los derechos de propiedad”. El avalúo catastral, que sirve como base para la liquidación del impuesto predial, está a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) o de agentes catastrales por delegación. Las tarifas del gravamen predial, fijadas por los concejos municipales, oscilan entre el 1 y el 16 por mil del avalúo para predios de estratos 1, 2 y 3 con un valor inferior a 135 SMLV ($192.172.500), y entre el 5 y el 16 por mil para avalúos superiores. Para 2025, el Decreto 1609 de 2024 estableció un reajuste del 3 % en los predios rurales, basado en el Índice de Precios al Productor Agropecuario (IPPA), aplicable a predios dedicados a actividades agropecuarias no actualizados (es decir, con avalúos catastrales antiguos).

La Ley 2294 de 2023, Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, autorizó en su artículo 49 la actualización masiva de los avalúos de predios. Esta norma delegó al IGAC la adopción de metodologías para ajustar de manera automática y por una sola vez los avalúos catastrales de todos los predios del país, pasando por encima del artículo 9 de la Ley 101 de 1993, que establece: “Cuando las normas municipales sobre el uso de la tierra no permitan aprovechamientos diferentes de los agropecuarios, los avalúos catastrales no podrán tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios”. Esto ha dado lugar a casos gravosos, como el de un predio en Villanueva, Guajira, cuyo avalúo pasó de $400 millones a $4.000 millones, un precio que ningún comprador pagaría en el mercado.

Este ajuste tiene un doble efecto fiscal: por un lado, impacta el impuesto predial; por otro, afecta el Impuesto al Patrimonio de las personas naturales, ya que muchos propietarios superatian fácilmente el umbral de 72.000 UVT ($3.585.528.000). Así se configura un sistema impositivo confiscatorio que atenta abiertamente contra la propiedad privada y empuja a los dueños de predios rurales a una expropiación indirecta. Esta situación se agrava por la falta de gestión administrativa de los concejos municipales, que durante un promedio de 16 años no actualizaron periódicamente las bases gravables del impuesto predial, dejando acumularse un ajuste que ahora se traduce en una expropiación masiva indirecta. A esto se suma el grave impacto en los propietarios en relación con el gravamen patrimonial.

La expropiación, ya sea directa o indirecta, la extinción del dominio y las Áreas de Protección Ambiental (APPAs) son caminos que apuntan a una conclusión ineludible: las políticas de izquierda de Gustavo Petro buscan consolidar los pilares del control de la tierra como uno de los medios de producción fundamentales. Esto nos conduce hacia lo que he denominado una economía con dirección centralizada, propia de los estados socialistas. Vamos por esa vía, señores.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

Esto no va nada bien

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 15 de marzo de 2025).- Y…, ¿qué es esto? Pues el país, nuestra economía y, sobre todo, sus perspectivas, es decir, su futuro, que una calificadora internacional de riesgo acaba de calificar como negativo. No va bien nuestra relativa autosuficiencia energética, ni la salud de los colombianos, un sistema que era necesario mejorar, sobre todo en la Colombia rural, pero no destruir con pretensiones adánicas.

No va nada bien la lucha contra el narcotráfico ni su inmediata consecuencia, la violencia de grupos narcoterroristas que persisten en disfrazarse de defensores de los pobres, mientras someten a sus defendidos, extorsionan a los productores rurales y a las empresas, destruyen la infraestructura y asesinan a todo aquel que se les resista, con la Fuerza Pública en primer lugar. Mientras escribo, cinco familias lloran a sus hijos y 16 más esperan la recuperación de los suyos.

No va bien la seguridad en las ciudades, extensión de la violencia narcotraficante a través de miles de bandas del microtráfico, que no solo merodean a nuestra juventud para envenenarla, sino que roban, atracan, extorsionan y asesinan por pedido. La inseguridad no es una percepción, sino una realidad semioculta y amenazante, porque es inmenso el subregistro de la extorsión, de los delitos cibernéticos, del atraco callejero. Inseguridad son los vándalos entrenados en el “estallido social”, que se toman universidades convertidas en territorio de nadie, cuando no las calles con cualquier motivo o sin motivo ni razón, sembrando destrucción con total impunidad, pues se esconden en el derecho a la protesta, mientras el ladronzuelo apenas visita la cárcel y recobra la libertad.

No va bien nuestro ordenamiento democrático, que hoy luce como “desordenamiento”, con instituciones peligrosamente enfrentadas, pues la tajante descalificación del Congreso por parte del Ejecutivo, las acusaciones de traición, las amenazas y, sobre todo,  la convocatoria a una consulta popular para suplantarlo por la voz directa del pueblo, no deja de ser una aventura, en un entorno de control de territorios rurales cada vez más extensos por parte de bandidos narcoterroristas; territorios que se pierden para la soberanía nacional y también para el libre  ejercicio de la democracia en las urnas, algo muy peligroso para la consulta y de cara a los procesos electorales que se avecinan.

Es paradójico: Ayer, Santos, el demócrata ¿de centro?, consultó al pueblo y, no contento con su dictamen, lo suplantó ilegítimamente por el Congreso en representación de ese pueblo ya consultado. Un asalto a la democracia.  Hoy, Petro, el progresista de izquierda, llevó sus propuestas al Congreso, representante constitucional de la voluntad popular, pero no contento con su dictamen, lo suplanta por la consulta a ese pueblo ya representado en el Congreso. A la inversa, pero otro asalto a la democracia.

Tomo prestadas las palabras con que mi esposa y candidata, la senadora María Fernanda Cabal, tituló su más reciente ensayo: “La democracia en peligro”, pues lo está, qué duda cabe, no solo por el enfrentamiento institucional, sino por la violencia, el deterioro de las relaciones con nuestros aliados, la crisis energética que se asoma, el abandono del campo, el rezago en equipamiento y empoderamiento social de la Fuerza Pública y, entre otras cosas, por el llamado del presidente a las  calles, en una tácita invitación a otro “estallido social”, que el país no resistiría en las actuales condiciones.

En fin, el país no va nada bien y, por el contrario, está afectado por una suerte de “suma de todos los males”. Muchos enfermos no mueren por una enfermedad específica, sino por una conjunción de males que afecta todos sus sistemas. Que no le pase lo mismo a nuestra democracia. Es bueno advertirlo, porque “soldado advertido…”

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

ZAPPA-APPA: Extinción y expropiación de propiedad-economía con dirección centralizada

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Glosario:

ZAPPA: Zonas y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos

APPA: Territorios rurales que se destinan a la producción de alimentos determinados.

Dirección Centralizada de la Economía: Sistema económico en el que el gobierno controla todos los medios de producción y decisiones económicas.

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 14 de marzo de 2025).- Extinción del Derecho de Dominio: Acto Administrativo del Gobierno Nacional para extinguir sin indemnización el derecho de dominio por no cumplir los lineamientos dados en las APPA.

Expropiación: En principio, lo mismo que la anterior, acá se aplica la indemnización al titular del Derecho de Dominio.

UPRA: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

Desde el decreto el decreto 1085/2023, “Por el cual se declara el Estado de Emergencia económica, social y ecológica en el departamento de la Guajira”, introdujo el Concepto de “Zonas Especial de Protección Para La Producción de Alimentos” (ZEAPPA),  en la Guajira, implicaba adquisición de tierras de manera directa o expropiación, desde la excepción de Utilidad Pública o Interés Social del Artículo 58 de la Constitución, so pretexto de asegurar la alimentación de la población del departamento.  La sentencia C-467/2023 del 8 de noviembre, declaró su inexequibilidad dejando el antecedente en particular de la ZEAPPA, figura idéntica a la ZAPPA.

Las ZAPPA, introducidas en el Plan Nacional de desarrollo, art 32, son áreas demarcadas dentro del territorio “de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizadas dentro de la frontera agrícola”. Un primer paso con características de preliminar y no vinculante. Estas áreas se delimitan atendiendo la vocación agropecuaria de la zona consultando su alta potencialidad para la producción alimentaria.

Una vez se hacen los estudios soportados en las conclusiones de vocación de la tierra de la UPRA, el Ministerio de Agricultura expide la resolución de la APPA, estas a diferencia de ZAPPA, tienen carácter vinculante y obligatorio para la utilización de la tierra dentro de los polígonos demarcados. El Min Agricultura al expedir la resolución señala la vocación especifica de la tierra y cultivos que se deben desarrollar en estas áreas. De no cumplir con las directrices señaladas el titular del Derecho de Propiedad puede ser Expropiado o Extinguirse por incumplimiento de las órdenes dadas en la resolución que demarca la APPA.

Emerge de inmediato el concepto de Dirección Centralizada de la Economía, propio de los Estados Socialistas, mediante el cual, sólo él Estado, tiene las riendas de la economía en general, haciéndose por vía de extinción o expropiación de los medios de producción, -la tierra, – cuando no se cumplen las directrices dadas por Minagricultura.

El derecho de propiedad en nuestra legislación (art 58 constitucional), consagra su protección como Derecho Fundamental, y solamente de manera excepcional por motivos de utilidad pública o interés social, previa indemnización, el Estado puede hacer uso de la facultad excepcional de la expropiación, tampoco es de recibo en la legislación en general, que se aplique la extinción de dominio sin indemnización al titular por incumplimiento de las directrices de la resolución que define la APPA. De aceptarse se estará violentando los atributos inexpugnables que tiene el Derecho de Propiedad, sin medir los conceptos de Utilidad Pública o Interés Social, generando Inseguridad Jurídica, Patrimonial y aún, Alimentaria, que necesariamente conducirán a espantar la inversión que clama el sector agropecuario.

Las áreas APPA, que el gobierno Petro tiene listas estarían ubicadas en:

Cundinamarca

Antioquia

Córdoba

Santander

Tolima

Cauca

Guajira

!Cuidado¡, es el primer paso, las ZAPPA, que no fueron socializadas con propietarios y habitantes de las zonas, violentando los derechos a la Información, Autonomía de los entes territoriales, y los Atributos de derecho de propiedad. Todo lo anterior con un solo fin, imponer en el sector agropecuario la Economía con Dirección Centralizada, so pretexto de proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizadas dentro de la frontera agrícola.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

“accessorium sequitur principale”

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 7 de marzo de 2025).- Es principio rector del derecho que, “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, lo accesorio está subordinado a lo principal, su destino está ligado al del objeto principal. Este principio proviene del latín accessorium sequitur principale.”, no es nada diferente en derecho particularmente y, en general en todo lo que se haga debe ajustarse necesariamente el alcance, términos y condiciones a lo que se fije en la decisión principal, lo que sobrepase estos parámetros iniciales se deben considerar como violatorio a la decisión o autorización inicial.

La Constitución Nacional, norma de normas, en ella están contenidos los parámetros de convivencia de la nación, derechos y obligaciones a los que debemos ceñirnos tanto particulares como funcionarios, en lo sustancial, como en lo formal y procedimental.

Por ello la Constitución, se reconoce como la norma Superior a la que se deben ajustar todas las normas que de ella emanan.

La guarda de la Constitución Nacional está en cabeza de “ARTICULO 241º— A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo…”.

“ARTICULO 213º— … el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República.”.

Es meridianamente claro que el Estado de Excepción por Conmoción Interior, sólo puede decretarse por un término inicial de “hasta” 90 días, prorrogable de manera directa por el ejecutivo por “hasta” 90 días adicionales y, una tercera prórroga de igual a los anteriores, previa autorización del Senado, para completar un término máximo de “hasta” 270 días.

Prórroga: “En derecho, prorrogar significa ampliar o dilatar un plazo, o continuar la vigencia de un acuerdo después de que haya finalizado.”, lo anterior deja en claro que, para operar la Prórroga se deben agotar los términos iniciales de la norma jurídica, no hay interpretación diferente posible ajustada a derecho.

Desde que el 24 de enero el ejecutivo expidió el “DECRETO 62 DE 2025 Por el cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”, por un término inicial de 90 días, la norma matriz a la que deben ajustarse todos y cada uno de los decretos que lo desarrollen, solo en caso de las prórrogas  contenidas en la Constitución, permite igualmente la extensión de los términos de los decretos accesorios, si y sólo si, media para ellos de manera precisa la extensión del término al decreto que prorroga  los efectos del decreto matriz y cada uno de los decretos que le desarrollan.

No debería ser de recibo jurídico valido para la justicia en el ejercicio de control de constitucionalidad por la Corte Constitucional, la expedición de decretos que desarrollan el Estado de Excepción del Decreto 62/2025, más allá del término de vigencia inicial y de cada una de las prórrogas a las que decida acoger el ejecutivo con la firma del presidente y sus ministros. Lo que se decrete más allá de los términos iniciales, deja abierta la declaración de inconstitucionalidad de las decisiones tomadas por el ejecutivo con base en la declaración del Estado de Conmoción. Por ejemplo, preciso, la fijación de tasas, impuestos y contribuciones que se han fijado como lo hace el Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, El artículo 10 de la norma establece: “Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Las disposiciones contenidas en el presente Decreto serán aplicables una vez culmine el quinto día hábil siguiente a su publicación y hasta el 31 de diciembre de 2025″.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

Un catastro… catastrófico

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 7 de marzo de 2025).- Así califican los propietarios rurales de algunos departamentos el incremento exagerado de los avalúos catastrales y, por tanto, del Impuesto Predial.  En Sucre, un dirigente gremial reporta casos de predios que tenían avalúo de 500 millones y hoy aparecen con 2.500. “Entonces, si pagaban cinco millones en predial, ahora pagarán 25 o 30. Una locura”.

¿Qué pasó? En principio, cabe recordar que la formación catastral o avalúo inicial de un predio y su actualización son responsabilidad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), directamente o por delegación en agentes catastrales; en tanto que el predial,  que se liquida a partir de ese avalúo, es un impuesto municipal, con la prerrogativa, en cabeza de los  respectivos concejos, de fijar la tarifa entre el 1 y el 16 por mil del avalúo para predios de estratos 1, 2 y 3 con valor inferior a 135 SMLV, y del 5 al 16 por mil para avalúos superiores.

Ahora bien, el reajuste anual de los avalúos, que es competencia del Gobierno Nacional, no puede ser superior a la meta de inflación y tiene en cuenta los Índices de Precios al Consumidor (IPC) y al Productor Agropecuario (IPPA). Para 2025 fue establecido por el Decreto 1609 de 2024, con un reajuste de 3% para predios rurales dedicados a actividades agropecuarias no formados y no actualizados durante la vigencia 2024.

Hasta ahí vamos bien, pero el mismo decreto exceptúa de ese incremento a los predios que hayan sido objeto de ajuste automático del avalúo catastral durante 2024 en virtud del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, cuyos avalúos “serán los establecidos mediante la aplicación de la metodología de actualización masiva de valores catastrales rezagados en zonas rurales definidas por el IGAC…”.

Ahí es donde ya no vamos bien, cuando nos encontramos otra vez con la Ley 2294 de 2023, la “Ley del Plan” del gobierno Petro, la que intentó quitarles a los propietarios de tierra los recursos jurídicos en procesos de expropiación y creó Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, como determinantes obligatorios de ordenamiento territorial, un atentado contra la libertad de emprendimiento rural y la autonomía regional.

Esa ley, que parece especializada en atentar contra la propiedad privada de la tierra, buscando remediar el fiasco de la implementación del Catastro Multipropósito, que el Acuerdo fariano planteó terminar en siete años, Duque prometió entregar al 60% y este gobierno reporta en 26,8% a diciembre de 2024, facultó al IGAC para “adoptar metodologías de actualización masiva de valores catastrales rezagados, que permitan por una sola vez realizar un ajuste automático de los avalúos catastrales de todos los predios del país…”.

Eso es lo que pasa en Sucre y pasará en todos los departamentos, pues, en promedio, el catastro tiene 16 años de desactualización en la zona rural. ¿La solución? Actualización “masiva” y “automática” con “modelos” impuestos a espaldas del país rural al que afectan, violando las normas que limitan el crecimiento desbordado del predial y, sobre todo, el artículo 9º de la Ley 101 de 1993, en donde queda claro que los avalúos de la tierra agropecuaria no pueden ser automáticos ni masivos, pues “no podrán tener en cuenta ninguna consideración distinta a la capacidad productiva y la rentabilidad de los predios…”

No es en vano que un indignado ganadero sucreño denuncie que el Gobierno busca estrangular financieramente a los productores: “Nos están obligando a vender el ganado para pagar impuestos” y, si la situación continúa, lograrán lo que parece el objetivo de su catastrófico catastro: “arrinconar a los productores para que vendan sus tierras…”, una truculenta modalidad de reforma agraria expropiatoria.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

Una gran mentira

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 28 de febrero de 2025).- “Ayer el Consejo Gremial Empresarial (sic) le dijo (sic) una gran mentira a los colombianos. Que había una crisis de violencia”. Ese fue el trino acusador del presidente Petro al Consejo Gremial Nacional, respaldado por el cuestionado exministro Velásquez, quien se despidió afirmando que la situación de orden público “no es tan dramática” y que los hechos de violencia se “maximizan” para desprestigiar al Gobierno.

Graves acusaciones; primero, porque el comunicado del CGN, en ninguna parte afirma que haya una “crisis de violencia”, aunque rechaza los actos de violencia y terrorismo en Cúcuta, una capital que tuvo que declarar toque de queda; en Chocó, donde los habitantes están aterrorizados, y en el Catatumbo, que vive una crisis humanitaria sin precedentes.  

Segundo, porque el Consejo Gremial no inventó nada; su rechazo está basado en la información que el país conoce por los medios. Sin embargo, el presidente, en un segundo trino, lo acusa de “desinformar a la opinión pública” y hasta de superficialidad: “La paz necesita datos objetivos y seriedad”.

Tercero, porque la gran mentira no está en reconocer y rechazar una realidad evidente de violencia, sino quizás en tratar de ocultarla o de desestimar su gravedad ante el país. No es cierto, como afirma el presidente, que la “violencia se mide por tasa de homicidios”, que puede haber disminuido durante su gobierno, pero la violencia no es solo una contabilidad de muertes…

Violencia es el temor de ser asaltado en una calle o extorsionado por bandas que venden dizque seguridad en campos y ciudades; violencia es la influencia de grupos armados ilegales en 809 municipios, como denunció la Defensoría del Pueblo. En Chocó, por ejemplo, aunque la Fuerza Pública recorrió los ríos e hizo presencia en los poblados para evitar mayores desgracias, no pudo evitar la desgracia, esa sí mayor, de sentir vulnerada la libertad de movilización, el derecho a educarse, a ganarse el sustento…, a vivir sin temor, porque el objetivo del paro armado es sembrar terror paralizante, el mismo que tiene confinados y desplazados a miles de pobladores del Catatumbo.

Y cuarto, porque esa evidente crisis de violencia tiene un factor común: el ELN, la razón por la que el Gobierno se aferra a desestimar la actual escalada de violencia, porque reconocer el estado terminal de las negociaciones con ese grupo criminal es un golpe a su política de Paz Total.

Ahora bien, el problema no es solo de seguridad ciudadana, sino de seguridad nacional y soberanía territorial.  La “guerra total” de los violentos ya no es para derrocar gobiernos, sino entre ellos para controlar territorios y proteger rentas ilícitas, sometiendo por el terror a la población, instrumentalizando, por las buenas o por las malas, a Juntas de Acción Comunal, minorías étnicas y “organizaciones comunitarias”; capturando recursos y votos en gobiernos locales y departamentales.

Por eso la guerra del ELN contra quienes le disputan el control del corredor oriental fronterizo, ruta de la cocaína hacia el mundo a través de Venezuela, donde solo es perseguido de boquilla por su aliado, un dictador armado, asustado y expansionista, que representa una amenaza para la soberanía nacional. Ni qué decir de la guerra en el corredor occidental (Chocó – sur del Valle, Cauca, Nariño y Putumayo), por la minería ilegal y la coca con salida al Pacífico.

El país está siendo acorralado y, si vamos a las causas, la innegable crisis de violencia tiene una todavía cercana: la gran mentira histórica, el asalto a la democracia y el engaño de la paz estable y duradera de Santos y las Farc. Por eso estamos como estamos.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

De la paz total… ¿a la guerra total?

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 21 de febrero de 2025).- Como una suerte de condena circular a la dicotomía tolstoiana entre guerra y paz, nuestro país sufre una violencia endémica que, por cuenta del ELN, amenaza con una “guerra total”, paradójicamente en el gobierno de la “paz total”.

La última alarma de la Defensoría da cuenta de 11 crisis humanitarias simultáneas, generadas por 10 grupos armados con influencia en 809 municipios, lo que representa un copamiento territorial casi total, una peligrosa pérdida de soberanía y una violencia que se irriga a las ciudades por miles de bandas de microtráfico y delincuencia común.

El ELN es el primero de la lista, y entonces uno se pregunta por qué, si hasta hace unos meses los diálogos con el Gobierno eran los de mostrar, con países garantes y acompañantes, incluidas la ONU y la Iglesia Católica, con 28 acuerdos firmados en dos años y hasta un flamante Comité Nacional de Participación.

La respuesta está en su historia y su ADN: 60 años de “violencia revolucionaria”, una bandera apenas simbólica que se resiste a arriar, pues justifica su “violencia narcoterrorista” y su reclamo al Gobierno por seguir en la lista de los Grupos Armados Organizados, porque ellos no son delincuentes, sino “luchadores por la libertad”.

Durante 50 años el ELN ha negociado con los gobiernos, en un ciclo de diálogo, incumplimiento, ruptura sangrienta y nuevo diálogo. Hoy estamos, y de qué manera, en fase de “ruptura sangrienta”, durante la cual, con cinismo, sus líderes cacarean voluntad de paz y un compromiso que suena a gracejo, de no ser por el drama que encierra: “El ELN firma para cumplir”, mientras incumple descaradamente y acusa al Gobierno de ser el incumplido. Ayer nomás, Antonio García denunció que las Fuerzas Militares son aliadas del Clan del Golfo y no lo combaten en Chocó, lo cual justifica otro paro armado que paraliza a la región.

La respuesta también está en su estrategia “geopolítica”. Primero, su transformación adaptativa, de guerrilla comunista-cristiana – ¡vaya combinación! -, a grupo armado binacional, narcoterrorista en Colombia y, sin dejar de serlo, paramilitar en Venezuela, aliado del dictador, aunque lo niegue de dientes para afuera.

Segundo, su estrategia expansiva de control territorial. Se habla de luchas por control territorial como lugar común, pero, así como el iceberg nos muestra solo su punta sobre las aguas, hay una amenaza latente que permanece oculta para el país.

El iceberg, de hecho, es imagen de la estrategia elena de “lucha y acumulación”, con la lucha armada por el control territorial como punta visible, bajo la cual se esconde “el acumulado” de sus otras luchas: la social y económica, la política, la ideológica, la ambiental y la diplomática, cuyo fin último es el socialismo, para lo cual, además de sojuzgar a la población, es necesario eliminar adversarios: Fuerza Pública, grupos armados que pretendan atravesarse y todo aquel que piense diferente.

Tampoco se trata de un control localizado, no es el Catatumbo solamente, sino el corredor de frontera, desde La Guajira hasta Vichada, y no solo para tener una retaguardia del otro lado de la frontera, sino para cuidarle la frontera al régimen venezolano, como una primera línea de defensa. Maduro padece el síndrome de invasión, y nada más peligroso que un dictador asustado con pretensiones expansionistas. De hecho, ya convocó elecciones para gobernador del nuevo Estado del Esequibo que pretende arrebatarle a Guyana.

No olvidemos que la población guajira es binacional, como el contrabando, el narcotráfico en el Catatumbo y hasta la cultura llanera en el resto de frontera. No sea que el ELN, de primera línea defensiva, también se transforme en… ejército de ocupación. No sobra advertirlo. 

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie