* Resolución 052 de 2025 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

* Esta resolución desconoce la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y es contraria a la Ley 2219 de 2022, que prohíbe la intervención del Ministerio en asuntos autónomos de las asociaciones.

* El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural excede su potestad reglamentaria al incluir sanciones y medidas que solo pueden ser definidas por el Congreso.

Agricultura & Ganadería

(SAC – Jueves 27 de marzo de 2025).- La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) manifiesta su profunda preocupación y rechazo a la expedición de la Resolución 052 de 2025 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que reglamenta las funciones de inspección, vigilancia y control sobre asociaciones campesinas y agropecuarias nacionales.

Con la expedición de esta resolución el Ministerio va más allá de lo que le permite hacer la Constitución y la ley, al incluir sanciones y medidas que solo pueden ser definidas por el Congreso.

Esta extralimitación administrativa abre la puerta a decisiones arbitrarias que le permitirán al Ministerio ordenar la modificación de estatutos, suspender la personería jurídica e, incluso, llegar a cancelarla, remover representantes legales o designar administradores temporales.

Esta medida vulnera el derecho fundamental a la libertad de asociación, al permitir una intervención indebida en la autonomía de las asociaciones, en contravía de los artículos 38 y 39 de la Constitución y de tratados internacionales. La resolución además de desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es contraria a la Ley 2219 de 2022, que en su artículo 7 prohíbe al Ministerio intervenir en asuntos autónomos e internos de las asociaciones.

La SAC considera que las facultades otorgadas al Ministerio con esta resolución vulneran el ejercicio de la libertad de asociación de los productores, situación que podría replicarse en otros sectores, afectando el equilibrio institucional en Colombia.

“Exigimos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que modifique la resolución 052 de 2025 y que ejerza sus funciones en el marco de la Ley y de la Constitución y que en cumplimiento de esta última respete, proteja y garantice los derechos fundamentales de quienes libremente deciden asociarse”, señaló Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC.

Desde la SAC rechazamos esta medida que afecta el funcionamiento de asociaciones que han trabajado durante décadas para fortalecer el sector agropecuario colombiano. Por ello, acudiremos a las instancias judiciales para salvaguardar la institucionalidad gremial, las garantías constitucionales y la estabilidad del sector agropecuario.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

RESPONDE

Comunicado a la opinión pública

Agricultura & Ganadería

(Minagricultura – Jueves 27 de marzo de 2025).- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en razón a la información divulgada en medios de comunicación y redes sociales sobre la reglamentación de las funciones legales de inspección, vigilancia y control sobre las asociaciones campesinas y las asociaciones agropecuarias, se permite precisar a la opinión pública lo siguiente:

•        En el año 2013, mediante el decreto 1985 que modificó la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se asignaron funciones a esta cartera para ejercer control y vigilancia sobre las organizaciones gremiales agropecuarias y asociaciones campesinas nacionales. No obstante, el Consejo de Estado determinó su no aplicabilidad por inconstitucionalidad dado que la materia debía ser regulada por vía legislativa.

•        El Congreso de la República aprobó la Ley 2219 del 30 de junio del 2022, sancionada por el entonces presidente de la República, Iván Duque Márquez, asignando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las funciones de inspección, vigilancia y control, y definió que se entendería por asociación campesina: “aquella organización de carácter privado, sin ánimo de lucro constituida o que se constituya por campesinos”; y como asociación agropecuaria a una: “persona jurídica de derecho privado y sin ánimo de lucro, constituida por pequeños o medianos productores…”. Esta ley también asignó la función de IVC a las Secretarías de Gobierno Municipales y/o Distritales.

•        Así mismo, el artículo 11 de la Ley 2219 dispuso sobre las medidas para las labores de inspección vigilancia y control lo siguiente: “Cuando se compruebe que una asociación campesina o una asociación agropecuaria nacional, en ejercicio de su actividad, no cumpla o exceda los límites impuestos por la ley, por la voluntad de sus fundadores o por sus propios estatutos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las Secretarías de Gobierno Municipales y/o Distritales o las dependencias que hagan sus veces, podrán ordenar la suspensión temporal de los actos ilegales, así como imponer otras sanciones conforme a la reglamentación que al respecto expida el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.”

•        El ministerio, por medio de la resolución 052 de 2025, cumplió con el mandato legal implementando el procedimiento administrativo general y las medidas publicitarias exigibles. El proyecto de resolución fue publicado en dos ocasiones por el canal oficial dispuesto para ello (en la plataforma SECOP) del 29 de noviembre al 14 de diciembre de 2024, y del 31 de enero al 5 de febrero de 2025, garantizando la publicidad y participación de la ciudadanía y brindado respuesta y aclaraciones oportunas a estas.

•        Como todas las decisiones administrativas, esta resolución está sometida al control de legalidad que ejercen los jueces de la República. El Ministerio de Agricultura abrirá los espacios para escuchar las inquietudes y recomendaciones de la ciudadanía, particularmente de los sujetos de especial inspección vigilancia y control objeto de la Ley 2219 de 2022.

* Diálogos arroceros del Gobierno ponen fin a movilización de productores.

* Con el valioso aporte de los productores del cereal se construyó un acuerdo que beneficiará a los eslabones de la cadena con recursos cercanos a los $72.000 millones.

Agricultura & Ganadería

(Minagricultura – Miércoles 12 de marzo de 2025).- Luego de nueve días de diálogo con delegados de los productores arroceros del Tolima y Huila para llegar a soluciones para la cadena, este martes se logró un consenso generalizado sobre las propuestas del Gobierno del Cambio para solventar la situación coyuntural y sentar las bases para el manejo estructural del sector.

Financiamiento con beneficios para pequeños y medianos productores comercialización, salvaguardias, manejo fitosanitario, un fondo de estabilización de precios, una política de libertad vigilada y la revisión de los costos de producción, algunos de los acuerdos que se suscribieron tras el cierre de la negociación.

En lo referente a comercialización, se dispusieron recursos por $21.930 millones para atender a pequeños y medianos productores arroceros. De esta bolsa, el 40% ($8.747 millones) llegarán a pequeños productores para apoyarlos en la venta de aproximadamente 72.896 toneladas del grano.

Los restantes $12.082 millones van para medianos productores para sacar al mercado unas 154.954 toneladas del grano.

En ese orden de ideas, el apoyo a los pequeños será de $15.000 por carga y para medianos de $9.750.

La estrategia de comercialización incluye la apertura de mercados en el exterior con apoyo de Ministerio del Comercio, ProColombia y la Agencia de Desarrollo Rural. Se espera que buena parte de los inventarios actuales lleguen a mercados venezolanos.

Adicional a ello, está el fortalecimiento de las compras públicas locales para que los productores arroceros oferten sus cargas a entidades del sector nacional que requieran el cereal para la atención en sus distintos programas sociales.

Este componente ofrece, además, el apoyo de maquila para 3.000 toneladas cosechadas por pequeños y medianos productores que hayan cumplido todo el proceso de la caracterización que promovió y socializó Minagricultura en los diálogos arroceros por la Reforma Agraria en el centro del país.

La viceministra de Asuntos Agropecuarios, Geidy Ortega, aseguró que “desde el Ministerio de Agricultura hemos honrado nuestra palabra y celebramos este acuerdo que se tiene hoy, con los productores del Tolima y Huila, luego de nueve días. Dispondremos una serie de mecanismos para atender las necesidades de los pequeños y medianos productores y así lograr un apoyo para la comercialización”.

La alta funcionaria agregó que esta es una estrategia integral para avanzar con tareas estructurales para fortalecer el sector arrocero del país. “Esperamos que este mensaje llegue a las personas que están en las carreteras para que haya un desbloqueo de las vías, ratificando que con respeto y diálogo podemos lograr acuerdos importantes”, agregó

Frente al tema de la importación, se trabajará con el Ministerio de Comercio para adelantar las actuaciones pertinentes frente a la expedición de salvaguardias que protejan la producción nacional arrocera.

Asimismo, desde la Agencia de Desarrollo Rural- ADR se considerará establecer un convenio cooperativo para aunar esfuerzos, administrativos, técnicos y financieros, que promuevan el fortalecimiento de las capacidades comerciales, agroindustriales y agrologísticas de organizaciones de pequeños y medianos productores con miras a la incursión en diferentes mercados por un valor de $10.000 millones de pesos.

El financiamiento

Los recursos anunciados este martes se suman al paquete de los $50.000 millones propuestos para apoyar a los pequeños y medianos productores del cereal. 

Cabe recordar que la semana anterior, se puso sobre la mesa una diversidad de apoyos financieros como la Línea Especial de Crédito de reactivación agropecuaria, que otorga subsidio a la tasa de interés de 4% para pequeños productores, y de 5% para medianos. Para esta iniciativa hay una disponibilidad de hasta $4.000 millones que apalancarán créditos por $56 mil millones.

Con una bolsa de hasta $4.000 millones, se crea el Incentivo a la Capitalización de Gestión de Riesgos Agropecuarios, que entrega hasta el 40% del proyecto a pequeños y medianos productores.

Un tercer instrumento propuesto es el Incentivo Integral a la gestión de Riesgos Agropecuarios – IIGRA, que con una tasa de interés fija y beneficiosa ofrece cuatro componentes para el desarrollo de proyectos agropecuarios. Cuenta con una bolsa de hasta $5.000 millones dirigidos a organizaciones y esquemas asociativos.

La oferta también incluye recursos hasta por $10 mil millones para una Línea Especial de Crédito –LEC– para proyectos de desarrollo productivo. Esta LEC tiene una tasa preferencial de 4% anual.

El sector Agricultura también expuso que hay $5.000 millones disponibles para un Incentivo a la Capitalización Rural para arroceros pequeños y medianos, a quienes se les apoyará con el 40% del valor del crédito.

En la jornada se explicó que hay hasta $7.000 millones del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA) para que sea aprovechado por pequeños y medianos productores arroceros, con el fin de que reduzcan los costos que le acarrean los insumos agropecuarios para sus ciclos productivos. También sobre la mesa se detalló la destinación de $10 mil millones del Fondo de Solidaridad Agropecuaria que tendrán como beneficiarios a los arroceros.

Desde el Gobierno del Cambio reiteramos nuestro compromiso por lograr soluciones estructurales para fortalecer la cadena del arroz en todo el país.

* Historias de mujeres que nos inspiran desde el norte, centro y sur de Colombia, llegan en el Día Internacional de la Mujer para hablar sobre sus derechos y la importancia de su empoderamiento para la sociedad. Ellas son mujeres rurales, mujeres con derechos.

Agricultura & Ganadería

(FAO – Sábado 8 de marzo de 2025).- Luz Mery Cubillos Suárez, nacida en Ibagué, Tolima, es un ejemplo de fortaleza y superación. Con 55 años y cuatro hijos, lleva más de la mitad de su existencia forjando su destino en los llanos colombianos, donde encontró su voz y liderazgo luego de dos desplazamientos.

El momento de su vida que marcó un antes y un después fue cuando se unió a la Red de Mujeres en Villavicencio. Ese espacio la conectó con otras mujeres víctimas del conflicto armado y la inspiró para fundar la Asociación de Víctimas Unidas por el Futuro (ASOVIFU), una organización que hoy reúne a 146 mujeres y hombres comprometidos con el emprendimiento y la resiliencia.

Confección, artesanías y Los Huevos Valientes, hacen parte de la línea que han denominado Agro Paz. En conjunto con 20 asociados, de los cuales 19 son mujeres, establecieron una granja avícola con la que generan ingresos a partir de la venta de gallinaza como abono orgánico.

Para Luz Mery, el emprendimiento es clave. “Desde la organización, a lo que más le apuesto es a que mis mujeres no estén con la mano estirada esperando un mercado, sino esperando una herramienta para trabajar”. Este enfoque no solo busca el desarrollo económico, sino también la transformación personal y comunitaria. Así, ASOVIFU ha logrado impulsar el empoderamiento de las mujeres víctimas del conflicto armado, brindándoles la oportunidad de generar sus propios ingresos y avanzar hacia la autonomía económica.

Hoy, Los Huevos Valientes son parte de un proyecto aún más grande: La Red del Meta, una iniciativa que tiene como objetivo promover modelos de suministro inclusivos al servicio de los productores agropecuarios de pequeña y mediana escala, desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en alianza con Ecopetrol, que reúne a más de 3.000 personas, 247 emprendimientos familiares y 32 asociaciones seis municipios del departamento.

El legado de Luz Mery Cubillos y ASOVIFU es un claro ejemplo de cómo la resiliencia, el liderazgo y el trabajo en equipo pueden transformar vidas, y cómo, a través del emprendimiento, las mujeres pueden superar las huellas del conflicto armado para reconstruir sus vidas con dignidad y esperanza.

 Saray Zúñiga

Adversidades similares las ha vivido en el norte del país Saray Zúñiga, una mujer palenquera del departamento de Bolívar, que a juntos a sus cinco hijos a sufrido del desarraigo y la inestabilidad con igual número de desplazamientos.

Dos décadas pasaron antes de que pudieran regresar a su hogar, Mahates. En paisaje diferente encontró en 2011, cuando finalmente pudo regresar a su finca: el suelo y los árboles devastados, muchos animales desaparecidos y, lo más doloroso, el tejido social roto.

Recuperar el territorio y su gobernanza sería entonces una tarea por realizar, labor que, con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, y años más la llegada al territorio del proyecto de Transformación Territorial, Resiliencia y Sostenibilidad, una iniciativa conjunta de la FAO y la Agencia de Cooperación Sueca en Colombia, sería cada vez más viable.

El proyecto se centró en mejorar los medios de vida rurales, el uso sostenible de la tierra y la gestión de los recursos, el establecimiento de nueva infraestructura para apoyar la producción y las ventas, y el empoderamiento de las mujeres a través del desarrollo de habilidades y oportunidades de liderazgo.

Con la tradición y sus conocimientos, Saray ejerció el liderazgo para que su asociación Asoprovegua inaugurara la tienda y restaurante “Paraje ri Kumina”, un recinto de alegría y esperanza que reúne productos de todas las demás asociaciones hermanas de la zona y reemplaza a los intermediarios a quienes los agricultores tenían que vender sus productos.

Conectando este lugar como punto de partida para el agroturismo, el restaurante se extiende hacia un sendero ecológico, en el que un área de juegos bordeada por árboles frutales y viveros de plantas, junto a iguanas, monos aulladores, periquitos, loros y más especies de fauna y flora se ha convertido en un paraje de regocijo y tranquilidad.

Aura López

Esa tranquilidad que también percibe ahora Aura López en Barbacoas, Nariño, ha estado en un proceso de recuperación para esta mujer indígena, consejera del pueblo Awa, y su comunidad, quien cuenta cómo el Katsa Su (que representa a los cuatro mundos: personas, animales, espíritus y ancestros) se ha transformado en los últimos tiempos.

 Su territorio, destruido por monocultivos, la expansión ganadera y la extracción de madera ha venido en un proceso de recuperación, en el que Aura se ha encargado de reunir a hombres, mujeres y jóvenes para trabajar y concertar planes en una viva casa comunal que no tiene espacio para los malos recuerdos.

Allí, Aura ha construido con su comunidad la Asociación Granja Agrícola y Pecuaria El Maíz – Asoagrimaiz. A través de esta impulsa diferentes procesos para mejorar la autonomía económica, especialmente de las mujeres. ¿Los cimientos? Su tenacidad y conocimientos como técnica agrícola y ambiental.

A parir de la integración de labores agroproductivas que hacen parte de los proyectos de reactivación económica del convenio de cooperación internacional “Mi Vida es el Campo”, desarrollado entre la Agencia de Renovación del Territorio y la FAO, Aura ha conseguido la articulación con redes asociativas que se vienen consolidando en los territorios PDET por la reconciliación, gobernanza y producción sostenible y limpia para una mejor nutrición.

Actualmente hacen parte de la iniciativa de fortalecimiento de la cadena piscícola, mediante el establecimiento de unidades productivas requeridas en el cultivo de tilapia roja, con la que se busca contribuir a la mejora, diversificación productiva, alimentaria y de ingresos, incluyendo el desarrollo de capacidades productivas, comerciales, socioempresariales y de gestión, así como de participación incidente, integrando los enfoques transversales: género, étnico, territorial, reparador como acciones que aportan a la garantía progresiva al Derecho Humano a la Alimentación.

Luz Mery, Saray y Aura

Luz Mery, Saray y Aura hoy destacan el poder transformador de las más de 5,7 millones mujeres rurales en Colombia; ellas son un claro ejemplo de cómo la resiliencia, el liderazgo y el trabajo en equipo pueden transformar vidas, y cómo, a través del emprendimiento, las mujeres pueden superar las huellas del conflicto armado para reconstruir sus vidas con dignidad y esperanza, motivándonos a que como sociedad trabajemos por los derechos, igualdad y empoderamiento de todas las mujeres y niñas, lema del 8 de marzo de 2025, Día Internacional de la Mujer.

Con este llamamiento a la acción para lograr la igualdad de derechos, poder y oportunidades para todas y todos, catalizadores de un cambio duradero, llega con un mensaje de unión para que las próximas generaciones puedan gozar de una vida mejor.

El 2025 es un momento decisivo que marca el 30° aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el plan de acción, que de acuerdo con ONU Mujeres ha sido a la fecha el más progresista y ampliamente respaldado para los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo, transformando la agenda de los derechos de las mujeres en términos de protección legal, acceso a servicios, participación de los jóvenes y cambio en las normas sociales, estereotipos e ideas estancadas en el pasado.

Este aniversario nos pone de presente que, si bien se han tenido avances, aún existen deudas por saldar para la garantía de los derechos de mujeres y niñas en materia de educación, seguridad, tenencia de tierras y economía del cuidado. Todos estos, elementos claves para la erradicación del hambre y la pobreza.

Retos que como sociedad estamos llamados a atender. Con un panorama en el que alimentar a una población mundial creciente en un contexto de nuevas y persistentes crisis: económicas, energéticas, ambientales, alimentarias y sociales, actuar ahora es más importante que nunca para crear sistemas agroalimentarios inclusivos, sostenibles y resilientes.

Empoderar a las mujeres y las niñas a través de la inclusión financiera no solo es esencial para promover la igualdad de género, sino también crucial para construir comunidades resilientes. Al garantizar la igualdad de acceso a los recursos, servicios y oportunidades financieras, brindamos a las mujeres los medios para proteger y ampliar sus medios de vida, lo que a su vez fortalece la resiliencia general de sus comunidades. La inclusión financiera permite a las mujeres contribuir al crecimiento económico y beneficiarse de él, fomentando sociedades más inclusivas, sostenibles y resilientes.

La FAO reconoce que, para lograr estos objetivos, debemos abordar las persistentes desigualdades que afectan al mal rendimiento del sector agrícola en muchos países. Debemos trabajar con hombres, mujeres, niñas y niños rurales y empoderarlos.

* Recientemente la Fundación Colombia Ganadera (Fundagán, fue acreditada como Organismo Evaluador de la Conformidad para auditar y verificar el cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana 6550:2021. Se auditarán predios ganaderos y/o bufalinos bajo los cuatro principios de la norma, que resalta estándares que velan por la protección del medioambiente, la sostenibilidad, las buenas prácticas ganaderas, la biodiversidad y la responsabilidad con los empleados.

Agricultura & Ganadería

(Fundagán – Miércoles 5 de marzo de 2025).- Con la emisión de Franja Sostenible en sus redes sociales y los distintos medios de comunicación del gremio, la Fundación Colombia Ganadera (Fundagán) busca acercar el Sello Ambiental Colombiano a más de 600.000 familias productoras para promover la certificación de sus predios bajo estándares ambientales y criterios que son exigidos para dar cumplimiento a los requisitos de la Norma Técnica Colombiana – NTC 6550:2021.

Franja Sostenible estará disponible para todo público y será un espacio virtual emitido dos veces al mes para comunicar de manera pedagógica, los criterios establecidos para la implementación de la norma en la actividad ganadera. Tendrá invitados especiales que hablarán sobre la particularidad del Sello Ambiental Colombiano, el proceso de certificación, la importancia de certificar su predio con un ente acreditado, los beneficios y ventajas de certificarse, los retos de la producción ganadera y las exigencias futuras de los mercados nacionales e internacionales.

Para Carlos Luque Barriga, presidente de la Junta Directiva de Fundagán, realizar la promoción del Sello Ambiental Colombiano e implementarlo exige desafíos y retos como los que el gremio ha asumido por más de una década para cambiar la cultura de producción ganadera hacia una actividad sostenible.

“Es un orgullo para Fundagán contar con la acreditación otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), para certificar predios ganaderos bajo la Norma Técnica Colombiana 6550:2021. Somos un organismo que se rige con los tres pilares de la norma ISO internacional, como lo son: imparcialidad, confidencialidad y competencia técnica. Contamos con una red de auditores en todo el territorio nacional, a los cuales hemos formado y capacitado ampliamente en técnicas de auditoría, además de tener conocimiento y experiencia en el quehacer de la actividad ganadera. Asumimos el reto para ser la única institución del sector agropecuario en acreditarse y lo logramos”, expresó.

Sello Ambiental Colombiano para la actividad ganadera

Esta ecoetiqueta ambiental, que define los criterios para una ganadería sostenible bovina y bufalina, hace parte de una de las 25 categorías de producto disponibles para optar por el Sello Ambiental Colombiano. Iniciar el proceso hacia la certificación es voluntario, certificarse y posteriormente obtener la autorización para portar el Sello Ambiental Colombiano, demuestra que su predio ha cumplido con los criterios establecidos por la NTC 6550:2021 y la resolución 1555 de 2005 emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Los predios ganaderos deberán cumplir con cuatro principios fundamentales y hacen referencia a la responsabilidad ambiental y conservación de los recursos naturales, seguidamente del uso de mejores prácticas en la producción ganadera en armonía con el medio ambiente, también en la implementación de buenas prácticas ganaderas (BPG) y finalmente, la responsabilidad que se tiene con los empleados.

Para Nataly Delgado Pinzón, directora ejecutiva de Fundagán, certificarse con el Sello Ambiental Colombiano es sinónimo de compromiso por parte de los productores y genera confianza para los consumidores de los productos derivados de la actividad ganadera. Además de ser un gran paso para tomar ventajas competitivas frente a las demandas que exigirá el mercado sobre las prácticas sostenibles.

“Queremos promover espacios pedagógicos para los productores, por esta razón creamos la franja como un medio que permitirá socializar la normatividad relacionada con el Sello Ambiental Colombiano con el fin de fomentar su uso como respaldo a esa gran labor que vienen realizando los ganaderos del país, mostrando los beneficios y la utilidad que el sello representa para la actividad ganadera, la industria, los mercados y, por supuesto, los consumidores. No hay nada que genere más satisfacción que consumir productos que demuestren que provienen de fuentes sostenibles”, recalcó Nataly Delgado.

Fundagán tiene diferentes medios de comunicación para que los ganaderos reciban atención personalizada relacionada con el servicio de certificación: el teléfono +57 304 425 51 51 o el correo electrónico servicioalcliente@fundagan.org

También pueden seguir a Fundagán en las diferentes redes sociales Facebook, X e Instagram (@fundagan).

* Productores, asociaciones, comercializadores y demás actores de las cadenas agroalimentarias de cereales, leguminosas y soya podrán intercambiar conocimientos, ideas, tendencias e innovaciones y fortalecer alianzas estratégicas que les permitan avanzar y crecer para transformar el agro colombiano.

* Este evento contará con la participación de conferencistas nacionales e internaciones de gran trayectoria y reconocimiento.

* Para conocer la agenda de este evento, inscribirse y adquirir las entradas, las y los interesados podrán ingresar a la página web https://fenalce.co/congreso-nacional-fenalce-2025/

Agricultura & Ganadería

(Fenalce – Miércoles 26 de febrero de 2024).- La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) llevará a cabo este año el evento más importante para los sectores de cereales, leguminosas y soya en Colombia. Se trata del XXIX Congreso Nacional Académico, el cual se llevará a cabo con el eslogan “Unidos transformamos el campo” en la Central Mayorista de Antioquia, en Itagüí.

El miércoles 19 y jueves 20 de marzo, productores, asociaciones, comercializadores y demás actores de las cadenas agroalimentarias de cereales, leguminosas y soya podrán intercambiar conocimientos, ideas, tendencias e innovaciones y fortalecer alianzas estratégicas que les permitan avanzar y crecer para transformar el agro colombiano. Lo harán en compañía de conferencistas nacionales e internacionales de Argentina, México, Brasil y Estados Unidos de gran trayectoria y reconocimiento, que sin duda, enriquecerán dichos sectores productivos, claves para la seguridad alimentaria del país.

Por tanto, este Congreso será un espacio de diálogo, reflexión y sinergia, que fortalecerá los lazos entre los actores clave de la agricultura en Colombia.

Entre los temas principales de este evento están el nuevo Plan Estratégico a 10 años de la Federación, los Consejos Nacionales del Maíz y de la Soya, convenios de articulación interinstitucional, las dinámicas del mercado, la salud del suelo, innovaciones y mejores prácticas para el manejo de los cultivos, el impacto de la variabilidad climática, agricultura digital e inteligencia artificial aplicada, entre otros.

En el marco de este Congreso se llevará a cabo una rueda de negocios en la Central Mayorista de Antioquia, la cual brindará una oportunidad única para conectar con las empresas líderes en la transformación y comercialización de cereales, leguminosas y soya de este departamento. Los asistentes podrán conocer, a través de un recorrido exclusivo, el mayor centro de abastecimiento agroalimentario del noroccidente colombiano. Así que, esta gira no solo representa una jornada de aprendizaje y conocimiento, sino también de networking y oportunidades de negocio.

* Las irregularidades ascienden a $160 mil millones en compra de predios realizadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la Reforma Rural Integral.

* Dentro de los principales hallazgos se encuentran predios comprados con suelos inadecuados para la producción agropecuaria, ocupaciones ilegales de predios adquiridos y retrasos en la entrega de predios a las comunidades campesinas.

Agricultores & Ganadería

(CGR – Martes 18 de febrero de 2025).- En Actuación Especial de Fiscalización realizada durante el segundo semestre de 2024, la Contraloría General de la República estableció hallazgos fiscales por $160 mil millones, por presuntas irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), específicamente en el proceso de adquisición y adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral (RRI).

Esta auditoría realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, abarcó el período comprendido entre el año 2022 y el 30 de abril de 2024 y se identificaron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen posible incidencia disciplinaria y 6 presunto alcance fiscal. Además, se solicitó una apertura de indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio, por incongruencias en la información presentada por la entidad.

Las irregularidades detectadas en el manejo de estos recursos comprometen la eficacia de la Reforma Rural Integral y el uso adecuado de los recursos públicos destinados a las comunidades campesinas y étnicas beneficiarias.

Dentro de los principales hallazgos detectados se encuentran:

* Predios comprados con suelos inadecuados para la producción agropecuaria

* Se identificaron adquisiciones de predios en diversas regiones, muchos de los cuales presentan suelos clasificados como clase VII, lo que los hace inadecuados para cultivos y ganadería debido a sus severas limitaciones.

* Estos suelos representan más del 50% de la superficie de varios de los predios adquiridos, lo que va en contra de la normativa establecida en la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014, que prohíbe la compra de predios destinados a los campesinos con áreas que presenten más del 20% en suelos de clase VII y VIII.

* Además, algunos de estos predios presentan humedales en un 30% de su superficie, lo que agrava aún más su viabilidad para ser utilizados en actividades agropecuarias. Estas adquisiciones no cumplen con los requisitos para ser aptas para el desarrollo de proyectos productivos en el marco de la Reforma Rural Integral, lo que pone en riesgo el buen uso de los recursos públicos destinados a estas poblaciones que ascienden a $43.306 millones de pesos.

Ocupaciones ilegales de predios adquiridos

Se evidenció que varios predios comprados para las comunidades campesinas fueron invadidos ante la falta de control y custodia adecuada. La falta de diligencia de la ANT para su recibo material genera un posible detrimento patrimonial por cuantía de $5.646 millones de pesos y un impacto social para las poblaciones sujetos de derecho de ordenamiento social de la propiedad.

Retrasos en la entrega de predios a las comunidades campesinas y étnicas

En varios casos, los predios adquiridos no fueron entregados de manera oportuna, afectando la implementación de proyectos productivos en las zonas rurales.

Según los datos analizados, solo el 18,5% de los predios ingresados al Fondo de Tierras han sido transferidos oficialmente y registrados en el folio de matrícula.

De los 205 predios disponibles, apenas el 12,2% fueron entregados a la población campesina, el 5,3% a comunidades indígenas y tan solo el 1% a comunidades negras. Esta falta de celeridad no solo incumple las metas de la Reforma Rural Integral, sino que genera costos adicionales para la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por el mantenimiento de tierras ya adquiridas, pero no entregadas.

El retraso obstaculiza el desarrollo rural y pone en riesgo el bienestar de las comunidades destinatarias, afectando gravemente el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz. Esta situación generó un presunto detrimento de los recursos públicos, en cuantía de $110.322 millones de pesos.

* En Colombia cientos de personas no logran acceder a los servicios de salud. Foto Cortesía: Leonardo Muñoz / AFP

Agricultura & Ganadería

(UN – Viernes 14 de febrero de 2025).- Aunque el sistema de salud ha avanzado en cobertura, las regiones del Pacífico, Oriental y Atlántica presentan las tasas más altas de “eventos no deseados” en salud, que incluyen desde casos prevenibles de sífilis congénita hasta infecciones asociadas con el cuidado y muertes por falta de atención oportuna. Además, indígenas, afrodescendientes y personas con bajos ingresos se encuentran entre los grupos más afectados por estas inequidades.

En el sistema de salud colombiano el concepto de “seguridad del paciente” es fundamental en la discusión sobre calidad en la atención sanitaria, pero hasta ahora se ha enfocado en lo que ocurre dentro de hospitales y clínicas.

Kelly Patricia Estrada Orozco, doctora en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), propone sustituir este concepto por “seguridad de la persona y del paciente” para visibilizar a quienes ni siquiera logran acceder a los servicios de salud. En Colombia hay personas que fallecen no por errores en la atención, sino porque nunca lograron recibirla.

“No se trata solo de evitar errores médicos, sino de reconocer que el sistema en sí mismo, con sus barreras geográficas, burocráticas y estructurales, le está generando daños graves a la población”, aclara la investigadora.

En su estudio regresó a la década de 1970 para analizar documentos como políticas públicas de la época, investigaciones científicas y reportes oficiales de instituciones como el Ministerio de Salud y Protección Social, y más reciente los reportes del Instituto Nacional de Salud (INS). Asimismo, incluyó la Ley 100 de 1993, promulgada para hacerle frente a un sistema de atención en salud inequitativo con serios problemas de acceso.

Al revisar más de 2.000 fuentes y documentos, la doctora Estrada encontró que en Colombia existen eventos no deseados, incidentes que causan daño al paciente como resultado de las fallas en la atención (falta de acceso, atención no oportuna, atención no continua y atención con calidad subóptima).

Tales fallas ocurren en el ciclo completo de atención, que incluye promoción de la salud y prevención y atención de la enfermedad, que pasan desapercibidos porque no se han considerado como parte de los eventos no deseados. Estos incluyen casos de sífilis congénita, tétanos neonatal, enfermedades inmunoprevenibles (por ejemplo, fiebre amarilla, influenza, sarampión, rubeola, neumococo y Covid-19), desnutrición y otras condiciones atribuibles a fallas en la atención.

También encontró reportes relacionados con obesidad, sobrepeso y desnutrición infantil, además del empeoramiento de enfermedades de base como la epilepsia, infecciones urinarias, anemias y hasta hemorragias, algunas por no ser atendidas y otras por no recibir dicha atención a tiempo.

En el caso de la sífilis congénita, la doctora relata que se trata de una enfermedad prevenible con un tratamiento cuyo costo es significativamente bajo por dosis, pero que aun así sigue afectando a niños recién nacidos con un patrón al que denomina “periférico” porque es más evidente en zonas alejadas del país. El problema no es la falta de medicamentos, sino las barreras para que las madres reciban atención oportuna.

“Algunas mujeres son diagnosticadas y tratadas, pero su pareja no porque está afiliada a otra EPS, lo que significa que la reinfección es inevitable; otras ni siquiera se diagnostican oportunamente, no reciben tratamiento, o no el adecuado”, explica la investigadora.

“Sabemos que en salud existen estas inequidades pero nadie había cuantificado hasta qué punto las fallas del sistema están generando daño directo a la población”, agrega.

Una redefinición que amerita urgencia

La fase cuantitativa del estudio se realizó examinando reportes de infecciones quirúrgicas y complicaciones asociadas con procedimientos hospitalarios y bases de datos epidemiológicos oficiales, como los del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).

Para este fin, la investigadora dividió el país en cinco regiones:

1- Bogotá.

2- Región central: Cundinamarca, Antioquia, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima y Caldas.

3- Región oriental: Meta, Santanderes y Boyacá.

4- Región occidental: Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.

5- Región norte: El Caribe colombiano.

Además creó la categoría “otros” para agrupar áreas con sistemas de salud atípicos como Amazonas, Arauca, Casanare, Putumayo, Vaupés, Vichada y San Andrés, cuyas características de la prestación y barreras geográficas son particulares.

“Hicimos previsiones estadísticas a través de los riesgos atribuibles y las incidencias en cada una de esas regiones. Luego calculamos la magnitud de las diferencias entre regiones e intrarregiones para establecer el tamaño de las inequidades. También usamos gráficas de dispersión y así pudimos visualizar bien los patrones y diferencias en los riesgos en la ocurrencia de los eventos no deseados”, aclara la doctora Estrada.

Así, analizó la relación entre el acceso a la salud y los desenlaces negativos en la población, e identificó un patrón claro: las zonas periféricas, rurales y con menor desarrollo presentan tasas significativamente más altas de eventos adversos. “En departamentos como Chocó, La Guajira, Cauca y Casanare el riesgo de sufrir eventos no deseados derivados de fallas en la atención es hasta 10 veces mayor que en ciudades como Bogotá o Medellín”, precisa.

Aunque todos deberían recibir la misma calidad de atención en el sistema de salud, el estudio sustenta que existen factores que contribuyen a estas inequidades, como el nivel de ingresos, la etnia, la zona geográfica y el nivel de educación.

“La población indígena y afrodescendiente, así como las personas con baja escolaridad o ingresos inferiores a 1 smmlv son las más afectadas por los eventos no deseados, ya sea por no tener una cita médica a tiempo o por no tener la posibilidad de acceder a un tratamiento”, destaca la doctora Estrada.

Con estos resultados, además de sugerir una redefinición del término “seguridad del paciente”, la investigadora evidencia los eventos no deseados en pacientes de diferentes regiones para que este término incluya esos efectos negativos derivados de barreras en el acceso y la calidad de la atención en salud.

* De acuerdo con Fedegán, las afectaciones al sector ganadero por esta crisis humanitaria ascienden a $3214 millones. De esta cifra $1979 millones corresponden a leche y 1235 millones de pesos a producción de carne.

Agricultura & Ganadería

(Fedegán-Fundagán – Lunes 10 de febrero de 2025).- Respondiendo al llamado para atender la difícil situación que atraviesan miles de familias del Catatumbo, ganaderos entregarán 23.500 litros de leche entera y 100 % colombiana, para apoyar la dieta alimentaria de familias que han sido desplazadas forzosamente por cuenta de los actos terroristas del Ejército de Liberación Nacional en esta importante región del país.

La destinación de este importante producto corresponde a la iniciativa del Comité de Ganaderos de Norte de Santander (Coganor) que, a través de su presidente, José Tarcisio Celis Rincón, y el miembro de Junta Directiva de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) por este departamento, Andrés Hoyos, respondieron al llamado de otras organizaciones presentes en la región para buscar una ayuda integral para apoyar a más de 40.000 desplazados.

“Son cerca de 15.000 personas que se han instalado en albergues temporales que se han dispuesto en la ciudad de Cúcuta, algunas de ellas han empezado a retornar de nuevo a su lugar de origen, pero tenemos conocimiento de que hay más familias que fueron forzadas a huir a otras zonas y que necesitan nuestro apoyo”, indicó Celis Rincón.

Y añadió que “nos unimos a la Fundación Banco Diocesano de Alimentos Cúcuta para ofrecer una ayuda integral a cada familia y por supuesto, participar nosotros con la leche, porque sabemos que es un producto indispensable que puede alimentar a estas familias perjudicadas”.

El compromiso constante por fomentar la leche y sus beneficios

El Fondo Nacional del Ganado (FNG) es administrado por FEDEGÁN y de acuerdo con la Ley 89 de 1993 se destina un porcentaje de los recursos parafiscales para fomentar el consumo de carne y leche en poblaciones de escasos recursos y condiciones de vulnerabilidad. Anualmente se entregan cinco millones de vasos de leche para fortalecer la nutrición de niños, madres gestantes, población con problemas nutricionales y adultos mayores.

Esta importante iniciativa de los ganaderos también apoya actividades humanitarias para la atención de población afectada por desastres naturales, calamidades y víctimas del conflicto armado que se han encontrado en condición de desplazamiento forzoso.

La operatividad de este programa es apoyada por la Fundación Colombia Ganadera (Fundagán), responsable de ejecutar la política de responsabilidad social del gremio ganadero desde hace más de 15 años y ha apoyado las actividades cívico-sociales que eventualmente se presentan en el país.

Ya fueron entregados 3500 litros de leche en Tibú y La Gabarra

“No es la primera vez que acudimos desde el gremio ganadero a un llamado de emergencia social. En el departamento del Norte de Santander, en la temporada de lluvias del año 2011, acompañamos a las familias damnificadas de Gramalote, también lo hicimos en el 2015, cuando entregamos leche en los albergues temporales dispuestos por el gobierno local para atender a los colombianos que fueron expulsados arbitrariamente por el gobierno venezolano”, recordó Nataly Delgado, directora ejecutiva de Fundagán.

Y agregó que “hoy desde Fedegán-FNG y Fundagán reafirmamos nuestro propósito de ayudar proporcionando los valiosos nutrientes de la leche a estas familias para atender nuevamente las necesidades de los nortesantandereanos. Este es el compromiso y la solidaridad de los ganaderos de la región y de Colombia”, destacó Delgado.

A finales de enero de este año fueron entregados los primeros 3500 litros de leche en los municipios de Tibú y La Gabarra. “Se espera atender progresivamente otros municipios con veinte mil litros de leche que serán entregados gradualmente y conforme a las necesidades de los pobladores de la región”, concluyó la directora ejecutiva de  Fundagán.

De acuerdo con la Oficina de Estudios Económicos de FEDEGÁN, los ganaderos de la zona viven una grave afectación por cuenta de los grupos terroristas que han generado esta crisis humanitaria en el Catatumbo.

Las estimaciones indican que las pérdidas ascienden a $3214,6 millones. De esa cifra, $1979 millones corresponden a las afectaciones en la producción de leche y 1235 millones de pesos a las pérdidas que han tenido que enfrentar los ganaderos productores de carne.

* Esta fruta logró un crecimiento del 350% en la exportación de este año, comparado con el año anterior, convirtiéndose en el cuarto producto agrícola de mayor importancia en el país.

* Las políticas económicas del gobierno para el campo colombiano se reflejan en este aumento de ventas al exterior, de acuerdo con el informe anual del DANE.

Agricultura & Ganadería

(Minagricultura – Viernes 7 de febrero de 2025).- El mercado de aguacate hass colombiano sigue ganando popularidad en los hogares y eventos norteamericanos. Como viene siendo costumbre, en el Super Bowl, el evento deportivo por excelencia de Estados Unidos, se consumirán este domingo 9 de febrero 6.512 toneladas de esta variedad de fruta, proveniente de nuestro país, en un hito histórico que representa un incremento del 350% en la exportación solo para este evento, en comparación con las 1.336 toneladas exportadas el año pasado.

Este resultado también es fruto del trabajo minucioso que el Instituto Colombiano Agropecuario, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha realizado en la inspección de este producto. Uno de los procesos clave fue la ejecución del programa ‘Inspección en Origen’, en el que participaron 20 plantas de empaque de Antioquia, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Risaralda. Gracias a ello, un gran porcentaje del aguacate fue inspeccionado directamente en origen, lo que permitió una operación logística más eficiente, con un mayor control por parte del ICA para verificar el cumplimiento de las condiciones fitosanitarias, asegurando la admisibilidad de los países compradores.

El Super Bowl se ha consolidado como una plataforma clave para el consumo de aguacate Hass colombiano, y los productores del país han visto este evento como una oportunidad para posicionar esta fruta bajo la marca Avocados from Colombia. En 2023, este subsector alcanzó un crecimiento económico de US$180,1 millones, y en 2024, de US$267,3 millones, lo que representa un incremento del 48,5%, según cifras citadas por Corpohass.

El posicionamiento de Colombia en el consumo de aguacate Hass en los hogares y negocios estadounidenses se debe a la calidad del producto, la apertura de nuevos mercados y el aumento en la producción. Las áreas de cultivo y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles han permitido que cada año esta oferta de exportación continúe en aumento.

Entre los productos que representan apuestas para ampliar la oferta exportadora, con alto potencial en mercados internacionales, están el cacao y productos agroindustriales derivados de frutas tropicales (como pulpas, jugos y liofilizados), que ofrecen mayor estabilidad en precios y menor dependencia de la estacionalidad. De hecho, las exportaciones de cacao y sus derivados aumentaron más del 100% en los primeros nueve meses de 2024, y alcanzaron los 195.3 millones de dólares.

Las exportaciones colombianas continúan al alza

El reporte de las exportaciones colombianas de productos agropecuarios en 2024 aumentó 14% comparado con 2023, de acuerdo con el más reciente informe del DANE y la DIAN. En el consolidado anual, las ventas al exterior sumaron US$11.491,8 millones.

El reporte estadístico también muestra que en diciembre de 2024 hubo un aumento de 29.5% comparado con el mismo mes de 2023. Esto significa que el valor de las exportaciones alcanzó los US$1.178 millones, siendo el segmento que más aportó a los indicadores.

En su reporte, el máximo ente estadístico del país explicó que este aumento se debe “a ventas de café sin tostar descafeinado (51,5%) y flores y follaje cortados (22,5%) que contribuyeron en conjunto con 20,8 puntos porcentuales a la variación del grupo”. Frutas frescas o secas, aceite de palma y salsas y preparados son los tres subgrupos que completan el listado de los cinco primeros productos colombianos que llegaron al mercado exterior.

El destino principal de los productos nacionales fue Estados Unidos, con un 27,5%. Panamá, China, Países Bajos, Ecuador, India y Brasil también demandaron lo mejor del campo colombiano.

El crecimiento sostenido responde a las decisiones del Gobierno del Cambio en política agropecuaria. Estas han impulsado las cadenas productivas, favoreciendo la sustitución de importaciones. “Colombia trabaja arduamente por abrir nuevos escenarios de exportación de sus productos agropecuarios, pero también por fortalecer y robustecer los mercados existentes, y uno es Estados Unidos. Avanzamos con resiliencia en la diversificación de las exportaciones agropecuarias, explorando nuevas oportunidades de mercado y consolidando su posición como proveedor de productos de alta calidad y valor agregado en el escenario global”, señaló la ministra Carvajalino.

* El presidente ejecutivo del gremio, José Félix Lafaurie Rivera, advierte que utilizar atribuciones extraordinarias de la Ley de gestión del riesgo de desastres para expropiar tierras en el Catatumbo como medida de Conmoción Interior no resuelve el problema de violencia.

* Lo primero es restaurar el orden y resguardar las propiedades de 40.000 desplazados que ahora mismo no están pidiendo tierras, sino seguridad.

Agricultura & Ganadería

(Fedegán – Sábado 1 de febrero de 2025).- José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), alertó sobre la pretensión del Gobierno de hacer un experimento de expropiación exprés en el #Catatumbo, al amparo de la Ley de Conmoción Interior.

En el recién expedido Decreto 108 -precisó el dirigente gremial-, el Gobierno da muchas vueltas en la exposición de motivos para aterrizar en la Ley 1523 de 2012, que adopta la política de gestión del riesgo de desastres, donde encontró lo que buscaba desde el Plan de Desarrollo y luego en el proyecto de Jurisdicción Agraria: Una medida sumaria de expropiación administrativa con el mínimo de recursos para el propietario.

“Es increíble, señaló Lafaurie, que en la exposición de motivos el Gobierno mismo confiesa que acude a la Ley 1523 porque ‘la aplicación del procedimiento de expropiación agraria regulado en la Ley 160 de 1994… genera demoras’ ¿Y por qué es demorado? Porque garantiza la intervención de un juez en el derecho del afectado a defender la propiedad de su predio”.

El Catatumbo, sometido a la maldición del cultivo de coca

La situación en el Catatumbo es, sin duda, un desastre, pero no se pueden trasplantar unas medidas extraordinarias de la Ley de Gestión del riesgo de “desastres naturales”, a una Ley expedida en el marco de la declaratoria de Conmoción Interior por la situación de orden público en la región, que sufre un verdadero desastre, sí, pero de ilegalidad y violencia, el desastre de la guerra entre bandidos por el control territorial para mantener sometido al Catatumbo a la maldición del cultivo de coca, el narcotráfico y toda suerte de rentas ilegales.

Sin embargo, en gracia de discusión, si el decreto llegare a pasar el examen constitucional, no podría usarse como pretexto para extender a otras regiones del país ese régimen excepcional y trasplantado desde la legislación para la gestión del riesgo de desastre.

“Al margen del derecho del campesino, el reinsertado o el indígena a su parcela, que lo comparto, no entiendo la obsesión por creer que esa es la panacea, la solución para todo. Puedo asegurar que, ahora mismo, los 40.000 desplazados no están pidiendo tierra, muchos ya la tienen y están más preocupados por su seguridad y su vida, por no perder lo que ya poseen”, manifestó.

Primero, restituir el orden y la seguridad

Por ello, el presidente ejecutivo de Fedegán concluyó que las prioridades del Gobierno, antes que expropiar y repartir tierras en medio del caos, deberían ser: primero, la restitución del orden y la seguridad de los pobladores; segundo, la protección de las tierras abandonadas por los desplazados, en riesgo de despojo por parte de los bandidos que tienen incendiada la región.

Y, por último, “si dentro de los planes de recuperación se necesitan tierras, pero no desnudas, sino con proyectos productivos y asistencia técnica, con vías decentes, escuelas, centros de salud, crédito, y ese largo etcétera que siempre falta en los procesos de reforma agrarias, pues ahí están las de la coca, no las de los campesinos obligados a sembrarla, que lo que necesitan son programas de sustitución con mercados, sino las de cultivos industriales ilícitos, que los hay, que ni siquiera son objeto de expropiación, sino de extinción de dominio por ministerio de la ley, en razón a su utilización en actividades ilícitas”, explicó.

El dirigente gremial afirmó que “Fedegán, por su parte, en cumplimiento del convenio con el Gobierno Nacional, revisará y fomentará en la región la oferta de tierras para compra directa con destino a reforma agraria”.