* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Miércoles 27 de marzo de 2024).- Muchos poseedores de tierra en el país se podrán ver en problemas en el corto plazo, si han sido beneficiados por una sentencia favorable en procesos de pertenencia por prescripción adquisitiva de predios rurales que fueran baldíos propiedad de la Nación.

Es una información amenazante, sin duda, pero también algo confusa, por lo que es importante explicar los términos, comenzando por la “prescripción adquisitiva”, una figura jurídica mediante la cual se puede solicitar a un juez, en un “proceso de pertenencia”, el reconocimiento de la propiedad de un predio a partir de la demostración de su ocupación y utilización durante 5 o 10 años, según sea ordinaria o extraordinaria la prescripción. En el primer caso, además de las pruebas de ocupación existe un título válido, mientras que en el segundo solo se demuestra la ocupación de un predio que se reconoce como ajeno.

Pues bien, ese proceso es perfectamente legítimo cuando se trata de bienes privados, principalmente para sanear lo que se conoce como la “falsa tradición”, otra figura que no tiene que ver necesariamente con falsedad o dolo, sino con la existencia de títulos no inscritos, caso en el que el predio puede ser un “baldío”, o bien, de títulos imperfectos, muy comunes en nuestra ruralidad, donde si hay notaría no hay Oficina de Registro, lo que promueve una alta informalidad en las transacciones. De hecho, un estudio de la Superintendencia de Notariado y Registro (2018) estableció que podría haber más de 250.000 predios rurales en esa condición.

El problema es que ni la falsa tradición ni la prescripción adquisitiva son figuras aplicables a los baldíos de la Nación, que son “imprescriptibles”, a pesar de lo cual muchos jueces, por las razones que sea -algo que no me corresponde juzgar- han dictado sentencias de pertenencia sobre grandes extensiones de baldíos.

Por esa razón, la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU-288 de 2022, le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras que, en el término de un año a partir de la notificación de la sentencia, debía, primero: elaborar una base de datos de predios rurales sin antecedentes registrales sobre los cuales se hubiera proferido sentencia de pertenencia; y segundo: a partir de dicha base de datos elaborar un Plan Actualizado de Recuperación de Baldíos.

Ese plazo venció el pasado 17 de marzo, y lo que se conoce es que la ANT, en unión con la Superintendencia de Notariado y Registro y el Consejo Superior de la Judicatura, ya cuentan con una base de datos de más de 29.000 predios en esa condición de declaratoria de pertenencia dictada por un juez, cuando la única instancia competente para otorgar titulación de baldíos es la ANT.

En efecto, el artículo 65 de la Ley 160 de 1994 (Ley de Reforma Agraria) establece que “La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, solo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, (Hoy ANT)… Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa.”

Se estima que un 20% de esos 29.000 predios con sentencias improcedentes de pertenencia podrían ser de hasta una UAF, que es la cantidad de tierra para garantizar a una familia la subsistencia y generar algún excedente, los cuales, eventualmente, podrían ser sujetos de reforma agraria por vía de titulación por parte de la ANT.

El 80% restante, sin embargo, podrá enfrentar situaciones jurídicas complejas, al tiempo que el gobierno tendrá entre sus manos una verdadera “papa caliente”.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 23 de marzo de 2024).- En enero de 2024 se produjo el relevo en la Dirección de la Agencia Nacional de tierras (ANT), entre acusaciones de cifras alteradas y compra de predios inviables y con sobreprecios, como las fincas “La Grosería”, en Chimichagua, Cesar, y “Santa Fe”, en Majagual, Sucre, de 515 hectáreas entregadas a 48 familias y, al parecer, devueltas por los beneficiarios, pues, según uno de ellos, “es una tierra improductiva y sin vía de acceso”.

No me corresponde juzgar actuaciones, pero sí pronunciarme sobre resultados, no solo por los ganaderos que le apostaron al proceso, sino porque FEDEGÁN quiere seguir creyendo en que una reforma integral y transformadora es posible, entre otras cosas para acabar con “el cuento sesentero” de que la causa principal del conflicto y la pobreza en el campo es la distribución inequitativa de la tierra.

Desde siempre, los ganaderos hemos sido tildados de enemigos de la Reforma Agraria, así, a secas, en blanco y negro, con Dios o con el diablo, como surgen los estigmas en este país, y de estigmas sí que sabemos los ganaderos.

Si me preguntan, mi respuesta dependerá de sobre qué reforma agraria estemos hablando. Si se trata de dotar al campo de infraestructura física y social para una productividad competitiva, que permita la legítima rentabilidad y los fines del Estado, como la seguridad alimentaria, la ocupación pacífica del territorio, la superación de la pobreza rural y la competitividad en los mercados, yo soy amigo de esa reforma.

Si se trata de la reforma agraria expropiatoria, vendida como solución a la pobreza y supuestamente “integral”, pero siempre limitada a la redistribución minifundista de la tierra; esa reforma agraria que no ha logrado disminuir la pobreza rural, pues soy enemigo de ella.

Ahora bien, el Gobierno se comprometió con el componente de tierras de la Reforma Rural Integral del Acuerdo con las Farc, pero planteó cambios con el Acuerdo firmado con FEDEGAN que deberían generar esperanza, tanto por las compras a valor comercial, como por el propósito de no entregar “parcelas peladas”, sino soluciones integrales de producción y de vida; con vías, crédito, asistencia, riego, energía, asociatividad y soluciones sociales.

Sin embargo, hoy el proceso parece estancado. Con corte al 7 de marzo, a través del Acuerdo con FEDEGÁN se habían ofrecido a la ANT 1.365 predios por 587.089 hectáreas, de los cuales, según el último reporte de la Agencia (febrero 9), solo se han comprado 58 que suman 24.109 hectáreas y hay 12 con oferta de compra por 2.509 hectáreas.

El Gobierno hace otras compras y dispone de las tierras de la SAE, de las cuales ha hecho entregas sin que se conozcan proyectos productivos; pero sobre las canalizadas a través de FEDEGÁN no tenemos información de entregas ni de servicios de asistencia por parte de la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, que FEDEGÁN ofreció para proyectos de ganadería sostenible con Sistemas Silvopastoriles, pero nada se nos ha solicitado. De otra parte, hay 492 predios no viables, pero no conocemos las causas; 424 viables, pendientes de levantamiento y avalúo, y 335 sin analizar.

El anterior directivo, con quien trabajamos bien al margen de los rifirrafes de enero, anunció una meta de 1.500.000 hectáreas hasta 2026 y 800.000 para 2024 con una disponibilidad de ¡$5,1 billones! para compra de tierras.

Si es así, la tarea es larga y no hay tiempo que perder en los dos años que quedan. Por ello esperamos que Juan Felipe Harman le dé el nuevo impulso que necesita y merece la compra de tierras con debido acompañamiento a los beneficiarios, para retomar el camino hacia una reforma agraria verdaderamente integral.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Sábado 23 de marzo de 2024).- Al 20 de marzo del 2024, han pasado 31 años desde aquel sábado en 1993 en que partiste para no regresar, muy de mañana a “El Páramo” (Hoy no queda nada los lotes de arroz y potreros, que mirábamos desde lo alto del acueducto, ahora son solo socavones de extracción de Carbón), tu lugar de trabajo, y donde siempre quisiste que reposara tu cuerpo, allá en Becerril de los Campos, como siempre, a cumplir con tus obligaciones de padre y ganadero.

Allí en tu finca, en la ganadera te esperaron tus verdugos de las Farc-Ep, miembros operativos del Frente 41 comandado por Ricardo Juvenal Palmera Pineda o como se le conoce en el bajo mundo del hampa, “Simón Trinidad”, quienes de manera despiadada e inmisericorde, con sevicia, cegaron tu existencia cuando comenzaba a declinar el sol de la tarde de tu vida (55 años), hoy soy algo mayor que tú.

A partir de ese momento se desató la más atroz persecución a mi familia en particular y a todos nuestros ascendientes en general simplemente por ser gente de trabajo duro y constante.

Ahí, se fueron contigo lo trabajado a pulso hasta tu corta edad, una ganadería en el mejor momento, los desarrollos agropecuarios y el principio de lo que pudo ser y no fue, todo sin una explicación medianamente convincente.

Mi padre, Don Fabio Lacouture Acosta, hasta el momento de su atroz crimen, fue un hombre de trabajo y lucha constante, que pulseo la vida, en búsqueda de estructurar una familia que fuese exitosa, que pudiera cumplir con todas y cada una de obligaciones con la comunidad, ese fue su legado, dejar su prole capaz de prestar el mejor servicio a la sociedad.

Hoy después de tantos años de tu partida, ni la justicia, ni los representantes que comandaron a aquellas despiadadas Farc-Ep del frente 41 (Ricardo Juvenal Palmera Pineda), dan razón de los motivos o razones que los llevaron a ordenar cegar tu vida.

Nosotros como familia siempre hemos reclamado verdad y justicia. En mi caso ni siquiera reparación, solo eso verdad y justicia, todo ha sido un arar en el desierto, mientras veo a los que quedamos en mi familia contando las arenas del caribe inmenso, esperando, mientras tus asesinos están sentados en los cargos de poder.

No olvido tus enseñanzas, el incansable andar en búsqueda del porvenir, las esperanzas de que todo debía salir bien en el futuro ya pasado. Nunca olvido la confianza en las instituciones y la seguridad en medio de las adversidades, siempre viste el futuro, con confianza, esa misma que te llevó a los ejecutores para causar la atrocidad de tu asesinato.

Esperaste y creíste siempre que estabas aparte, lejos de que te llegasen a tocar, secuestrar o matar como seguramente fue ordenado desde la dirección del frente 41 de las Farc-EP a manos de los subalternos de quien siempre creíste fue tu amigo, (Ricardo Juvenal Palmera Pineda).

La crudeza de la realidad de la vida, la guerra desatada desde aquel entonces nos arrebató la posibilidad de contar de tu experiencia.

Las noches de cacería, las pescas en el Ranchón, las madrugadas vigilantes, los ordeños mañaneros, el beneficio de las reses para partir y repartir, los frutales de “El Páramo”, los baños en el Río Maracas, el riguroso cumplimiento de las vacunaciones, las visitas a maizales en las tierras que entregabas a los menos favorecidos a cambio de limpieza del área después de tres periodos; todo  quedó en la historia de mi memoria, como el mejor de los recuerdos y enseñanzas, cuanta falta nos hiciste, de haber estado, seguramente no habríamos cometidos tantos y tantos errores.

Salúdame a Beatriz Eugenia y Fabio Hernán, seguramente están contigo disfrutando de la luz divina del señor.

P.d.: Te la debía hace muchos años.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 16 de marzo de 2024).- La leche ha sido, en muchas culturas y religiones, símbolo de alimento por excelencia y de prosperidad; símbolo de vida. No en vano Yahvé le prometió a Moisés, como un destino de redención tras la esclavitud, como un verdadero renacer, que llevaría a su pueblo a “una tierra donde mana leche y miel” (Éxodo 3-17). ¿Qué hacer para que, en un país que quiere ser “potencia de vida”, a nadie se le niegue un alimento que es vida?

Colombia sobrepasó los 7.000 millones de litros de producción anual de leche, pero la industria formal no acopia siquiera el 50% y, adicionalmente, aunque el consumo promedio es de 155 litros persona/año, mientras un colombiano de estratos altos consume hasta 190 litros, uno de los sectores populares apenas alcanza los 37. 

Tan inequitativa distribución está ligada a la pobreza. En 2022, el 33,6% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza monetaria, es decir, tenía un ingreso mensual de hasta $396.864, mientras el 11% sufría pobreza extrema, con no más de $198.698. En el campo la situación es aún más crítica, con 45,9% de pobreza monetaria, ¡la mitad de la población!, una condición que, dicho sea de paso, cobija a los productores de leche, en su mayoría pequeños campesinos minifundistas.

Pero los porcentajes esconden la realidad, que se destapa cuando ese 33,6% se transforma en más de ¡18 millones! de pobres, y ese 11% en casi ¡7 millones! que, en 2022, vivían y, por supuesto, comían con $6.600 pesos diarios.

Así pues, el tema de la desnutrición no  se limita a la niñez y la mortalidad infantil, pero aunque un solo niño muerto es una desgracia, y una enorme que murieran por esa causa 325 en 2022 y 246 en 2023, la desnutrición invisible, esa que no mata niños ni adultos, pero disminuye su humanidad a límites aberrantes, es un universo dantesco de 18 millones de humanos viviendo en condiciones “infrahumanas”, pues una persona  que apenas llega a los $400.000 mensuales de la pobreza monetaria, si paga arriendo no come.  

Por ello, en carta reciente a la ministra de Agricultura, al tiempo que le expuse las disfunciones de la cadena láctea, que afectan a los productores de leche y muy especialmente a lo que hacen parte de la pobreza rural, le planteé propuestas para romper esa inequidad estructural del consumo, propuestas que hemos presentado a todos los gobiernos, desde hace 20 años, siempre recibidas con “buenos ojos” pero con escasa voluntad política.

La primera es un fondo tripartito para que el presupuesto nacional, los recursos ganaderos y la industria, se unan, para que esta última ofrezca a los sectores populares leche pasteurizada -no ultra-, en empaque sin pretensiones y sin gastos de publicidad.

Otra propuesta posible es una reorientación de las compras públicas, con leche de producción nacional en la dieta diaria de la Fuerza Pública, en los jardines del ICBF y en la mezcla de la bienestarina; leche diaria y no jugos azucarados como elemento obligatorio para los contratistas del PAE, para que los niños reciban en la escuela lo que no reciben en sus casas.

Hay que hacer algo para que la leche deje de ser un costoso producto en hermosas cajas que cuestan más que lo que contienen; hay que hacer algo para que a más de 300 mil pequeños ganaderos, muchos de ellos dentro de las cifras de pobreza rural, no les paguen por un litro de leche en finca menos de lo que cuesta cualquier bebida azucarada.

Hay que hacer algo para convertir a Colombia en un país donde mane leche… para todos.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 15 de marzo de 2024).- Luego de asistir a la socialización del Proyecto de Resolución que busca la regulación del Bienestar Animal, en particular la reglamentación del transporte marítimo de ganado en pie a los mercados globales, en el que se discutieron dos puntos básicos:

A/ Pesos Mínimos promedios.

B/ Espacio Mínimo vital por res en el transporte de ultramar.

Respecto a pesos mínimos al embarque, la propuesta presentada arranca como se plantea en la Resolución 097977, con pesos desde 70 k por cabeza, disminuyendo los eslabones entre pesos, disipando así el fuerte movimiento que hubo con la pretendida regulación iniciando en 350k.

Hoy el peso “promedio” por novillo entero a despachar, es de 350 k, mediante acuerdo entre ICA y exportadores.

La propuesta es, fijar un peso mínimo para exportar individual de 250 kg, lo que abriría espacios importantes en el mercado al 89 % (554.470), de los pequeños propietarios de predios con menos de 25 reses, que no cuentan con áreas, ni pasturas suficientes para llevarlos a pesos superiores.

Referente al espacio por res en el buque, la propuesta del ICA es un aumento del 20% de los actuales, pasando 1.4 Mts2 (Espacio que aplica hoy el ICA para autorizar embarques tomando el promedio de 350 kg por cabeza), a 1.7 metros atendiendo “La regulación para estos eventos que impone la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)” de acuerdo a lo expuesto por el Dr. Brito del ICA, pues bien resulta que “No” se trata de una “reglamentación” para transporte marítimo, son “recomendaciones” de espacios para transporte terrestre dado el efecto aceleración que sufren las reses en el traslado por frenado y arranque. Este efecto no se presenta en el transporte marítimo o fluvial, lo que le hace inaplicable para estos casos.

En conclusión, no es cierto que estemos frente a una “Reglamentación”, se trata de “Recomendaciones”, para transporte terrestre en Europa, que no han sido adoptadas aún en muchos países de la U.E. En Colombia no existen estudios que validen y den solidez a tal propuesta para nuestro ganado de características diferentes (Bos Indicus), al europeo (Bos Taurus).

En aras de complacer a un grupo minoritario animalistas, no es posible castigar a la gran mayoría de pequeños ganaderos respetados funcionarios del ICA.

Si revisamos con detenimiento los espacios individuales que ofrece hoy Colombia frente a nuestra competencia encontramos que aun con la actual regulación (1.4 Mts2), estamos más allá de lo que la competencia regional (Brasil) por res (1.28 Mts2) ofrece. Lo que se ve reflejado en los indicadores de pesos al desembarco de llegada donde se reportan pesos promedios iguales al despacho (55%) y, en no pocas ocasiones (30%), se encuentran ganancia de 13k, solo el 15% disminuye.

La satanización al estigmatizar la exportación vía marítima de reses vivas en Colombia como “Barcos de la Muerte”, por la Senadora Animalista Padilla, queda totalmente desvirtuada al obtener la información certificada por el Dane que indica la tasa de mortalidad en el viaje de ultramar en 0.13% de reses embarcadas, mucho menor a la que se tiene aceptada en campo del 0.2%.

Ahora bien, en los municipios de categoría 6 y 7 según el Dane, la tasa de mortalidad humana, es del 0.17%, lo que nos llevaría en vocablos de la Senadora a concluir que en Colombia estos son Municipios de la Muerte.

Es necesario analizar la actual coyuntura que atraviesa la producción de leche, entiéndase, sí el ganadero no tiene el capital suficiente, como no lo tienen el 89% de los propietarios de pequeños predios en Colombia, no debe intentar el negocio de lechería, este requiere altas inversiones en genética, pasturas y tecnologías especializadas para que sea rentable, la única salida que queda es la exportación de machos en pie a exportadores que son quienes están participando activamente en la formación del precio equitativo acorde al precio global, dando valor a la ganadería y precio al ganado.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 8 de marzo de 2024).- Esa fue la pregunta de Yamid Amat en una reciente entrevista sobre el Reporte Anual sobre Estrategias para el Control Internacional de los Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU., y sobre nuestra propuesta de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz.

Mi respuesta, ante el preocupante escenario actual de violencia, fue casi automática: “Con este informe, no sabemos para dónde vamos”.

Ahora bien, la pregunta no se entiende sin cifras. Según la medición conservadora del Sistema de la ONU, el SIMCI, en 2020 Colombia tenía 143.000 hectáreas de coca, 204.000 en 2021 y 230.000 en 2022. Aún no hay cifras de 2023, pero tampoco señales del quiebre de la tendencia incremental.

¿Dónde estamos entonces? En medio de una ola de violencia generada por grupos armados ilegales de toda laya, sometiendo a la población y enfrentados por el control territorial para proteger el narcotráfico y sus rentas ilícitas derivadas.

La semana anterior señalé la advertencia del Informe de Derechos Humanos de la ONU, sobre la pérdida de gobernabilidad derivada del control de los bandidos en los territorios, y esta semana se recibió el Reporte Anual sobre Control de Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU, que apela, como el de la ONU, a un lenguaje diplomático a dos bandas, con el reconocimiento a las políticas del Gobierno, pero también un duro cuestionamiento a sus resultados.

En efecto, el Reporte reconoce aumentos en interdicción y destrucción de laboratorios, y resalta el enfoque y objetivos de la actual política antidrogas, que apunta a reorientar hacia actividades lícitas a 50.000 pequeños productores de coca, para reducir así 90.000 hectáreas para 2026.

Sin embargo, el Departamento de Estado señala aspectos negativos sustanciales, comenzando por el aumento continuado de los cultivos y la necesidad, para detener esa tendencia, de fortalecer la seguridad y emprender políticas sostenidas de desarrollo rural, planteamiento que coincide con nuestra consigna de que “La paz pasa por la recuperación del campo”.

Adicionalmente, señala que el Gobierno menospreció la erradicación forzosa, lo cual generó una caída del 70%, con apenas 20.000 hectáreas en 2023; y de contera, agrega que no hay claridad en los recursos para la política de drogas, ni un mecanismo de coordinación de alto nivel para su implementación, sobre todo en territorios con débil presencia institucional.

Entonces…, ¿qué hacer? En principio, la responsabilidad de garantizar la seguridad es del Estado, pero es también un derecho y un deber ciudadano participar en nuestra propia seguridad, premisa en la que se inscriben los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, sobre los cuales insisto:

No son una novedad, pues ya existen más de 33.000 en todo el país como parte de una política de vieja data de la Policía Nacional.

No son la resurrección de las Convivir, pues respetan el monopolio de las armas en cabeza del Estado y se basan en la colaboración pacífica con las autoridades, a partir de tecnologías de información y comunicaciones. 

No se limitan a una colaboración esporádica con la Fuerza Pública, sino a la articulación cercana con las autoridades locales civiles y militares, es decir, también con el alcalde, el personero, el fiscal y el juez.

No son solamente de ganaderos, sino ojalá de todos los sectores agropecuarios y actividades rurales: comercio, transporte, vecindad veredal, etc., razón por la que presenté la iniciativa al Consejo Gremial Nacional. 

Y finalmente, son un asunto de igualdad. Si los Frentes de Seguridad urbanos son calificados de legítima colaboración con las autoridades, ¿por qué los rurales son tildados de paramilitarismo?

Solo cuando Colombia abandone la estigmatización y los odios infundados, podrá avanzar en el camino hacia la paz.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 1 de marzo de 2024).- El sector agropecuario en este gobierno pareciera estar condenado al fracaso, he seguido con atención los movimientos políticos mediante los cuales esta administración busca, quizá con más inocencia que buena fe, convertir a Colombia en potencia agroalimentaria. Se dice que los opinadores son repetitivos en sus propuestas, pero ante los errores, a mí juicio, que se cometen desde las cúpulas de decisión, no queda más que insistir en lo que creo es oportunidad de solución para que el sector tome un real impulso y se haga realidad el fin perseguido.

Se ha repetido desde esta pequeña buhardilla: Lo primero que hay que asegurar para que el sector sea garantía de productividad efectiva es la “infraestructura productiva básica permanente”, sólo el Estado a través de la institucionalidad tiene la capacidad económica de hacerla realidad dados sus altos costos y la competencia jurídica para la toma de decisiones.

En un país ecuatorial, el nuestro, con dos estaciones marcadas, invierno y verano, de gran severidad, hoy se presentan con periodicidad y frecuencia los fenómenos del niño y niña y, el impacto del cambio climático, se hace necesario que se creé  el Sistema de Riegos y Drenajes que permitan a los empresarios del campo garantizar producciones estables, útiles, que no queden al vaivenes de periodos de inundaciones y sequías, que conduzcan a diluir los esfuerzos para  lograr el bienestar propio y, aportar a la Seguridad Alimentaria de la Nación. Mientras no se dé así, pueden existir todos los proyectos productivos que se quieran por parte y apoyo del Estado, que jamás cosecharán los frutos abundantes esperados, agricultura se escribe con “A” de agua. 

Es indispensable que se mantengan las vías secundarias y terciarias existentes, como la creación de nuevas transversales que permitan colocar insumos y producción del sector en los tiempos necesarios para asegurar la entrega de frutos en las condiciones que los mercados nacionales o extranjeros lo están solicitando. Mejores vías garantizan mejores ingresos al empresario del campo.

Estructuración de programas de acceso al crédito de manera efectiva a tasas preferenciales, subsidiadas, acompañada con la garantía de aseguramiento de cosechas por los eventos climáticos y precios de los productos.

Retomar programas exitosos como lo fue Agricultura por Contrato, cumplió con dos funciones primordiales:

1. Garantizar la comercialización de lo producido antes de emprender la tarea de producción y,
2. Servir de garantía suficiente para acceder al crédito agropecuario de manera preferencial.

Dinamizar el sector con seguridad productiva es la mejor garantía que puede tener la Nación en su Seguridad Alimentaria. De no ofrecerse estos básicos e insistir en una reforma agraria soportada en la mera entrega de tierras, sujeta en la existencia de proyectos productivos temporales, sin garantías de Integralidad Permanente, es el camino corto al fracaso edificado en buenas intenciones sin solidez suficiente que logre hacer de Colombia la pretendida potencia mundial agroalimentaria. La tierra sin infraestructura básica permanente, no es solución de ninguna clase, por el contrario, es carga adicional a quien se le entrega al nuevo tenedor. El crecimiento del sector no puede estar montado sobre proyectos políticos que garanticen la dependencia socioeconómica de quienes se favorecen de los beneficios temporales que ofrece el Estado, no, el soporte del sector debe estar apoyado en proyecciones de mediano y largo plazo que garanticen seguridad que las inversiones que se intente sean productivas.

¿Por qué en el gremio ganadero el 89% de los predios son de pequeños ganaderos? La razón es clara, al ganadero le gana la sensatez, de nada sirve intentar producción agrícola sino se tienen los básicos absolutamente garantizados, la ganadería en pequeña escala garantiza estabilidad e ingresos permanentes promedios para el sostén básico del núcleo familiar.

Prueba de la necesidad de la infraestructura productiva básica es la muy baja colocación de créditos a pequeños empresarios del campo y, la alta tasa de incumplimiento de la cartera por pagar en los créditos entregados a este segmento. De nuevo Agricultura (Agricultura y Ganadería) se escribe con “A”, el sector no puede ser instrumentalizado para lograr permanencia en el poder.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 17 de febrero de 2024).- 18 de enero. Cientos de personas invaden la finca ‘La María’, municipio de La Paz, Cesar; incendian, arrasan lo que encuentran a su paso e instalan sus ranchos. “Primero se cansa el ganadero, antes de que nos saquen”, fue su amenaza a los propietarios.

5 de febrero. Es secuestrado el ganadero Óscar Mauricio Torres, en la Hacienda Yarí, municipio de Tauramena, Casanare.

13 de Febrero. 28 novillos son hurtados de la Hacienda Betulia, municipio de Maceo, Antioquia.

14 de febrero. Cuatro camiones con ganado, es decir, entre 50 y 60 animales adultos son hurtados en la Hacienda La Ignacia, municipio de Caimitos, Sucre.

Un informe reciente de la Policía Nacional da cuenta de ¡33.650! casos denunciados de robo de ganado entre 2010 y 2023; un promedio de 1.300 al año, de cuatro por día y una estimación de más de 3 millones de animales robados.

De la extorsión ni hablar. Es un impuesto oculto y maldito que nunca se fue de las regiones ganaderas, protegido por el silencio a que obliga el miedo a la pérdida del patrimonio, de la libertad o de la vida.

Hoy, más de 400 municipios en la extensa ruralidad colombiana, casi la mitad del país, están bajo control territorial de los bandidos, afectando la vida campesina, la producción agropecuaria y la ganadería principalmente. ¿La razón?: Porque la “paz estable y duradera” de Santos, que nunca llegó, se convirtió en “violencia creciente y duradera” al amparo de la permisividad con el narcotráfico, en lucha por la expansión del control territorial que el Estado ha perdido, dejando a merced de los violentos a millones de compatriotas.

Ese entorno de violencia generalizada es el porqué de los “Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera” que impulsa FEDEGÁN y cuyo diseño y organización encomendamos a un verdadero experto, el general (r) Fernando Murillo, exdirector del Gaula de la Policía, de la Dijin y de Interpol Colombia.

Como ha explicado el general Murillo, no “inventamos el agua tibia”, pues los Frentes de Seguridad son un programa de la Policía Nacional, basado en la colaboración ciudadana con la Fuerza Pública. De hecho, existen más de 10.000 Frentes de Seguridad Ciudadana en los barrios de nuestras ciudades y más de 4.000 Frentes de Seguridad Empresarial.

Ahora, ¿para qué? Para recuperar el territorio, porque ¡el territorio no puede ser de los bandidos!; para construir un “Tejido Solidario de Protección” que actúe como muro de contención contra la delincuencia y derrote el miedo a punta de solidaridad y colaboración con la Fuerza Pública y las autoridades, porque no hay peor consejero que el miedo, que trazó el camino de experiencias pasadas que el país no quiere volver a transitar. Y el gran para qué: la gente; para devolverle la paz y las posibilidades de progreso.

Finalmente, el cómo. Primero, con “articulación virtuosa” con la Fuerza Pública y las autoridades; con sus altas instancias, por supuesto, pero más importante aún, con quienes están en los territorios, con quienes podemos establecer una relación de cercanía, con el teniente a cargo del Comando Municipal, con el alcalde, el fiscal, el juez y el personero.

Segundo, con “inclusión gremial solidaria”. Nuestros Frentes van más allá de los afiliados a un comité de ganaderos. Su mayor valor es ponerlos al servicio de todos y, principalmente, del pequeño ganadero, para quien lo poco que le pueda arrebatar la violencia puede ser todo.

La colaboración pacífica y desarmada con las autoridades es uno de los fundamentos de la estrategia, pero el esencial es LA SOLIDARIDAD, porque la solidaridad hace fluir la unión gremial ganadera; porque la unión solidaria y pacífica… disuade a los violentos.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 16 de febrero de 2024).- Asistimos a la confrontación de representantes del gobierno del cambio de Gustavo Petro a raíz de pronunciamientos y directrices que de manera sostenida viene pregonando la Ministra de Agricultura Jenifer Mojica, con la aplicación del Decreto 281 de 2021, se prohíbe la pesca de tiburones y, la Resolución 0119 de 2024, de la UNAP en la cual permite que 15 especies de tiburones y rayas marinas sean: “recursos pesqueros susceptibles de ser aprovechados”.

La ministra, ha defendido la pesca incidental (capturas involuntarias), de tiburones, prohibida por presiones animalistas. Hoy con la resolución expedida quedaría nuevamente autorizada, las razones son claras desde la visión sociopolítica y económica del gobierno del cambio:

Al estar fuera de la ley, se afectan 8.000 personas que se dedicaban y vivían de esta actividad ancestral y artesanal, 1.500, mujeres cabeza de familia, durante esta veda cambiaron de actividad productiva, ocasionando grave perjuicios a sus núcleos familiares, (36,000 personas). “El pensamiento científico debe estar de frente a la realidad, debe ser práctico y apoyar en la construcción de soluciones, no estar de espalda a las problemáticas de la sociedad.” (https://twitter.com/jmojicaflorez/status/1757535288245494131?t=EI2SPbdhFGq_87_lfNUYIg&s=19)

Al leer las razones que le asisten ministra, conecto con la intención de las variaciones que se pretenden introducir a las exportaciones de ganado en pie a través del ICA, aumento espacio (1.69mts) por res en el buque y, aumento de peso base para exportar (350k), sin razones técnicas suficientes para llegar a estas medidas.

La ganadería en Colombia se desarrolla en 620.807 predios con hatos de 29.642.539 reses, suficientes para atender la demanda nacional e internacionales de carnes, pie y genética. El 89% (552.518 predios), son de pequeños ganaderos de hasta 21 reses, de aprobarse se generaría grave daño socioeconómico a propietarios o poseedores, el aplicarle el multiplicador por familias rurales (4.5 miembros), se afectaría 2.486.332 personas de entrar en vigencia las modificaciones propuestas.

Es necesario hacer claridad del alcance de la afectación, desde Aexgan se tienen registros de 300.000 ganaderos que se perjudicarían directamente con las medidas pretendidas, no olvidemos que el más importante formador del precio del ganado hoy, es la exportación en pie. Si bien, los predios de los cuales salen las reses están ubicados en el Caribe y Magdalena Medio, los precios de ganado que allí se pagan, influye de manera favorable en todo el país. No solo afecta al pequeño ganadero, golpeará directamente al 9% que dedican a la ceba de 450 Kilos y más, para beneficio de exportación de carne o consumo nacional, el perjuicio será directo a toda la cadena ganadera, lo que permite hacer un llamado de unidad para afrontar la posibilidad de cambios en la reglamentación.

El sector ganadero genera 1.1 M de empleos “Directos y Permanentes”, la introducción de las talanqueras llevará a la perdida de gran parte de estos en todo el territorio, el precio del kilo podría caer a niveles de $5,500, haciendo inviable la empresa ganadera.

Adicional a lo anterior, las variaciones propuestas por el ICA, implicarían dejar de recibir Us 120 de divisas al torrente económico del país.

Si la intención del Gobierno del Cambio es darle impulso a las economía popular, al sector agropecuario, la protección al pequeño empresario rural, garantizar el sustento básico a la población menos favorecida como lo viene defendiendo en el caso de pescadores, cerealeros y demás frentes de producción rural que garantice el bienestar a comunidades menos favorecidas, acá tiene Ministra,  un sector en el cual está en mora de manifestar su apoyo y evitar la tragedia socioeconómica y política para este segmento de poblacional de la nación rural, dedicado a la ganadería que provee dos de tres básicos de la alimentación ofrecidos por el presidente Petro: Leche y Carne,

Ministra, no permita que se esfume la seguridad socioeconomica lograda por presiones que pueden conducir a colapsar el sector más importante de la empresa e industria rural en Colombia. La Ganadería no es sinónimo de riqueza económica.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 9 de febrero de 2024).- Al regresar de Cuba después del sexto ciclo de negociaciones con el ELN, me siento obligado, como en rondas anteriores, a compartir con los lectores mis percepciones, algunas agridulces, otras esperanzadoras.

Sobre las primeras, el informe no presentado del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMV, era importante para la decisión de prórroga del cese, pero su vocero oficial, la Misión de la ONU, a mitad de camino se inhibió en medio del escollo por las “interpretaciones” del ELN, ya no solo semánticas -secuestros que son “retenciones” y extorsiones que son “impuestos”-, sino de valoración de sus compromisos firmados.

En cuanto al secuestro, el Acuerdo de Cese al Fuego adoptó como “marco de referencia” el Derecho Internacional Humanitario; entonces, si el DIH proscribe la “toma de rehenes”, el Acuerdo también debe proscribirla y, por supuesto, obligar al ELN, precisando además que todo secuestrado es rehén, ya sea para exigir un pago o por razones “políticas”, lo cual incluye a los miembros de la Fuerza Pública, pues en el DIH para conflictos internos no existen “prisioneros de guerra”.  

El tema del Mecanismo no es de poca monta, como investigador y notario frente a eventuales incumplimientos -que los hubo-, y garantía para la sociedad, en un proceso que necesita apoyo ciudadano, pero además compromete la vocería y el prestigio de la ONU. Como los espacios se llenan, al cierre de la ronda se publicó el informe del CERAC, externo y no vinculante, pero registró durante el cese 20 eventos violentos, 16 de ellos presuntas violaciones y cuatro incumplimientos.

Mi segunda percepción tiene que ver con el ambiente de dificultad en medio de discusiones circulares que parecían sin salida y obligaron al aplazamiento de la clausura. Pero bueno, la dificultad les da mayor valor a los resultados.

Pasemos a las esperanzadoras: al final, hubo resultados. El primero es la prórroga del cese por 180 días, con el compromiso de suspender retenciones económicas -secuestros extorsivos-, que ahora serán objeto de seguimiento por el MMV; no obstante, empañado por la imposición de dos condiciones: “unilateral y temporal”, pues dejar de secuestrar no es un favor unilateral del ELN a la Mesa o al Gobierno, sino una exigencia del país, y no temporal sino permanente, por ser un crimen de lesa humanidad, con o sin cese.

El segundo resultado es el compromiso de no reclutar menores, y su mancha es calificar como tales a los menores de 15 años. Aunque así lo establece el DIH, considero infame darle un fusil a un adolescente de 16 años; por ello me quedo con la mayoría de edad legal en Colombia y, sobre todo, con el Protocolo de la Convención de Derechos del Niño sobre su participación en conflictos armados (2002), que la prohíbe para menores de 18 años.

El tercer resultado es el Fondo Multidonante, sobre el cual hay que insistir en que se trata de buscar donaciones de países acompañantes, garantes o interesados, mas no para entregarle dinero al ELN, sino para actividades transformadoras de paz en los territorios, derivadas de los acuerdos de la Mesa, algo en lo que seremos rigurosos para que no se desvíe un solo peso.

Ahora bien, 180 días después ha disminuido la violencia del ELN, pero no ha cesado y la zozobra persiste en los territorios; 180 días después no basta el compromiso de dejar de secuestrar, sino de liberar a secuestrados. El ELN debe decir cuántos y quiénes son. 180 días después no basta dejar de reclutar menores, sino devolver los reclutados a sus familias.

180 días después…, la paz de Colombia está muy lejos todavía, pero menos que ayer.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie