* Sin tener en cuenta la oferta de tripulantes y pescadores en la isla para faenas de más de 25 días de mar, y en abierta discriminación frente a otros sectores económicos, la resolución de la AUNAP busca impedir la contratación de personal foráneo en contra del decreto ley.
* Pescadores artesanales y comerciales consideran “desproporcionada” la medida y hacen un llamado a su derogación inmediata.
* Sin personal idóneo para las embarcaciones, se afectará la pesca de langosta, segundo renglón de exportación de San Andrés, después del turismo.
Agricultura & Ganadería
(San Andrés – Miércoles 18 de octubre de 2023).- En un ‘mar de dudas’ se sienten pescadores artesanales y comerciales con la resolución 1972 de 2023 emitida recientemente por el Gobierno Nacional a través de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), la cual establece que solo residentes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, podrán trabajar de forma permanente. Esto también se convierte en requisito para el otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones que quieran ejercer la actividad pesquera en la isla.
Una medida que ha sido calificada por pescadores artesanales comerciales como “desproporcionada e injusta”, si se tiene en cuenta que el decreto de la Oficina de Control Circulación y Residencia (OCCRE), permite a todos los sectores de la economía la posibilidad de contratar a personal foráneo en caso de no conseguirlo en la isla.
“Así como el sector comercial, hotelero y de construcción pueden contratar mano de obra foránea, quienes estamos en el negocio de la pesca tenemos los mismos derechos. Y no es que no queramos contratar isleños, es que no hay quien trabaje en faenas de pesca de más de 20 días. Diferentes asociaciones hemos hecho convocatorias, a través del SENA, pero es casi imposible conseguir capitanes, buzos y tripulantes para faenas así de largas”, expresó Jesús Quejada Pomare, propietario y armador de la motonave Cap. JJ, quien agregó que todo el personal que se contrata cumple con todos los documentos exigidos por la OCCRE.
“Yo no consigo personal local que quiera salir a realizar faenas de pesca de 20 – 25 días. Quizás hay isleños que se le miden a pescar entre dos y tres días, pero no a jornadas superiores a los 20 días que es el tiempo mínimo para poder llegar a los bancos del norte y desarrollar una faena rentable”. Entonces por qué me discriminan a mí, y los hoteles y el comercio sí pueden contratar cuanto personal foráneo necesiten y yo no. ¿Por qué soy pescador y porque soy pobre?”, cuestionó Lenard Mosquito, propietario y armador de la embarcación Miss Ida.
Otro motivo de preocupación es que la misma restricción de contratación de extranjeros, para actividades tan específicas como la pesca en faenas de hasta 60 días, pone en riesgo ingresos por $9.000 millones al año y los cerca de 330 empleos directos e indirectos que se generan como resultado de esta actividad legal.
Un nuevo golpe, que se suma al fallo de La Haya
A la pérdida de 75.000 km2 de zonas de pesca para colombianos, esta nueva medida pretende generar una falsa contradicción entre los pescadores artesanales que realizan su actividad en pequeñas embarcaciones, entre uno y cinco días, y los pescadores artesanales comerciales, cuyas faenas son de mínimo 20 días.
Ambos tipos de pesca se realiza en diferentes cayos (unos al norte y otros al sur), y a diferentes profundidades, por lo que no compiten por el mismo recurso, ni los primeros tienen situación alguna de desventaja. Son actividades con equipos y requerimientos de tripulaciones distintos. “Acá la verdadera competencia, y desleal, es con la pesca ilegal extranjera. Las zonas donde las embarcaciones colombianas legales no hacen presencia son rápidamente ocupadas por embarcaciones ilegales de Nicaragua, Honduras y República Dominicana que arrasan con los recursos y los ecosistemas con sus métodos de pesca predatorios”, señaló Spencer Chow Davis, armador de la embarcación Sishell.
Así mismo, al limitar la contratación de personal idóneo para las embarcaciones colombianas, el sector no solo se enfrenta a una fuerte caída de los volúmenes de captura, sino también al descenso de los precios de compra al pescador en más de un 40% de la langosta, producto insignia en la región. “El precio de la cola de langosta fácilmente puede bajar a $60.000 el kilo en caso de que perdamos la posibilidad de seguir exportando”, dijo Charles Hawkins propietario y armador de la embarcación Mariscos y representante legal de la Cooperativa Real Fisherman de la isla de Providencia.
Los pescadores artesanales insisten en que no los discriminen, pues esta actividad hay espacio para todos los tipos de pesquería dentro del departamento. Las zonas de pesca son lo suficientemente amplias y de diversas profundidades para el desarrollo de la cuota de 150.000 kilos de langosta, sin comprometer la sostenibilidad del recurso pesquero ni de los ecosistemas. Así pues, después del ‘coletazo’ que dejó la ratificación del fallo del 2012 de la Haya, de la pandemia y posteriormente del devastador paso del huracán Iota, la resolución de la AUNAP, se convierte en un nuevo golpe a la dinámica pesquera, que afectaría drásticamente su subsistencia. En ese sentido, pescadores artesanales hacen un llamado al Gobierno Nacional a derogar la medida por ser ilegal, abusiva y discriminatoria.
