* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 30 de agosto de 2024).- El A/L 03/2023, creó la Jurisdicción Agraria como desarrollo el punto 1 de los Acuerdos del Teatro Colón, posteriormente se aprobó la Ley Estatutaria dandole su alcance y funcionamiento, el 27/08/2024 ante el Congreso se radicó el proyecto de Ley Ordinaria que la reglamentaria.

El A.L, 01 del 2023, reconoce al “Campesino” como sujeto de especial protección del Estado, creando una nueva minoría calificada; para efectos del desarrollo de esta ley genera inmenso impacto en el procedimiento judicial en su protección, como nuevos sujetos procesales.

Por lo extenso del tema a tratar en esta ocasión solamente tataré los puntos que en mi sentir son más importantes.

La Jurisdicción Agraria parte de la “Asimetría” de derechos de los “campesinos”, frente a legales tenedores, poseedores y propietarios de “buena fé. En el proceso agrario, se presumen de hecho que cualquier manifestación que provenga de estos sujetos procesales en el proceso, se tiene como cierta, aun contra lo contenido en documentos públicos presentados al proceso; es decir siempre la carga de la prueba está, en quien ésta violentado en su derecho de propiedad privada. La asimetría es tal que la jurisdicción laboral se convierte en un juego de principiantes.

En lo que hace referencia a las ocupaciones ilegales de los inmuebles rurales por “campesinos”, basta que demuestren la ocupación sea tranquila, así sea a hurtadillas, sin importar el tiempo de ocupación, si logra probar que está ocupando el inmueble con fines de desarrollo económico para  subsistencia personal o familiar, le coloca a  ocupar el lugar procesal de tenedor o poseedor de buena fe, haciendo revertir la posición procesal de aquel que legalmente tiene la tenencia material y jurídica valida del bien (Ley Okupa Española). Lo anterior quiebra en todo, el procedimiento policivo y administrativo que se tiene para proteger la propiedad privada hoy, quedando en manos del Juez Agrario, el poder procedimental de revocar los procedimientos administrativos o policivos de desalojo instruidos por las autoridades.

Lo anterior, en palabras llanas y prácticas es una invitación, más que tácita, a incentivar invasiones de tierras rurales (En principio, por ahora), por parte de “campesinos” (Okupas), lo que se traduce en el quiebre de la Seguridad Jurídica para propietarios y, la imposibilidad y/o alejamiento de la inversión agropecuaria en emprendimientos agropecuarios, agroindustriales e industriales de transformación de la producción rural que se verá desincentivada y ahuyentada.

Los superpoderes del Juez Agrario, son tales que aun después de resolver el litigio que se le presenta, conserva capacidad de modificar su decisión ante hechos nuevos, siempre que estos vayan en beneficio del Campesino, quebrando la Cosa Juzgada.

Merece especial atención el alcance de los poderes de autoridad judicial que se le entrega a la Agencia Nacional de Tierras (A.N.T), para resolver procesos de expropiación contenidos en la Ley 160/1994, mediante Acto Administrativo, sujeto a Control Jurisdiccional rogado, posterior con el ejercicio de la Acción de Nulidad Agraria, ante jueces agrarios que se mueven dentro de los principios de asimetría judicial.

Así como están planteadas las cosas en el desarrollo de los procedimientos agrarios presentado por el gobierno Petro, solo queda a los empresarios del campo que tienen la posesión, tenencia y propiedad legal de bienes rurales adquiridos de buena fe, acudir a llamar a todos y cada uno de los legisladores en Senado y Cámara, (Suman más del 70% afines a las ideologías políticas del centro a la derecha), para que, de manera férrea se opongan a este proyecto de ley que crea procedimientos de esta Jurisdicción Agraria que va contra el Derecho Fundamental a la Propiedad Privada, que afectará la producción agropecuaria y, pondrá en grave riesgo la seguridad alimentaria y productividad del sector en el futuro próximo.

Nada de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal como lo insinúa Petro.

De no oír el clamor de los electores se hace necesario, ponerles de manifiesto a los actuales congresistas que llegaren a intentar acompañar esta iniciativa del gobierno Petro, que en el futuro no cuenten con nuestro apoyo electoral.

N.b.: El proceso de expropiación administrativa de la A.N.T, con funcionarios absolutamente ideologizados al socialismo duro y puro, es copia mejorada, de la instrumentación jurídica desarrollada por Chávez en Venezuela, que exterminó la Propiedad Privada y tiene en grave riesgo su Seguridad Alimentaria.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 30 de agosto de 2024).- El 27 de agosto se conoció un comunicado, supuestamente del ELN desde las montañas del occidente colombiano, desmentido casi de inmediato por la mismísima delegación de ese grupo ilegal en la mesa de negociaciones.

El falso comunicado, primero, califica a los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, creados por Fedegán bajo la coordinación del General (r) Fernando Murillo, a partir de un piloto en el departamento del Cesar, como la resurrección del paramilitarismo y una amenaza a la paz en la región.

Segundo: Declara a los frentes como objetivo militar y de persecución por parte del ELN en el Cesar. Tercero: Cuestiona mi posición como miembro de la Mesa y promotor de los Frentes Solidarios de Seguridad, a los que considera un ataque al proceso de paz, a la población y al ELN. Cuarto: Reafirma su compromiso de paz, pero amenaza con confrontar cualquier intento de revivir “la violencia paramilitar en nuestra región”.

Aunque el lenguaje imita bien la retórica del ELN, además del pronunciamiento contundente de la delegación negando su autoría, las repetidas referencias a “nuestra región” -el Cesar-, al parecer no son del Comando Central del ELN, ni corresponden a un comunicado desde “las montañas del occidente colombiano”.

Por supuesto que no estoy graduando de “buenos muchachos” a la dirigencia del ELN, que desde 2023 boicoteó el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y luego las negociaciones mismas y el cese al fuego, aduciendo falsos incumplimientos del Gobierno, todo ello mientras impone paros armados y hostiga a las comunidades.

Aun así, precisamente por el tamaño de la mentira, de la que siempre algo queda, muchos incautos que consideran a las redes “palabra de Dios”, creerán tan graves acusaciones, lo cual es otra piedra en el camino de las negociaciones con el ELN, que se suma a las que ellos mismos le han puesto, y por supuesto, afecta a Fedegán y a los 600.000 ganaderos colombianos, injustamente marcados por el estigma paramilitar.

Dando por descontado que el comunicado no es del ELN, ¿de quién es entonces?, ¿quién está detrás, interesado en desestabilizar los territorios?, ¿a quién le sirve deslegitimar la reacción pacífica y solidaria de los ganaderos, en el Cesar y en todo el país?

A la delincuencia, ¿a quién más? Porque organizarse para apoyar a las autoridades y comprometerse con la seguridad preventiva y pacífica es lo que asusta a la delincuencia y está detrás del falso comunicado, porque se atraviesa a sus pretensiones de control territorial para proteger sus rentas ilícitas. En el Cesar, donde las alertas de la Defensoría son pan de cada día, además del ELN, están las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y una red de bandas que tercerizan el asesinato, el secuestro, la extorsión y la violencia generalizada. 

Pero los ganaderos, como reza nuestro himno, “no bajamos nuestros brazos ni nos damos por vencidos”; seguiremos unidos cada vez más alrededor de los Frentes Solidarios de Solidaridad y Paz, que han tenido enorme receptividad entre los ganaderos y otros gremios, basados como están en cuatro principios fundamentales: 1) La solidaridad a partir de la unión gremial. 2) la articulación permanente y cercana con las autoridades, entendida como deber ciudadano, pero también como el derecho a participar en nuestra propia seguridad. 3) La comunicación y las nuevas tecnologías como instrumento preventivo, como las únicas armas que esgrimimos.

Y cuarto, los Frentes Solidarios de Seguridad, son DE PAZ, no solo porque son desarmados, sino porque su objetivo no es la confrontación ni la violencia, sino la solidaridad y la convivencia pacífica.

De violencia…, ya hemos tenido suficiente. La paz es nuestra gran urgencia.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 23 de agosto de 2024).- El real problema de la tierra en Colombia no es su redistribución, es su improductividad, incapacidad para generar riqueza.

Desde el Derecho Indiano el tema de la propiedad de la tierra ha estado en el centro de la discusión. Los antecedentes vienen desde las “Capitulaciones de Santa Fe” y “Cédulas Reales de El Pardo” 1.538; pasando al Código de Indias 1680; llegando en 1754 al cambio de “cédulas”, a los “títulos de propiedad”, estipulados en la Ley 13 de 1821.

La R.A., en Colombia realmente inicia con la 1936, con la Ley 200, “Ley de Tierras”, que trajo el concepto de “extinción de dominio” por improductividad de diez años a favor del Estado y la “Función Social” de la propiedad. La Ley 100 de 1944, trajo el arrendamiento y aparcería como utilidad pública, amplió la extinción de dominio a 15 años.

La Ley 135 de 1961, crea el Incora, el Consejo Nacional Agrario (CNA), el Fondo Nacional Agrario (FNA) y la Unidad Agrícola Familiar (UAF).  Ley 1ª de 1968, modifica la Ley 135 de 1961 sobre Reforma “Social” Agraria, introduce la Extinción de Dominio Administrativa de tierras inadecuadamente explotadas, crea Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). La Ley 30 de 1988, impone la ejecución coordinada de distintos programas con entidades públicas, en zonas específicas de reforma agraria.

La ley 160 de 1994, alimenta el mercado de tierras como mecanismo para afectar la estructura agraria; cambiando las condiciones en las que se subsidia, sea total o parcial por El Estado, con coordinación del Incoder.

A través de esta compilación legal de buenas intenciones por parte del Estado, encontramos un factor predominante, propiedad de la tierra y su redistribución sin nada más y amén, allí ha radicado el fracaso de la R.A.

Hoy, si bien la tierra sigue siendo uno de los elementos esenciales de la Empresa Agropecuaria no el más importante, ni el más costoso.

Al inicio de este gobierno, se insistió en la Reforma Agraria “Integral” como compromiso de Estado.

“La integralidad”, va más allá de la legalización de la tenencia y propiedad de la tierra, es la garantía que asegure su productividad, que sea capaz de generar riqueza, empleos, a quien tenga su tenencia o titularidad, sea por medios propios o adjudicación del Estado.

Colombia, por su ubicación ha venido siendo impactado durante décadas por el cambio climático, fenómenos del Niño y Niña, periodos de sequía a lluvias intensas. Los periodos de invierno y verano otrora definidos, no existen hoy, lo que hace que la empresa rural sea absolutamente aleatoria, llevando a que las tierras que se entreguen con base en la R.A., sean una carga a la población rural esperanzada en superar los más bajos niveles de pobreza.

No basta con entregar tierras con algunos programas productivos estacionales, cuando no están garantizada la infraestructura básica que asegure su productividad.

1. Riegos y Drenajes: Que garanticen agua y desecamiento de terrenos que controlan los fenómenos climáticos y, su disponibilidad para emprender proyectos productivos en cualquier época del año, esa es nuestra ventaja tropical.
2. Vías Terciarias y Secundarias: Llegar a tiempo a la empresa agropecuaria, y mercados con productos terminados o materias primas en las condiciones que la demanda local o global.
3. Programas de Comercialización: Agricultura por Contrato, Forward, antes de emprender la empresa agropecuaria, no más salir a los mercados a buscar quien compre.
4. Programas de Acceso al Crédito y Financiación: Tasas favorables o subsidiadas que permita ser competitivos en los mercados.

Insistir en repartir tierras como base de la R.A., a la población campesina como solución a la pobreza rural; es populismo puro y duro; es el camino corto al fracaso de las políticas de R.A., que hemos transitado siempre, el Estado antes de iniciar el proceso de redistribuir tierras, debe garantizar la infraestructura básica productiva, para así entonces emprender la legalización, compra y distribución de la tierra como insumo del desarrollo rural.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 23 de agosto de 2024).- Los problemas de la producción lechera son una combinación de factores coyunturales y estructurales. La coyuntura está marcada por una caída del precio al productor, que ya completa 17 meses y una disminución del precio superior al 16%. Entre tanto, desde 2021 el precio al consumidor presenta la tendencia contraria, con un incremento efectivo del 82,8% y la inevitable consecuencia de una caída del consumo, de 18 litros por persona entre 2021 y mediados de 2024.

En estas condiciones y con altos inventarios, las importaciones agravan la crisis. A junio de 2024 se importaron 34.000 toneladas de leche y derivados, equivalentes a 293 millones de litros, prácticamente un mes de acopio que no se compra a campesinos colombianos, sino principalmente a prósperos y subsidiados ganaderos estadounidenses, a partir del TLC suscrito con ese país, con cupos crecientes de importación sin arancel y bajo arancel extracupo hasta 2026, cuando se libera el comercio de lácteos y se consolida la amenaza a la producción colombiana. 

Frente a esta realidad, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo abrió una investigación sobre la importación de leche en polvo subsidiada desde Estados Unidos, para la eventual imposición de derechos compensatorios, que son un gravamen, permanente o transitorio, para “compensar” el daño causado a un sector productivo; daño constatado para la producción lechera por el propio ministerio, a raíz de la solicitud de salvaguarda presentada por Fedegán en 2021, que no resistió la presión de otros sectores colombianos que se habrían visto afectados por mecanismos retaliatorios.

En este caso, sin embargo, Colombia, como país afectado, puede imponer medidas compensatorias para evitar el daño probado. No obstante, la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche, Asoleche, y el Consejo de Exportación de Lácteos de Estados Unidos, USDEC, se han unido para oponerse a cualquier medida compensatoria para el sector lechero y así seguir disfrutando, la primera, de un mercado sobre ofertado de leche fresca e importaciones, y el segundo, de exportaciones crecientes y muy pronto ilimitadas.

Esta difícil situación de coyuntura se suma a los problemas de siempre. 1) Mucha producción – poco acopio: En 2023 se produjeron 7.097 millones de litros y la industria formal acopió el 47%. 2) Muchos vendedores – pocos compradores: Mientras 350.000 ganaderos ofrecen su leche, solo diez grandes empresas compran el 54% del acopio formal. 3) Bajo consumo: Con 162 litros per cápita, el consumo fue creciente hasta 2021, aunque con alto y preocupante subconsumo en la población más necesitada. A partir de entonces, cayó hasta los 147 litros en 2023.

De los factores estructurales se derivan varias conclusiones: Primero: más de la mitad de la producción, principalmente de pequeños productores, se coloca en la informalidad a precios que no cubren los costos ni el esfuerzo campesino.

Segundo: la industria ostenta una clara posición dominante frente a los productores. 3) Se requieren políticas que fomenten el consumo, sobre todo en las clases populares, no solo para reparar la inequidad, sino para incrementar el acopio formal. 4) Se requiere política pública para ampliar la infraestructura de pulverización de leche, que pueda ser procesada en periodos de mayor producción y utilizada en los de escasez.

Esta grave combinación de factores, que afecta a 350.000 ganaderos, en su mayoría campesinos minifundistas, motivó la carta que envié a los ministros de Agricultura y Desarrollo Rural y de Comercio, Industria y Turismo, pues no se trata solo de producir o importar más o menos leche, sino del equilibrio social del campo, afectado por la violencia y el abandono; se trata de la paz rural, comienzo y condición de la paz de Colombia… la paz de ahora y siempre.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie