* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 26 de agosto de 2023).- No me refiero a la extinción JUDICIAL sobre bienes adquiridos ilícitamente, conocida por la opinión pública, sino a otra figura de nuestro ordenamiento jurídico, a todas luces excesiva: la extinción de dominio ADMINISTRATIVA sobre la tierra legalmente adquirida, por el presunto incumplimiento de su función social y ecológica.

Pues bien; la Ley del Plan de Desarrollo, promulgada el pasado mes de mayo, terminó con un “añadido” de última hora, los numerales 5 y 6 del artículo 61, sobre “Mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria”, título engañoso, pues al eliminar garantías procesales y endurecer los términos de la extinción de dominio, la convirtió en un instrumento sumario y administrativo, es decir, sin la intervención de un juez, remplazado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para “obligar” al propietario a la “oferta voluntaria”.

Gravísimo, pues lo que plantea el artículo es un verdadero “dilema extorsivo”: o me vende la tierra que quiero comprar…, o se la quito; no en vano fue bautizado como “expropiación exprés”, un término que le queda corto, pues la expropiación conlleva indemnización, en tanto que la extinción de dominio es un castigo equiparable al impuesto a un criminal.

Semejante mecanismo representó un mensaje contrario a lo que el presidente, pocos meses atrás, calificaba de histórico: el Acuerdo entre Fedegán y el Gobierno para la compra directa y voluntaria de tierras para Reforma Agraria, bautizado como “Acuerdo para la materialización de la paz territorial”.

Para entonces, manifesté que “Los ganaderos seguiremos cumpliendo el acuerdo (…) a pesar de la inclusión del artículo 61, que abre caminos sumarios a la expropiación y alcanzó a destruir la confianza…”, añadiendo, en modo de reclamo, que “construir confianza está detrás de los resultados, y los resultados están detrás de la paz”.

Petro, desde el comienzo de su gobierno, reiteró que no habría expropiación, sino compra, muy en línea con el Acuerdo firmado con Fedegán. En mayo, a raíz de las reacciones al artículo 61, desde España dejó claro algo que es cierto: “Nosotros no estamos proponiendo expropiación, eso existe en la ley. No necesitamos ley para eso”; pero al mismo tiempo quedó el interrogante, que hoy resurge con el proyecto de decreto reglamentario.

Si ya existe ley para eso…, entonces, ¿por qué el artículo 61, que le resta garantías al propietario y convierte en sumaria y administrativa la extinción de dominio?; ¿por qué, ahora, un decreto que rebasa la potestad reglamentaria del Gobierno y concentra en la ANT competencias ambientales y hasta tributarias? ¿Quién está detrás de esto?

En un país con una institucionalidad ambiental “autónoma” y “clientelizada” a nivel regional, y una normatividad inaplicable en vastas regiones, ya sea por falta de gestión o por la presencia de grupos ilegales; es más, en un país en que 300.000 hectáreas de coca no logran ser objeto de extinción judicial de dominio, ¿esta misma figura se aplicaría sin reparos, como una mera decisión administrativa contra propietarios legales que no quieran vender?

Si el Gobierno ha decidido comprar la tierra; si tiene 5 billones para ello en esta vigencia, y si hay tierras disponibles, como manifestó el director de la ANT en reciente entrevista, entonces, ¿para qué minar la confianza y enrarecer el ambiente, cuando hay un proceso de oferta voluntaria que ha funcionado, a pesar de la lentitud en la compra, de apenas 33.000 hectáreas? Repito, ¿quién está detrás de esto?

La ministra, en quien reconozco una actitud asertiva, ofreció una mesa de trabajo para revisar el proyecto de decreto. Allá estará Fedegán y, en el entretanto, los ganaderos… seguiremos expectantes.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Domingo 22 de octubre de 2023).- En los primeros meses del Gobierno, cuando sus anuncios sobre reforma agraria desencadenaron una oleada de invasiones, a la que respondimos, como hoy, con un ejercicio pacífico de buena vecindad que llamamos “Brigadas Ganaderas Solidarias”, el senador Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz y Posconflicto del Senado, con quien no tenía relación alguna, me contactó para proponerme construir un gran acuerdo con el Gobierno para facilitar la compra de tierras con destino a la Reforma Rural Integral.

Y así fue; conversamos y llegamos a un acuerdo posible, que el Gobierno aceptó y terminamos firmando. ¡Lo hicimos! Un mes después, como consecuencia de lo anterior, acepté la pública invitación del presidente Petro, en pleno Congreso Nacional de Ganaderos, a hacer parte de los diálogos con el ELN.

¿Por qué lo hice? Desde esas primeras charlas con Iván Cepeda quedaron claros dos factores importantes; el primero, que la Reforma Rural Integral, como promesa de campaña, programa de Gobierno y punto de honor del presidente, se haría SIN nosotros o incluso CONTRA nosotros; y el segundo, que aún en medio de reconocidas diferencias, teníamos con el Gobierno puntos de encuentro alrededor del desarrollo rural y, en consecuencia, el mejor camino era una reforma agraria “CON nosotros”, a partir de “lo que nos une”.

¿Qué nos une a los ganaderos con el Gobierno Petro? He sido reiterativo en esa respuesta: Primero: que la paz pasa, necesariamente, por la recuperación económica y social del campo.  Segundo:  que Colombia tiene condiciones para convertirse en potencia agroalimentaria; y tercero: el reconocimiento del derecho del campesino a la tierra, pero entendiendo que un título de propiedad no lo saca de la pobreza, sin las condiciones y bienes públicos que hacen a la tierra realmente productiva y un proyecto de vida digno; y entonces volvemos a la urgente recuperación del campo.

Hoy, a partir de su claridad sobre la política de paz del Gobierno y de sus responsabilidades desde la comisión senatorial que preside, el senador Cepeda, una vez más, mete baza en el ambiente enrarecido que generaron los proyectos de decreto del Ministerio de Agricultura, en los que, primero, se convierte en “administrativa” la extinción de dominio sobre la tierra legítimamente adquirida, y segundo, se “llama a la movilización campesina” en defensa de la reforma agraria y el acceso a la tierra.

Un político avezado como el senador Cepeda, no dudó de la capacidad de generación de conflictos de los dos decretos, no solo para la Reforma Rural Integral, sino para la paz. De ahí el inmenso valor de su iniciativa de llevar la Comisión de Paz del Congreso al Ministerio de Agricultura, para abrir allí mismo un espacio de diálogo con la participación de Fedegán.

De inmenso valor el alcance acordado en esa primera reunión al acompañamiento de la Comisión, no solo como garante pasivo, sino como participante activo, como bien lo planteó la senadora Paloma Valencia, para la concertación de los decretos y el seguimiento al Acuerdo.

Ahora bien, las convicciones compartidas no son suficientes; pero hoy tenemos voluntad política y un acuerdo funcionando, con ofertas superiores al millón y medio de hectáreas y más de 700 mil viables para compra, como lo informó el director de la Agencia Nacional de Tierras en la reunión. Como nunca, hay tierras para comprar y recursos para comprarlas.

En este escenario, el acompañamiento de la Comisión de Paz del Senado le da al Acuerdo de Tierras una connotación de Estado, apuntala la unión de propósitos y es un mensaje positivo para el país.

De mi parte, el mensaje seguirá siendo: Si nos une un objetivo común…, ¡Hagámoslo!

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Domingo 22 de octubre de 2023).- “La CTFLM (de masas) no puede ser vista como un delito sino como una de las formas de la resistencia al terrorismo de Estado y, como un resultado de las formas dictatoriales de gobernar la burguesía colombiana.” …. Semanario Voz, 10 de abril de 2021. La CTFL, es la utilización de todos los medios para hacerse al poder público, logrado el objetivo, permanecer en él. Lo han desarrollado tanto la izquierda armada y violenta como los paramilitares.

Al analizar todo el acontecer político de los últimos cinco años, encontramos un actor principalísimo en la utilización de la CTLFL para lograr hacerse al poder; desde el inicio del Gobierno Duque, quien funge hoy como Presidente formal, amenazó y a fe que lo logró, no dejarlo gobernar. La calle se convirtió en su aliada, levantó la población por cualquier decisión, solo paró temporalmente ante el embate del COVID 19, medianamente superada la pandemia, con Gustavo Bolívar, incendio Colombia con la creación de las primeras líneas. Su estrategia rindió frutos, hoy está sentado en el solio de Bolívar, eso sí, rodeado de escándalos sobre la financiación de su campaña política, que le tienen ad portas del Juicio Político por sobrepasar los topes de financiación.

Ya en el ejercicio del Cargo, se encuentra errático en sus decisiones políticas al perder gran parte del respaldo popular. Las políticas de Petro no encuentran su asidero en las grandes ciudades, su fortaleza política la construye desde la ruralidad y pequeños Municipios y poblados, donde las necesidades abundan.

Para sembrar y regar las esperanzas en el sector, se aprobó el A.L. 1/2023, reconoce que “El campesino es sujeto de derechos y de especial protección”, colocando a esta población en igualdad de condiciones de grupos étnicos y afros. 

El ejecutivo ha tomado como bandera La Reforma Agraria; tierras productivas a desposeídos o aquellos que les sea insuficiente. Para ello se venía acompañando con la facilitación de Fedegan la compra de tierras a ganaderos, que voluntariamente se pongan a disposición de colocarla en venta al Estado. La ruptura de la confianza empieza a derrumbarse con la introducción del art 61 del Plan Nacional de Desarrollo que consagra la expropiación exprés.

La mayor y peligrosa amenaza desde el gobierno, es el ”Llamado a la movilización y organización campesina”, que está haciendo con el proyecto de Decreto al levantamiento de las comunidades campesinas para que presionen la Reforma Agraria y defiendan la entrada en vigencia del proyecto de expropiación expres.

Dos puntos a tener en cuenta:

 Art 2. … “Estos espacios garantizan la autonomía política de las comunidades campesinas y étnicas, se constituyen en instituciones sociales territoriales”. ¿Supone la balcanización de los territorios?, ¿qué papel quedan jugando allí las administraciones Departamentales y Municipales? Se pone en peligro la integridad territorial de la Republica a través de esta “Autonomía”. ¿Esta es la vía constitucional para la reglamentación del A.L, # 1/ 2023?

Art 5. … “Todas las entidades de todos los Sectores Administrativos de la Administración Pública promoverán la movilización y organización de las “Asambleas Campesinas por la Tierra”, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes” …. ¿La financiación de estas entidades “autónomas” se hará con recursos del Estado, su estructuración, formación y puesta en funcionamiento?; ¿Quién administrará, distribuirá los recursos, serán los políticos afines a la izquierda Petrista y las organizaciones afines que hacen parte de la Paz Total?

Nos queda como herramienta constitucional, la suspensión provisional de las normas jurídicas por la Corte Constitucional, cuando sean contrarias a la Constitución Nacional a solicitud o de oficio, al momento en que entre en vigencia. Es necesario que la sociedad solicite de forma masiva el ejercicio de esta facultad, así se evitará que el ejecutivo administre sobre la “Presunción de Legalidad” de los actos jurídicos mientras que la C. Constitucional ejerce su facultad de control constitucional.* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Domingo 22 de octubre de 2023).- Al tiempo que, en Suárez, Cauca, se firmaba un Acuerdo entre el Gobierno y el autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, en Corinto, también en Cauca, el EMC se daba bala con el ELN y, hoy, arrogante, culpa a la Fuerza Pública por intervenir, como si nuestros héroes pudieran abandonar a su suerte a las comunidades aisladas o desplazadas.

Esta historia de violencia se repite en la Colombia cocalera, cada día más extensa: en Chocó, Nariño, Catatumbo, Arauca, sur de Bolívar y donde quiera que esa mancha verde-clara de coca se expande, destruyendo, corrompiendo y afectando también a la Colombia urbana, con su secuela de inseguridad por cuenta de las bandas del microtráfico, que mostraron su poder durante el ataque terrorista disfrazado de estallido social y “movilización ciudadana”.

En marzo, la “movilización campesina” en Los Pozos, Caquetá, con alerta temprana de Procuraduría y Defensoría sobre infiltración de las disidencias, terminó con un campesino asesinado, un policía degollado y 70 compañeros en “cerco humanitario”, ¡vaya eufemismo!; las instalaciones de la petrolera Energy destruidas y el retiro de la empresa, con pérdida de empleos, regalías, impuestos… ¿Quién ganó?, el grupo ilegal, que fortaleció su control territorial sobre una población sometida y hoy empobrecida.

Porque “el palo no está para cucharas”, no son gratuitos mis reparos a esa combinación explosiva del proyecto de decreto que reglamenta la extinción administrativa del dominio, primero, y el más reciente, en el cual, desde el título y el primer artículo, se hace un “Llamado a la movilización y organización campesina” para, entre otras cosas, la defensa de la reforma agraria y el acceso a la tierra.

Ahora bien, mis reparos no buscan controvertir, sino advertir, porque el buen aliado no es el que aplaude, sino el que advierte los problemas y mueve a la reflexión, el que confronta con argumentos y respeto a la diferencia, porque el disenso, o mejor, la búsqueda de su antónimo, el consenso para facilitar la convivencia es fundamento de la democracia.

Hecha esta salvedad, me surgen las preguntas: ¿Tiene sentido que el Gobierno promueva la movilización para defender la reforma agraria, si, primero, nadie la está atacando, y segundo, la reforma agraria INTEGRAL, es decir, no limitada a un título de propiedad, es responsabilidad del gobierno mismo?

¿Tiene sentido que el Gobierno promueva la movilización para defender el acceso a la tierra, cuando ha ofrecido comprar la necesaria para entregarla a los campesinos y, para ello, firmó un Acuerdo con Fedegán, que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo, el cual disparó las ofertas voluntarias de venta, que hoy sobrepasan el millón y medio de hectáreas, de las cuales más de 700 mil están listas para compra, además de las cerca de 500 mil que la  justicia les ha quitado a los delincuentes y están en poder de la SAE? 

Al 30 de agosto, en esa Colombia cocalera, entre el Clan del Golfo, el ELN, el EMC y otras disidencias, tuvieron 80 confrontaciones y cometieron cerca de 1.200 acciones delictivas; entonces, si la situación de orden público es tan crítica y, de contera, atravesamos un año difícil de elecciones regionales, ¿tiene sentido que el Gobierno promueva la movilización campesina, a sabiendas de los riesgos de instrumentalización violenta de las comunidades que se movilizarían, por cuenta de grupos ilegales que detentan control territorial en más de 300 municipios?

Definitivamente, sin menoscabo del derecho a la movilización pacífica, promoverla desde el Gobierno no es buena idea; el Estado está para garantizar derechos, no para promover movilizaciones. El Gobierno no debe olvidar que es el responsable del orden público… y el “palo no está para cucharas”.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie