* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 9 de febrero de 2024).- Desde el momento en que el presidente Petro resultó electo, se dispararon las invasiones a fincas por diferentes grupos que respondían a su promesa de campaña, en la que ofrecía tierras a campesinos por no poseerla o poseerla insuficiente. Solo hasta que Fedegan y Gobierno firman el acuerdo en el cual el primero serviría de puente con agremiados para facilitar el acercamiento a la negociación directa con el Estado, de venta de tierras en ganadería extensiva. A cambio, el Estado se compromete a aportar recursos para que las superficies de ganadería extensiva se reconviertan a sistemas sostenibles de silvopastoreo, permitiendo mayor carga animales por hectárea, que producirá el efecto de liberación de áreas productivas, para adquirirlas y repartirles atendiendo la oferta de campaña.

Pararon con la firma del acuerdo las ocupaciones de tierras temporalmente. El Gobierno Nacional, Ministerio de Agricultura y Agencia Nacional de Tierras en desarrollo de la política propuesta, “al 5 de enero (2024), se han titulado 1.059.114 hectáreas… De las hectáreas tituladas, 118.645 son por compra, y 807.233 de formalización.”. Mostrando incumplimiento de la oferta de campaña, comprar 5M de hectáreas, revaluadas por la exministra López bajando a 3M.

Ante la baja ejecución, el gobierno retira del cargo al director de la Agencia Nacional de Tierras y, en corrillos políticos se dice el cambio de la ministra de Agricultura por  Miguel Samper S, dada su experiencia en el tema de tierras, con fin de acelerar la adquisición de tierras para medianamente cumplir la promesa de campaña.

Hemos asistido a la disparada de las ocupaciones ilegales de tierras en los últimos días en diferentes zonas del territorio (1.500 hectáreas). Al superponer los mapas de zonas donde están presentándose con las áreas de dominio de grupos ilegales, coinciden.

En el caso particular del Magdalena Medio, encajan las superficies donde se presentan amenazas y ejercicio de ocupaciones con zonas en que se ha propuesto la creación Departamento del Magdalena Medio, Sur del Cesar y Bolívar, parte de Antioquia, Santander. No es casualidad que “su estrategia será tomarse más de treinta municipios. Así lo manifestó el líder de la organización guerrillera (que hace parte de los acuerdos de la paz total) en el departamento de Santander, también en el departamento de Antioquia…Las acciones las adelantarían en municipios de Santander como Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Puerto Parra y Puerto Araujo en Santander, y en otras poblaciones de Antioquia: Yondó, Puerto Nare, Puerto Berrío y Puerto Triunfo.”.

Si el plan les resulta, estarían sobre la franja que debe estar ubicado el nuevo departamento, les dejaría el control absoluto de la movilidad terrestre y fluvial, donde transita la gran parte de la producción nacional, comercio nacional e internacional desde y hacia puertos del caribe colombiano al centro y sur del país, así como el mayor volumen de turismo terrestre y fluvial, adicional al comercio binacional con Venezuela y puertos del Atlántico.

De darse lo anotado estaríamos asistiendo a la fragmentación total del territorio, entregando a los grupos ilegales que buscan hacerse parte efectiva de la Paz Total, control territorial del centro del territorio nacional, con capacidad de hacer colapsar la economía y seguridad alimentaria y física de la Nación.

Ojalá, el actual gobierno entienda el alcance de que estaría por suceder en caso que se llegase a seguir en adelante con una actitud permisiva con la ocupación violenta e ilegal, se cree o no el nuevo departamento.

No es suficiente el pronunciamiento de la ministra de agricultura que “no acepta invasiones de tierra”; Coincido con el Doctor Vélez, en su propuesta de suspender compras de tierras en estas regiones, hasta tanto cesen presiones a propietarios y poseedores, así como llamar la efectiva acción de las autoridades para evitarlas y hacerles cesar, es un asunto de seguridad nacional.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 2 de febrero de 2024).- Cuando todo está caminando, se debe estar preparado para lo peor, esto pareciera estar sucediendo con la ganadería de carne, al finalizar el 2022, cerramos con indicadores que señalaban el camino al posicionamiento de la empresa ganadera en el contexto nacional, así como una escalada importante en el global.

Los presidentes ejecutivos de Fedegan y Aexgan, lanzan voz de alerta sobre la situación de la empresa ganadera colombiana y su devenir. Necesario tomarlo muy en serio:

Las exportaciones ganaderas en 2022 fueron US 524M, 2023 US 345M estimado, cayendo en 34%, muy grave dado la “Vocación exportadora” de la ganadería colombiana.

Causas:

1. Devaluación de las monedas de los países competidores,
2. Revaluación del 17% del peso,
3. Disminución del precio global promedio de la carne en 19%,
4. Cierre temporal, dos meses de las Plantas de Minerva Food, responsables del 90% de las exportaciones de carnes, y amenaza permanente de salida del mercado nacional por falta de competitividad.
5. Ventajas no arancelarias de nuestros competidores, necesario derribarlas para igualarles y jugar en igualdad.
6. Implementación del programa de Trazabilidad que nos permita llegar al mercado de Estados Unidos, puerta de entrada a los grandes consumidores y,
7. Apoyo en recuperación del mercado de Venezuela y entrada a los mercados emergentes de Centro América, Caribe y México.

Preocupante la advertencia del presidente de Fedegan, “Una caída en las exportaciones de Carne principalmente, es una amenaza para la ganadería y el desarrollo social de las regiones”.

Tiene toda la razón, la ganadería colombiana es la empresa más importante del sector rural, tanto en tamaño, productividad y generación de empleos permanentes, un descuido sobre los anuncios del Doctor Lafaurie, sería la debacle absoluta para la ruralidad colombiana y, operadores que desarrollan sus actividades en su entorno.

De otra parte, el grave impacto a pequeños ganaderos por presiones de animalistas y ambientalistas, si llegasen a aumentar los requisitos para la exportación de ganado en pie, que generaron al 2023 US 305M en divisas al país, (caída US62M y 90.000 cabezas menos 2023), su operación directa produce más de 3.100 empleos directos y, beneficios a 551,097 predios (89.72%) con 21 reses promedio. Surte dependencia económica directa a 2.479.928 personas y, 1.100.000 empleos de carácter “Directos y Permanentes”, con incidencia en 4.441,140 personas.

Al aumentar las áreas por res, en un 20% y 350 kilogramos, se hace inviable la exportación en pie, aumentando el flete, que finalmente serán asumidos por el pequeño productor en igual proporción (551.097, el 89.79% de ganaderos registrados), golpeando drásticamente el precio interno, impactado por  la reducción de precios de nuestros competidores, cayendo en menos de un año de $10.000.oo., a $7.000.oo., de ahí, con una caída del 20% es decir de $1.400, lo que supondría un precio de $5.600 Kg potrero báscula, llevaría a la quiebra a pequeños ganaderos; quienes se verían desplazados de la oportunidad de colocar sus reses a exportadores en pie.

Teniendo que colocarlos, al no contar con las áreas y pasturas suficiente para llevarlos a las exigencias de peso que se propone, presionado desde las bancadas animalistas y ambientalistas en el ajuste a la resolución de bienestar animal a iniciativa del ICA, a entregarlo al gran cebador que posee áreas y pasturas para cumplir con el peso que proyecta estos grupos minoritarios, sin mirar los efectos en la sociedad rural general.

Se vislumbra así, una situación mucho peor que lo ocurrido en el 2009 con el cierre de exportaciones de carne a Venezuela, gravísimo para todos los operadores del sector rural.

Si se da como lo están solicitando, sería el fin de la ganadería colombiana de carne, el apague y vámonos, ojalá de manera temporal, mientras se controla el enjambre de langostas, que busca a todas luces decrecer sin mirar los daños directos y colaterales de sus decisiones.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacou

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 2 de febrero de 2024).- Los incendios que azotan al país son consecuencia del cambio climático, que unos niegan y otros sobredimensionan, pero que ahí está, como realidad de incertidumbre que desplazó las cabañuelas y las certezas campesinas del almanaque Bristol.

Mientras tanto, como Nerón ante el incendio de Roma, el país se entretiene, mas no tocando la lira, sino en su afición por el debate circular y politizado que no conduce a nada. En Colombia, una obra que dura cinco años en construirse dura 15 en debatirse, y también las crisis advertidas nos cogen “con los pantalones abajo”.

Con ocho meses de anticipación el IDEAM encendió las alarmas sobre la sequía, pero no hubo acciones de prevención, ni las hay para auxiliar a los afectados. En “Niños” anteriores tuvimos bodegas para distribuir suplementos gratuitos o subsidiados, que aún los ganaderos están esperando.

Hoy, en el altiplano cundiboyacense, minifundista, lechero y reseco, un bulto de silo de maíz supera los $20.000, y el campesino, enfrentado a perder sus animales y su ingreso, debe elegir entre alimentarlos o alimentar a su familia.

El riesgo es muy alto. Nuestra biodiversidad y nuestra vocación agropecuaria, dos riquezas que podrían representar el salto al desarrollo, se destruyen mientras debatimos quién tiene la culpa o no la tiene, qué hubiéramos debido hacer y no hicimos. Están en riesgo el sector agropecuario, la seguridad alimentaria y las ya difíciles condiciones de la vida rural.

“Hacer” es la consigna, y parte de las soluciones están en la naturaleza. Si la principal causa del cambio climático es el dióxido de carbono en la atmósfera, tan importante como disminuir su emisión con la transición energética, es potenciar su absorción con las aspiradoras naturales de carbono. Entonces, ¿por qué no avanzar en la reconversión ganadera con sistemas sostenibles?

En cambio, la deforestación avanza con la ilegalidad en la “Colombia profunda”. Por ello urge la acción del Estado para detenerla, al margen del debate sobre responsabilidades y de la narrativa de culpar sumariamente a la ganadería, cuando la culpable es la colonización armada del narcotráfico.

Urge una política que sume esfuerzos reforestadores locales, regionales y nacionales. Urge una política de producción sostenible. Si la ganadería ocupa más de 30 millones de hectáreas y en apenas un millón se establecieran Sistemas Silvopastoriles, SSP, lograríamos una “revolución ambiental” con eficiencia productiva y alta captura de carbono.

El gobierno recogió la idea, cuando el presidente anunció que todas las vacas deberían “comer mirando p’al cielo” como en los SSP, pero hoy no hay una sola hectárea establecida como parte de un programa gubernamental.

Para lograrlo se requiere crédito de fomento que consulte la realidad de su implementación, y servicios de asistencia técnica y extensión agropecuaria, que abundan en pomposas leyes, pero escasean en la realidad rural. 

La página oficial de Finagro hoy me deseo feliz día, pero no me dio información sobre ejecución 2023 ni sobre recursos 2024 para la Línea Especial de Crédito Economía Verde, en la que, además, cabe de todo. Si se comprendiera la importancia estratégica de los SSP, habría una línea especial con recursos importantes para su implementación. No la hay.

La Agencia de Desarrollo Rural, con presupuesto de $122.000 millones para extensión, abrió licitación en junio de 2023 para adjudicar $79.702 millones entre Empresas Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria, EPSEA, para desarrollar proyectos en ¡4 meses!; un proceso atropellado y confuso que adjudicó $9.861 millones, apenas ¡el 12,4%!, cuando el campo clama por servicios de extensión.   

“Hacer” es la consigna; pasar del debate a las acciones, preventivas, restauradoras, oportunas, eficaces; acciones que transformen la realidad del campo colombiano. Menos cuento y más hechos.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Rafael Hernández Lozano * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Lunes 29 de enero de 2024).- Hoy es noticia recurrente los efectos de las altas temperaturas y la ausencia de lluvias, que se hacen evidentes en estragos medioambientales y alertas por el impacto en los sistemas productivos agrícolas, dentro de los cuales por supuesto el arroz tiene una importancia sobresaliente.

El sector arrocero ha estado preparándose desde hace una década, por cuenta de las acciones que implementó Fedearroz, al diseñar el programa de Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC), que nació de las preocupaciones que ya se advertían de la variabilidad climática y las generadas por la implementación a partir del 2012 del TLC con Estados Unidos. 

Este hecho significó un desafío considerable teniendo en cuenta los precios mayoristas del arroz, pues en Colombia rondaba los 1.100 dólares por tonelada, mientras que en el país del norte mantenía cifras cercanas a los 500 dólares, dados los altos subsidios que han otorgado, brecha que representaba un obstáculo significativo para la competitividad del sector arrocero colombiano.

Una década después de la implementación del AMTEC, programa dirigido en todos sus componentes a la preservación de los recursos naturales, el sector arrocero colombiano registra significativos avances expresados en resultados positivos en términos de competitividad, marcando un hito en el avance tecnológico del cultivo de arroz en el país.

En el 2021, mientras Estados Unidos mantenía sus precios de arroz blanco en los 500 dólares por tonelada, Colombia logró una disminución significativa, alcanzando niveles comparables con los de su contraparte estadounidense, reducción esta que muestra la mejora del arroz colombiano frente al mercado internacional.

En la actualidad, los mayores costos de producción derivados de las condiciones climáticas y los inconvenientes logísticos y conflictos internacionales, ha hecho que Estados Unidos esté experimentando un aumento en sus precios, rondando los 730 dólares la tonelada de arroz blanco, que al sumar los costos del transporte llegaría a Colombia a 850 dólares, cifra por encima del valor del arroz colombiano, en el mercado mayorista. Esto indica claramente que se ha venido cerrando sustancialmente la brecha de competitividad, como efecto de la aplicación de los programas de adopción de tecnología, que no deben detenerse, sino por el contrario fortalecerse ante la severidad del cambio climático que el conjunto de la población está experimentando.

Es esta una razón  de peso que lleva a considerar como de enorme importancia,  continuar aunando esfuerzos entre el gremio y el gobierno nacional,  para   impulsar todos los programas  que han permitido los avances anotados y que de no existir,  pueden significar un retroceso enorme, debido al escenario difícil que plantea la variabilidad climática, que tiene unos efectos directos en términos de productividad, situación por la que  hoy mucho más que antes, transferir la tecnología disponible a los agricultores  es determinante.

No son menos importantes, las altas inversiones hechas por el gremio en plantas de secamiento, almacenamiento y trilla, que, sumadas a las instaladas por los agricultores en los últimos años, han contribuido a reducir de manera significativa los problemas de comercialización durante la temporada de cosecha, aunque son necesarias inversiones de este tipo en otras zonas productoras del país como la Mojana.

Fedearroz recibe con beneplácito la manifestación pública expresada por la señora ministra de Agricultura, de acordar acciones conjuntas  con el gremio para avanzar en el camino de la competitividad del sector arrocero, dentro de lo cual la asistencia técnica integral a los productores es una herramienta  decisiva, que ya ha demostrado la optimización de las diferentes labores en el ciclo del cultivo, con resultados en medio de los cuales, destacamos la considerable reducción en el uso del agua y en la emisión de gases efecto invernadero, en correspondencia a los principios de conservación ambiental de nuestro programa AMTEC. Cada una de las prácticas que llevaron a estos avances deben ser implementados por todos los agricultores, para que tengan la capacidad de enfrentar los desafíos que se van presentando con el paso de los días.

Adicional al aspecto económico y tecnológico que ha sido fundamental para las trasformaciones en el sector arrocero colombiano en la última década, una prioridad ineludible que motiva las inversiones que impulsan la competitividad, es la seguridad.

La creciente preocupación por la inseguridad expresada en diversos hechos delictivos, ha generado la necesidad de un mayor esfuerzo conjunto entre el gremio arrocero y la fuerza pública, pues el clima de incertidumbre que hoy existe obstaculiza los esfuerzos y las inversiones en tecnología para mejorar la competitividad en todas las regiones del país. Es imperativo, por lo tanto, que la fuerza pública continúe reforzando las acciones para garantizar un entorno seguro que permita a los agricultores desarrollar su actividad sin temor.

El arroz es muy importante en la canasta básica de los colombianos y sus productores son esenciales para garantizar la soberanía alimentaria del país. En un mundo donde los desafíos globales pueden afectar la disponibilidad de alimentos, es fundamental que Colombia los siga produciendo de manera eficiente y sostenible para satisfacer las necesidades internas y con la capacidad para llegar a contribuir al suministro mundial.

En este contexto, reiteramos que la suma de esfuerzos y experiencias entre el sector privado y el gobierno, es esencial para abordar los desafíos actuales.  La voluntad de dialogar y encontrar soluciones conjuntas es un paso positivo de gran valor hacia el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria del país.

Fedearroz confía en que, con el respaldo y el compromiso continuo de las autoridades, también podamos superar los desafíos de seguridad y seguir avanzando en la senda del crecimiento y la competitividad en el sector arrocero colombiano, pilares fundamentales para garantizar un futuro próspero para todos los colombianos.

* Rafael Hernández Lozano, Gerente General Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz).

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 26 de enero de 2024).- El negocio ganadero básico tiene tres grandes subsectores:

• Leche,
• Carne y,
• Cría.

Para no pocos, hay un cuarto subsector en el cual caben de manera ecléctica la mayoría de ganaderos colombianos. La ganadería doble propósito, desarrollada en prácticas empíricas de acierto y error, han conseguido que se logre de manera digna, vivir de esta noble actividad generadora de dos de tres básicos de alimentación ofrecidos en campaña por el presidente Petro: Carne y Leche.

En Colombia, hay registrados de manera formal 615.166 predios en los cuales se desarrollan actividades ganaderas, de estos, 551,097 (89.72%), distribuidos en 11.580.775 hectáreas (39.6%), con 21 promedio. ¿Cuántas personas conforman una familia en Colombia?: R/ “El promedio en rural es de 4.5 personas”, lo que nos lleva a concluir que los predios de pequeños ganaderos generan una dependencia económica 2.479.928, personas.

Revisemos generación de empleos, 1.100.000 empleos de carácter “Directos y Permanentes”, los cuales el 89.72% (986.920) son producidos por los 551.097 pequeños ganaderos, con incidencia directa en las familias rurales sobre 4.441,140 personas.

El pequeño ganadero, con hatos de 21 reses, maneja las finanzas familiares así:

La producción de leche no es superior a 10 reses en único ordeño, con producciones según  “Fedegán, dijo que el ganado cebú produce entre 2,5 y 3,5 litros diarios de leche y en ganaderías con manejos eficientes la producción puede llegar a los 5 litros”, para el área del Caribe, genera ingresos de 40 litros diario, “en 2023 el costo del litro ha sido de $2,315,oo; en promedio”, produciendo ingresos de  $ 92.600.oo., diarios, $2.728.000.oo, mensuales escasamente para cubrir gastos laborales, costos de mantenimiento del predio y, alimentación básica familiar.

Quedan las crías, las mejores hembras las conservas de reemplazo de vientres envejecidos y, los machos los conserva, para al finalizar cada año contar con efectivo adicional de apoyo a solventar los gastos básicos de su familia y predio, una vez lleguen al peso promedio de compra por los exportadores de ganados en pie (300 K).

Acá toma inusitada importancia las exportaciones en pie, estás en los últimos cinco años han devuelto el “Valor” a la empresa ganadera y dado “Precio”, al Ganado, manteniendo el kilo, potrero báscula en promedios globales de la res en pie.

Parece mentiras e inverosímil, que se esté discutiendo con el ICA, por presiones ejercidas por animalistas y ambientalistas, el espacio que debe ocupar una res en pie en la Motonave que les transporta en viajes transoceánicos y, el peso promedio base individual en puertos a los compradores internacionales. El espacio en el barco hoy en Colombia está debidamente regulado y acorde a legislaciones globales, así como el peso promedio solicitado por el comprador y, en el cual existe un acuerdo, entre Comprador-Vendedor e ICA no puede ser menor en promedio de 300K.

Inaudito que no se revisen las cifras de afectación por la variación caprichosa de espacios y pesos para las exportaciones, si tenemos en cuenta que el 89.72% de los ganaderos en Colombia son pequeños proveedores directos e indirectos de igual porcentaje de los machos que van a la exportación.

Razón tiene el Ingeniero Botero, presidente de Aexgan, asociación joven que busca la expansión de exportaciones de manera directa e indirecta con vinculación de pequeños ganaderos: “Hoy deberíamos estar discutiendo sobre las mejoras genéticas y pasturas para que nuestra ganadería pueda crecer lo suficiente y abastecer la demanda de carnes y, exportaciones en pie, no en lo que estamos”.

Es un momento crucial, con la admisibilidad sanitaria al mercado chino y la expectativa de llegar a los mercados de USA, Canadá y, el crecimiento y competitividad de nuestro ganado en pie a mercados de Medio Oriente y el Mundo Árabe, debemos impulsar el crecimiento del hato nacional para que la empresa ganadera sea efectiva en el contexto global y generar divisas para mejorar socioeconómicamente la nación rural.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacou

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 26 de enero de 2024).- No voy a tocar el tema de la transición energética, pero sí a recordar que este y otros gobiernos han planteado una menor dependencia de la “renta petrolera” dentro de la canasta exportadora, a partir de fortalecer las exportaciones agropecuarias, las ganaderas entre ellas.

Para Fedegán el tema va más allá del aporte al proceso diversificador. Las exportaciones tienen un efecto en la modernización productiva y esta sobre los precios y la rentabilidad, que redundan en bienestar al ganadero y mejoramiento de la vida rural. Así pues, una caída en las exportaciones, de carne principalmente, es una amenaza para la ganadería y el desarrollo social de sus regiones.

Gracias al objetivo gremial exportador, que incluyó la recuperación del estatus de país libre de fiebre aftosa, el esfuerzo modernizador en producción sostenible y una intensa actividad comercial, las exportaciones de carne y animales crecían desde 2020, con ventas por 267,1 millones de dólares, una disparada en 2021 con 427,4, hasta 2022 con 502,4 millones, superando la meta de 500 millones en exportaciones cárnicas.

No fue fácil, pues además del reto de los altos estándares de los mercados, enfrentamos las narrativas contra nuestra actividad. Hay que exportar, pero si exportamos animales, con estricto cumplimiento de protocolos de sanidad y bienestar, recibimos el “matoneo mediático” de animalistas extremos; y si exportamos carne, somos causantes del alto precio al consumidor y de la inflación.

En efecto, entre 2020 y 2022 el precio de la carne al consumidor aumentó a la par con las exportaciones, pero no por causa de estas últimas, sino del fenómeno inflacionario mundial que afectó a todos los productos. En 2023, sin embargo, esta tendencia positiva se detuvo, con exportaciones de carne y animales por 305,6 millones de dólares a noviembre, por debajo de las de 2021.

¿Qué pasó? Primero: la inflación mundial cedió y bajó el precio internacional. Segundo: Mientras el peso se apreció en beneficio de los importadores, el real brasilero, la moneda del gran vendedor en la región se devaluó y su carne alcanzó mayor competitividad – precio; y tercero, como lo que uno gana otro lo pierde, nuestra menor competitividad por tasa de cambio llevó al cierre, entre agosto y septiembre, de las dos plantas de la multinacional Minerva, responsable del 90% de las exportaciones.

¿En qué estamos? Primero: frente al riesgo latente de la retirada de Minerva, porque las multinacionales ponen sus huevos donde hay mejores condiciones para que la rentabilidad incube, lo cual representaría el colapso exportador y una verdadera catástrofe para nuestra ganadería, porque el precio, con su mayor cota en mayo de 2022 a $9.600 kilo/potrero/ báscula, hoy ronda los $7.400 y podría caer a $6.500.

Segundo: A diferencia de lo sucedido en el mundo -disminución del precio al consumidor-, en Colombia la carne mantiene un precio “establemente alto”, a pesar de que el del ganado cayó en más del 20%. Ya sucedió en 2009, cuando se desplomaron las exportaciones a Venezuela, cayó el precio del ganado, pero no se redujo un peso el precio al consumidor.

¿Quién se quedó y hoy se queda con ese margen billonario? Un segmento de intermediarios ociosos que, al amparo de la informalidad, se convierten en formadores efectivos de precios y verdaderos buitres que devoran el esfuerzo ganadero y el bolsillo del consumidor. 

Es una situación que le he hecho saber a las carteras de Agricultura y Comercio, pues tan importante como persistir en el esfuerzo exportador, es eliminar las distorsiones del mercado interno en beneficio de quienes producen y quienes compran.

Nota Bene. La próxima semana:  Si por la carne llueve, por la leche no escampa.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 19 de enero de 2024).- De manera sorpresiva el presidente Petro, en el foro económico mundial en Davos, sin reato alguno lanzó como siempre una afirmación que contiene verdades a medias: “Hay fuerzas económicas que van contra la selva, en el caso colombiano, es la ganadería extensiva, la idea de la gran propiedad del suelo de la tierra como criterio de riqueza y detrás el narcotráfico”. 

Esta afirmación pone de nuevo a la ganadería en el medio de la picota pública, una vez más se trata de desconocer la realidad de la propiedad de la tierra, su distribución e impacto en la economía agropecuaria y la ruralidad, así como los avances que se vienen logrando desde diferentes vertientes en los sistemas de alimentación por Silvopastoreo y Ganadería Regenerativa, veamos:

A. En Colombia hay a la fecha algo más de 615.166 predios, distribuidos así:

De menos de 10 Hectáreas 245.670

De 11 a 25 Has 152.930

De 26 a 50 Has 90.860

De 51 a 100 Has 61,628

De 101 a 250 Has 42.574

De 251 a 500 Has 13.444

De 501 a 1000 Has 5.260

De más de 1.000 Has 1.888,

Lo anterior deja sin soporte la afirmación de la Ganadería formal extensiva en Colombia como regla general.

Los Predios dedicados a la ganadería, por número de reses se distribuyen así:

*551,097 (89.72%), Ganaderos distribuidos en 11.580.775 hectáreas (39.6%), con 21 reses por predio promedio

*42.574 (6.93%), Ganaderos en 6.517.482 (22.3%), hectáreas con promedio de 153 reses por predio.

*13.444 (2,19%) ganaderos en 4.559.945 (15.6%) hectáreas con un promedio de 339 reses.

*5.260 (0.86%) ganaderos en 3.483.371 (11.9%) hectáreas con un promedio de 662 reses.

*1.888 (0.31%) ganaderos en 3.083.890 (10.6%) hectáreas con promedio de 1.633 reses.

Lo que lleva a la necesaria conclusión de que en Colombia no existen mayoritariamente predios de grandes extensiones de tierras, ni ganadería extensiva predominante formal.

B. El Sistema Silvopastoril como modelo de gestión agrícola, permite la combinación de plantas forrajeras, pastos y leguminosas rastreras con arbustos para el consumo de las reses y complemento al terreno.

Fedegan le tiene como programa bandera, con este se logran mayores cargas de animales por hectáreas, con aumentos sustanciales en rendimientos tanto en carne, leche y crías, así como drástica reducción de emisión de CO2, llevando a la ganadería a convertirse en GEI negativo, siendo mayor la captura de estos que la emisión.

Los proyectos de silvopastoreo hacen parte esencial de la ganadería formal colombiana, están contenidos dentro de los acuerdos de coadyuvancia de compra de tierras a ganaderos, entre el gobierno nacional y fedegan. En este, el Estado se compromete al apoyo directo de la reconversión de las áreas destinadas a la ganadería tradicional al silvopastoreo, logrando la liberación de áreas dedicadas a la ganadería para ser utilizadas en producción agrícola. Este es uno de los puntos esenciales del acuerdo que merecen la mayor atención para su cumplimiento, de la mano con lo anterior, la ganadería pasará a convertirse en carbono negativa, finalidad que tanto pregona el presidente Petro en los diferentes foros en los cuales de manera frecuente participa.

Presentadas los anteriores soportes, queda claro que, si bien puede haber ganadería extensiva en Colombia, el fenómeno al cual hace referencia el presidente Petro es excepcional, hace parte de la informalidad, aquella que en la gran mayoría de ocasiones va más allá de las fronteras agrícolas permitidas, la Amazonia es una de ellas. Que estamos frente a una situación ilegal e ilegítima, por demás informal, que nada tiene que ver con los empresarios ganaderos formales agremiados a Fedegan, es un fenómeno de narcotráfico, narcoparamilitar, en búsqueda de la expansión de los cultivos ilícitos, que agreden la Amazonia para aumentar áreas de siembra de sus cultivos ilícitos. No es posible que, en un foro de la envergadura de Davos, el presidente no sea claro al emitir sus conceptos y teja sobre una actividad económica como la ganadería, el manto de dudas que quedó esparcido como el virus de la vida en el universo.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacou

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 19 de enero de 2024).- Todas lo son, como los pasos de un trapecista en la cuerda floja…, el próximo siempre podría ser el último. Está por iniciar la sexta ronda de negociaciones con el ELN en Cuba, difícil y también definitiva, como las anteriores.

Carga con el peso de la indignación nacional por el asesinato de 22 jóvenes hace cinco años, en buena hora recordados con honores por el estamento militar, como un mensaje lleno de simbolismo para el ELN…, un reclamo que no termina y una exigencia para no olvidarse de las víctimas, tema aplazado de la agenda.

Carga también con el tema latente del secuestro, pues apenas firmado el Acuerdo en la pasada ronda para la suspensión de este delito con fines económicos, Antonio García insistió públicamente en que “sin financiación no se suspenderían los secuestros”.

Y carga, por supuesto, con la renovación del cese al fuego bilateral, que cumple sus primeros 180 días el 30 de enero, con una valoración agridulce. Lo dulce va por cuenta de una significativa disminución de acciones violentas del ELN. Según el último informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, durante lo corrido del cese hasta el 3 de enero, las acciones ofensivas disminuyeron 77% frente al promedio mensual entre agosto de 2022 y julio de 2023. Igualmente, los combates con otros actores se redujeron 43%.

Lo agrio corre por cuenta de la violencia que no cesa. En el último mes analizado por el CERAC (diciembre de 2023) se presentaron tres acciones ofensivas consideradas violaciones con saldo de dos muertes, y cuatro combates con otros grupos que causaron el desplazamiento de 1.340 personas, el asesinato de tres civiles y el confinamiento de 150 familias. De los últimos días, el país recuerda la retención de una ambulancia del Comité Internacional de la Cruz Roja en Tame, Arauca, una clara contravención al DIH y, por tanto, al cese al fuego.

Sin embargo, el juez del cese al fuego ante la Mesa de Negociaciones es el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, el cual, según el último informe de la Misión de la ONU, recibió 170 casos de posibles violaciones a 30 de noviembre. Su informe, que debe producirse en la próxima ronda, será definitivo para la esperada renovación por otros 180 días; y también para la credibilidad del proceso ante la sociedad y para la continuidad de los diálogos.

En el entretanto, la gente sigue sufriendo en los territorios, porque 1.340 desplazados de sus hogares en un solo mes, y otros tantos encarcelados en los suyos, son apenas cifras de noticiero que no logran retratar la tragedia por la violencia cruzada que los somete.

Hace unos días, una facción de la Segunda Marquetalia y un frente del ELN en Nariño, anunciaron un “acuerdo de unidad y coordinación”, con el objetivo común de solucionar “el grave problema social que padece el pueblo colombiano”. ¡Vaya arrogancia o cinismo! Pero bueno, también afirmaron tener un “compromiso de diálogo con el Gobierno y la Paz Total”.

El ELN lo explicará en Cuba, pero si el Acuerdo en Nariño es para “hacerse pasito” y seguir hostigando a la población, estaremos lejos de la paz en ese agobiado departamento. Si es para desescalar la violencia entre ellos y contra las comunidades, como se espera de dos grupos con “compromiso de diálogo”, bienvenido sea y ojalá se replique en otros territorios y sea el inicio de la regionalización de los diálogos.

Lo importante es acabar con el sufrimiento de quienes han sido víctimas y lo siguen siendo, un tema esquivo que debería empezar a encararse en la ronda de Cuba…: ¡las víctimas!

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 12 de enero de 2024).- Entre Ipiales y Tulcán en Ecuador solo hay 11 kilómetros que se recorren en 19 minutos por la Panamericana, pero no es a esa cercanía a la que me refiero, sino a la cercanía a la desestabilización que hoy vive ese país y de la cual no estamos lejos, pues padecemos los mismos síntomas producto de las mismas enfermedades.

Al problema de una justicia con altos niveles de impunidad y el auge de doctrinas que la promueven, como la justicia restaurativa y la despenalización, se suma el de las cárceles bajo el dominio de grupos criminales y convertidas en centros de operaciones de la delincuencia, lo que no es sino el síntoma de una enfermedad también crónica en Colombia: un sistema penitenciario sobrepoblado y permeado por la corrupción, en el que la resocialización y la “alta seguridad” son un chiste. El detonante del caos en Ecuador fue la fuga, en apenas tres días, de dos peligrosos criminales, uno de los cuales no duró 24 horas arrestado.

Los problemas no surgen por generación espontánea. En 2017, Rafael Correa, antes de dejar la presidencia de Ecuador “hizo el mandado” e indultó a 3.000 personas convictas por narcotráfico. En 2018, Santos nos dejó un Acuerdo espurio con las Farc, garantizándoles impunidad por todo tipo de delitos, y… lo más grave: nos dejó 300.000 hectáreas de coca.

Así llegamos al mal de males, al cáncer que ha hecho metástasis en ambos países: EL NARCOTRÁFICO, su poder corruptor y su capacidad para suplantar al Estado, generar violencia y desestabilizar un país al amaño de sus intereses.

La fumigación con glifosato, que llevó los cultivos a niveles mínimos al final del gobierno Uribe, se movió en la frontera con Venezuela al ritmo de las fricciones con Chávez. Sin embargo, en 2007, Correa llega al poder y los dos socialistas del Siglo XXI hacen causa común contra Colombia por la fumigación, incluidas la demanda ecuatoriana ante la Corte de La Haya y la amenaza de Correa de derribar aviones de fumigación. Por esas dos fronteras resucitó el narcotráfico, que hoy es poder efectivo, tanto en la frontera nororiental en el Catatumbo, y en la suroccidental en Putumayo, Nariño y Cauca, a un paso de Ecuador; una peste que se expandió a otros territorios con la suspensión total de fumigaciones en 2015, bajo la presión de las Farc en la mesa de negociaciones.

Hoy asistimos a dos agravantes en ambos países: el desdoblamiento de las mafias en cientos de bandas criminales de enorme impacto desestabilizador en las ciudades a partir del microtráfico, y la presencia comprobada de las violentas mafias mexicanas.

El panorama en Colombia no es halagüeño: 400 municipios están bajo control territorial de grupos criminales para la protección de sus rentas ilícitas. De 48.000 hectáreas de coca pasamos a 300.000 y, de contera, en ese mayor hectareaje aumentó la productividad, de dos a cinco cosechas anuales. La mayor producción, sumada a la competencia del fentanilo y demás drogas sintéticas, generó una caída pronunciada de las exportaciones.

Estamos inundados de coca en los campos y de cocaína en las ciudades y pequeñas y medianas poblaciones, lo que ha multiplicado los “emprendimientos criminales” y la competencia mortal entre ellos, disparando una violencia anárquica y diferenciada a nivel regional, según sean los actores violentos en cada territorio.

Podemos estar a un paso de la desestabilización que hoy sufre Ecuador. La respuesta del presidente Noboa es la correcta: la restauración del orden a partir de la seguridad y el imperio de la ley… Ese es el camino: primero el orden, como condición para la verdadera libertad; lemas de nuestro escudo.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 29 de diciembre de 2023).- Las Brigadas Solidarias Ganaderas, nacen como mecanismo de protección entre los ganaderos ante el peligro que se cierne sobre la propiedad de sus inmuebles rurales. Sus fines no son diferentes en mostrar unidad monolítica que existe entre agremiados para manifestar de manera solidaria, el apoyo a colegas de actividad y, que el ejercicio de la autoridad sea efectivo en los términos que la ley da.

Las brigadas ganaderas encuentran su soporte constitucional en el ARTÍCULO 38º Superior —“Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”. Ahí queda de manera clara la constitucionalidad, legalidad y legitimidad de las convocatorias a estas reuniones en casos que sea violentada la propiedad privada de un ganadero. La asociación  para este fin, como se anotó arriba.  “Los ganaderos creamos ‘Brigadas Solidarias’, como apoyo a la autoridad para que cumpla la ley cuando hay una invasión, pero al mismo tiempo para acompañar a aquel vecino enfrentado al infortunio de esa circunstancia.”, Doctor Lafaurie.

Como funciona: simple, a través de las redes sociales, Fedegan por los canales de cada uno de los comités se crearon grupos en las diferentes redes, o en redes de Aexgan, se envía mensaje de solicitud de ayuda solidaria por el ganadero o asociado, los coordinadores una vez verificada la veracidad de la solicitud proceda a hacer la activación  de la brigada solidaria, convocándolos en un sitio y hora en particular, desde allí se inicia el desplazamiento al predio en el cual se está presentado la violación de la propiedad, cabe anotar que siempre va la caravana con acompañamiento de la autoridad, Policía de Carabineros del área  o de Policía del municipio o corregimiento, y en la gran mayoría de oportunidades, Alcaldes  municipales de la jurisdicción territorio, Secretarios de Gobierno, Representantes de la Procuraduría Nacional y  Personeros Municipales, que garantizan  la protección de los Derechos humanos.

A la fecha, las brigadas solidarias han logrado en todas sus convocatorias los fines para los cuales fueron creadas, como acaba de ocurrir en el municipio de Arjona Bolívar para el caso del predio Torrijos, que se encuentra arrendado legalmente a sus tenedores actuales, quienes han cumplido de manera precisa con las obligaciones contraídas en particular, el contrato se encuentra vigente y al día con fecha de terminación aún por llegar, lo que hace imposible la terminación del contrato de manera anticipada, a no ser que se produzcan las indemnizaciones de ley y las pactadas entre las partes a favor del contratante cumplido. Cabe anotar como bien lo ha expuesto el director de la SAE, “A la opinión pública: es una orden del presidente @petrogustavo poner la tierra productiva de la SAE en manos campesinas y así lo seguiremos haciendo, de forma ordenada y bajo el manto de la ley, terminando contratos mientras se pueda. Las tierras bajo dominio del Estado se ponen al servicio de la reforma agraria.”.

Así, las cosas es un absoluto desacierto, pretender poner a las brigadas solidarias como la semilla de cualquier actuación ilegal e ilegítima, la estigmatización de la actividad ganadera, ha llevado a encuadrar una actividad lícita como el gen de lo ilícito; no, así como “Ahora los campesinos tienen ‘guardias’, pero eso no está mal. Los ganaderos creamos ‘Brigadas Solidarias’, como apoyo a la autoridad para que cumpla la ley cuando hay una invasión, pero al mismo tiempo para acompañar a aquel vecino enfrentado al infortunio de esa circunstancia. También tenemos derecho”, Doctor Lafaurie.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacou