* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 4 de noviembre de 2023).- Colombia es un país futbolero y uno de los nuestros, Luis Díaz, “Lucho”, una de sus estrellas mundiales y, hoy por hoy, el deportista más admirado y amado del país, por su genialidad y su historia de vida. De ahí que el secuestro de su padre, confesado por el ELN, se mueve entre la ingenuidad, la torpeza o el desafío a la sociedad y al Gobierno, en medio de unas conversaciones de paz que reciben con ello una verdadera carga de profundidad.

Todo delito es repudiable, pero como en la escala de los derechos fundamentales primero es la vida y luego la libertad, en la de los delitos, después de los que atentan contra la vida, el mayor repudio social recae sobre los que vulneran la libertad, entre ellos…, el secuestro.

Tan claro lo tiene la sociedad, que la mayor manifestación espontánea en la historia colombiana, no de miles ni de cientos de miles, sino de millones de marchantes en todo el país, en febrero de 2008, se originó por el rechazo a las Farc y, en especial…, al secuestro.

Sin embargo, con este caso tan visible y con otros anónimos -sobre la mesa del Mecanismo de Monitoreo y Verificación hay 19-, el ELN parece empeñarse, primero, en la amenaza de las abuelas: “al que no quiere sopa se le dan dos tazas”, y segundo, en el cinismo del “se obedece -léase se firma- pero no se cumple”, y entonces recuerdo la insistencia de Pablo Beltrán en que si ellos firmaban algo era para cumplirlo.

Ahora bien, ya no sobre este caso, que le echó sal a la herida de un delito que tanto dolor ha causado y que, según cifras oficiales, ha aumentado un 70%, sino sobre el secuestro en el marco del proceso de diálogos de paz, caben algunas reflexiones.

Primero: No hay duda en que el Acuerdo de cese al fuego, al acoger expresamente el Derecho Internacional Humanitario como referente, proscribió el secuestro, contemplado por el DIH como delito de guerra y de lesa humanidad. El día mismo de la firma, confronté públicamente a Pablo Beltrán con este argumento, cuando pretendía justificar las “retenciones” como necesaria fuente de financiamiento.

Segundo: El comunicado del Gobierno, a través del jefe de su delegación, Otty Patiño, no solo es contundente, sino que expresa la posición de los miembros de la delegación y del propio presidente.

Tercero: Si la preocupación central del ELN, acogida por la mesa de diálogos, es la participación de la sociedad en la construcción de democracia, la persistencia en el secuestro es incoherente, pues, como lo he reiterado, una sociedad bajo el temor del secuestro y también de la extorsión, nunca participará libremente.

Cuarto: el reconocimiento del secuestro del señor Díaz y el compromiso de liberarlo sano y salvo, aunque tranquilizan a la familia y al país, no son suficientes. ¿Y los demás? Si el ELN hace parte del Mecanismo de Verificación, con el Gobierno, la Iglesia Católica y la ONU, debería empezar por confirmar o negar su autoría sobre los casos pendientes; es lo mínimo, pues, de lo contrario, estaría obstruyendo deliberadamente el proceso. La ONU, como vocera del Mecanismo, los demás miembros y la sociedad toda, deberían unirse para exigir esa declaración y el compromiso de abandonar la práctica del secuestro.

Finalmente, si el ELN aún no tiene claro su compromiso frente al secuestro, derivado del Acuerdo de cese al fuego, este deberá ser punto inicial y obligado del próximo ciclo, pues de esa claridad, ante el país y hoy ante el mundo, depende mucho la continuidad de un proceso   que merece mejor final.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Viernes 27 de octubre de 2023).- En Colonia, Alemania, dimos un gran paso en la dirección de mostrar la excelencia de la carne colombiana en la Feria Internacional de Alimentos (Anuga); y con esa idea del orgullo por lo nuestro y de construir “el cuento” promocional para vendérselo al mundo, llegué a Nagoya, Japón, invitado por su prestigiosa universidad (con ¡6 premios Nobel! en su palmarés), a una gira del proyecto SATREPS (Agrosavia/Fedegán) para la Investigación Científica y Tecnológica en Desarrollo Sostenible.

El propósito, además de mostrar nuestros avances en producción ganadera sostenible a partir de pasturas y Sistemas Silvopastoriles, era conocer la ganadería japonesa en pastoreo, a partir de la raza wagyu y sus variedades.

En lo personal, como inmersión en la cultura japonesa, marcada por la cosmovisión religiosa del sintoísmo, fue una experiencia extraordinaria y a la vez compleja, pues las sutilezas y simbolismos del comportamiento japonés cotidiano no son fácilmente asimilables para los occidentales, poco dados a ese refinamiento ritual. La comida, particularmente, fue una situación, prosaica si se quiere, pero difícil de manejar.

En lo ganadero, con inmenso respeto por nuestros anfitriones, por su ganadería, por la raza wagyu, con asociación de criadores en Colombia, y por sus excelentes carnes certificadas, esta gira me dejó una gran lección: Tenemos que creer en lo nuestro y saber “echar el cuento”.

¿Y qué es lo nuestro? Primero: una mayor trayectoria ganadera, mientras que en Japón los bovinos fueron animales de trabajo hasta finales del siglo XIX, cuando se levantó la veda budista al consumo de su carne, que se popularizó en el siglo XX.

Segundo: Nuestra disponibilidad de tierras permite una ganadería a base de pasturas y acorde con la tendencia “verde” de los mercados. En Japón, las tierras planas son arroceras, en tanto que, en ganadería, prevalece la pequeña y mediana explotación en confinamiento o, excepcionalmente, en pastoreo con capacidades de carga más bajas a las nuestras.

Tercero: Con 30 millones de animales, tenemos el hato número 11 del mundo, diverso en razas, incluida la Wagyu, y diverso en tipos y calidades de carne para atender la demanda local y generar excedentes exportables. Japón tiene 3,7 millones de animales, la mitad wagyu y el resto en ganadería de leche.

Cuarto: Tenemos un liderazgo ganado en producción sostenible con Sistemas Silvopastoriles, que garantizan mayor productividad con ventajas ambientales importantes en los mercados y, en términos de calidad de la carne, con menos grasas saturadas y una mayor condición nutracéutica, es decir, mayor presencia de grasas insaturadas, como Omega 3 y 6.  

La carne Wagyu seguirá siendo la mejor, con porcentajes de grasa entreverada (marmoleo) del 25%, que obedecen a una condición genética y no al mito de los masajes, la cerveza y hasta la música.  Sin embargo, tanta grasa, aunque insaturada, se traduce en porciones que, además de costosas, son pequeñas, medidas en onzas, muy al gusto japonés. 

El occidental se inclina por menos marmoleo, pero que garantice jugosidad, terneza y sabor, y esa grasa perimetral, el “gordito” del churrasco o la punta de anca, que se puede comer o desechar.

“Lo nuestro”, carne de animales alimentados en pastoreo, cada vez más en sistemas silvopastoriles sostenibles y con altos estándares de Bienestar Animal, es un producto de alta calidad y más sintonizado con las tendencias de los mercados saludables.

Los japoneses tienen “lo suyo”, le echaron su cuento al mundo y multiplicaron por diez, ¡por diez! el precio de su carne. ¿Cuál es entonces la tarea? Crear nuestro “cuento de calidad”, que es más que un cuento, y echárselo al mundo para venderle orgullosos y a buen precio carne colombiana sostenible, nutraceútica y… sabrosa.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Viernes 27 de octubre de 2023).- La Nación Colombiana, se enfrenta este 29 de octubre al mayor desafío electoral después de más de 213 años de creación de la República, a través del ejercicio del voto como instrumento de salvaguarda democrática.

El Derecho a elegir y ser elegido se dinamiza con la puesta en marcha del voto, eligiendo diferentes cargos en todos los niveles territoriales, tanto en el sector público, privado o mixto.

Entre nosotros han hecho carrera cuatro tipos de manifestaciones del Voto: Coherente, Útil, Blanco y Sensato o Estratégico.

El Voto Coherente o Disciplinado: Los ciudadanos, atendiendo directrices de los partidos en que militan, o ajustado a su ideología política, deposita su voto, sin miramiento de los efectos políticos que su decisión pueda llegar a generar, pierda o gane, voy con el candidato que me representa. Este voto entre nosotros tuvo en su época manifestaciones firmes con los partidos tradicionales que en no pocas ocasiones nos llevó a inestabilidad en la República.

El Voto en Blanco: Manifestación de inconformidad con los candidatos que se presentan a la contienda electoral, no llenan las expectativas, pero aun así el ciudadano de manera disciplinada cumple con su derecho manifestando válidamente su opinión, este voto es absolutamente válido y en algunas ocasiones ha llegado a ser mayoritaria provocando una nueva elección.

El Voto Útil: Cuando hay en la baraja un candidato de gran arrastre electoral, hace que los indecisos voten a favor de quien parece ser la carta ganadora de acuerdo a las tendencias electorales, no es otra cosa que embarcarse en el bus del triunfo sin mayores análisis, el voto a ganador.

El Voto Sensato o Estratégico; El que ejerce el elector para lograr no perder la gobernabilidad o participación política, frente a aquellos que de acuerdo a las tendencias electorales ponen en inminente peligro la estabilidad de la Región o República.

Permite a través de la sumatoria de fuerzas minoritarias, que, aunque tengan algunas diferencias en cuanto a los principios ideológicos básicos, mediante la cesión de parte de ellos, logra la unidad política para conservar el control directo o indirecto de la institucionalidad a cambio de no perderlo todo.

El Voto Sensato, es una manera de contener a candidatos del Gobierno del Cambio de Gustavo Petro. Para lograr consolidarlo, es necesario apartar los intereses particulares y partidistas, anteponiendo a ellos los altos intereses de la población a gobernar o la Nación.

El Voto Sensato logra su objetivo solo desde la unidad en torno a los máximos intereses de la comunidad, desde los idearios políticos afines en lo básico, permite que el poder político en lo nacional, regional y local, no se concentre en manos de quienes hoy detentan el ejecutivo y administrativo con la ordenación del gasto público.

La tozuda historia, sirve para conocer lo que pasó, porqué pasó y poder prevenir que se repita nuevamente. Si no acudimos a ella, vamos camino a cometer los mismos errores, miremos el vecindario y la nuestra.

Aprendamos de la izquierda, dentro de las diferencias, actúan unidos de manera monolítica en todos los espacios, desde lo mundial, continental, regional o local. A través del Voto Sensato, nos ganan elecciones en diferentes ámbitos, debemos aprender de ellos, aun siendo minorías en todo, lo vienen logrando con acuerdos en la diferencia.

Señores es ahora o nunca, nuestra responsabilidad es inmensa para con el futuro de la patria y descendencia de la prole, si queremos que crezcan en una patria libre. Las uniones y acuerdos se hacen entre diferentes, con quien esté próximo al segundo, en el caso de Bogotá o con quien en representación de nuestros idearios políticos en todo o en parte, tengan serias posibilidades de disputar el cargo o asegurarlo. No lo dudemos un instante, de nada sirve el voto si con él entregamos la República a nuestros adversarios.

* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacou

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Sábado 26 de agosto de 2023).- No me refiero a la extinción JUDICIAL sobre bienes adquiridos ilícitamente, conocida por la opinión pública, sino a otra figura de nuestro ordenamiento jurídico, a todas luces excesiva: la extinción de dominio ADMINISTRATIVA sobre la tierra legalmente adquirida, por el presunto incumplimiento de su función social y ecológica.

Pues bien; la Ley del Plan de Desarrollo, promulgada el pasado mes de mayo, terminó con un “añadido” de última hora, los numerales 5 y 6 del artículo 61, sobre “Mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria”, título engañoso, pues al eliminar garantías procesales y endurecer los términos de la extinción de dominio, la convirtió en un instrumento sumario y administrativo, es decir, sin la intervención de un juez, remplazado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para “obligar” al propietario a la “oferta voluntaria”.

Gravísimo, pues lo que plantea el artículo es un verdadero “dilema extorsivo”: o me vende la tierra que quiero comprar…, o se la quito; no en vano fue bautizado como “expropiación exprés”, un término que le queda corto, pues la expropiación conlleva indemnización, en tanto que la extinción de dominio es un castigo equiparable al impuesto a un criminal.

Semejante mecanismo representó un mensaje contrario a lo que el presidente, pocos meses atrás, calificaba de histórico: el Acuerdo entre Fedegán y el Gobierno para la compra directa y voluntaria de tierras para Reforma Agraria, bautizado como “Acuerdo para la materialización de la paz territorial”.

Para entonces, manifesté que “Los ganaderos seguiremos cumpliendo el acuerdo (…) a pesar de la inclusión del artículo 61, que abre caminos sumarios a la expropiación y alcanzó a destruir la confianza…”, añadiendo, en modo de reclamo, que “construir confianza está detrás de los resultados, y los resultados están detrás de la paz”.

Petro, desde el comienzo de su gobierno, reiteró que no habría expropiación, sino compra, muy en línea con el Acuerdo firmado con Fedegán. En mayo, a raíz de las reacciones al artículo 61, desde España dejó claro algo que es cierto: “Nosotros no estamos proponiendo expropiación, eso existe en la ley. No necesitamos ley para eso”; pero al mismo tiempo quedó el interrogante, que hoy resurge con el proyecto de decreto reglamentario.

Si ya existe ley para eso…, entonces, ¿por qué el artículo 61, que le resta garantías al propietario y convierte en sumaria y administrativa la extinción de dominio?; ¿por qué, ahora, un decreto que rebasa la potestad reglamentaria del Gobierno y concentra en la ANT competencias ambientales y hasta tributarias? ¿Quién está detrás de esto?

En un país con una institucionalidad ambiental “autónoma” y “clientelizada” a nivel regional, y una normatividad inaplicable en vastas regiones, ya sea por falta de gestión o por la presencia de grupos ilegales; es más, en un país en que 300.000 hectáreas de coca no logran ser objeto de extinción judicial de dominio, ¿esta misma figura se aplicaría sin reparos, como una mera decisión administrativa contra propietarios legales que no quieran vender?

Si el Gobierno ha decidido comprar la tierra; si tiene 5 billones para ello en esta vigencia, y si hay tierras disponibles, como manifestó el director de la ANT en reciente entrevista, entonces, ¿para qué minar la confianza y enrarecer el ambiente, cuando hay un proceso de oferta voluntaria que ha funcionado, a pesar de la lentitud en la compra, de apenas 33.000 hectáreas? Repito, ¿quién está detrás de esto?

La ministra, en quien reconozco una actitud asertiva, ofreció una mesa de trabajo para revisar el proyecto de decreto. Allá estará Fedegán y, en el entretanto, los ganaderos… seguiremos expectantes.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Domingo 22 de octubre de 2023).- En los primeros meses del Gobierno, cuando sus anuncios sobre reforma agraria desencadenaron una oleada de invasiones, a la que respondimos, como hoy, con un ejercicio pacífico de buena vecindad que llamamos “Brigadas Ganaderas Solidarias”, el senador Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz y Posconflicto del Senado, con quien no tenía relación alguna, me contactó para proponerme construir un gran acuerdo con el Gobierno para facilitar la compra de tierras con destino a la Reforma Rural Integral.

Y así fue; conversamos y llegamos a un acuerdo posible, que el Gobierno aceptó y terminamos firmando. ¡Lo hicimos! Un mes después, como consecuencia de lo anterior, acepté la pública invitación del presidente Petro, en pleno Congreso Nacional de Ganaderos, a hacer parte de los diálogos con el ELN.

¿Por qué lo hice? Desde esas primeras charlas con Iván Cepeda quedaron claros dos factores importantes; el primero, que la Reforma Rural Integral, como promesa de campaña, programa de Gobierno y punto de honor del presidente, se haría SIN nosotros o incluso CONTRA nosotros; y el segundo, que aún en medio de reconocidas diferencias, teníamos con el Gobierno puntos de encuentro alrededor del desarrollo rural y, en consecuencia, el mejor camino era una reforma agraria “CON nosotros”, a partir de “lo que nos une”.

¿Qué nos une a los ganaderos con el Gobierno Petro? He sido reiterativo en esa respuesta: Primero: que la paz pasa, necesariamente, por la recuperación económica y social del campo.  Segundo:  que Colombia tiene condiciones para convertirse en potencia agroalimentaria; y tercero: el reconocimiento del derecho del campesino a la tierra, pero entendiendo que un título de propiedad no lo saca de la pobreza, sin las condiciones y bienes públicos que hacen a la tierra realmente productiva y un proyecto de vida digno; y entonces volvemos a la urgente recuperación del campo.

Hoy, a partir de su claridad sobre la política de paz del Gobierno y de sus responsabilidades desde la comisión senatorial que preside, el senador Cepeda, una vez más, mete baza en el ambiente enrarecido que generaron los proyectos de decreto del Ministerio de Agricultura, en los que, primero, se convierte en “administrativa” la extinción de dominio sobre la tierra legítimamente adquirida, y segundo, se “llama a la movilización campesina” en defensa de la reforma agraria y el acceso a la tierra.

Un político avezado como el senador Cepeda, no dudó de la capacidad de generación de conflictos de los dos decretos, no solo para la Reforma Rural Integral, sino para la paz. De ahí el inmenso valor de su iniciativa de llevar la Comisión de Paz del Congreso al Ministerio de Agricultura, para abrir allí mismo un espacio de diálogo con la participación de Fedegán.

De inmenso valor el alcance acordado en esa primera reunión al acompañamiento de la Comisión, no solo como garante pasivo, sino como participante activo, como bien lo planteó la senadora Paloma Valencia, para la concertación de los decretos y el seguimiento al Acuerdo.

Ahora bien, las convicciones compartidas no son suficientes; pero hoy tenemos voluntad política y un acuerdo funcionando, con ofertas superiores al millón y medio de hectáreas y más de 700 mil viables para compra, como lo informó el director de la Agencia Nacional de Tierras en la reunión. Como nunca, hay tierras para comprar y recursos para comprarlas.

En este escenario, el acompañamiento de la Comisión de Paz del Senado le da al Acuerdo de Tierras una connotación de Estado, apuntala la unión de propósitos y es un mensaje positivo para el país.

De mi parte, el mensaje seguirá siendo: Si nos une un objetivo común…, ¡Hagámoslo!

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: Miguel Ángel Lacouture Arévalo* / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(MALA – Domingo 22 de octubre de 2023).- “La CTFLM (de masas) no puede ser vista como un delito sino como una de las formas de la resistencia al terrorismo de Estado y, como un resultado de las formas dictatoriales de gobernar la burguesía colombiana.” …. Semanario Voz, 10 de abril de 2021. La CTFL, es la utilización de todos los medios para hacerse al poder público, logrado el objetivo, permanecer en él. Lo han desarrollado tanto la izquierda armada y violenta como los paramilitares.

Al analizar todo el acontecer político de los últimos cinco años, encontramos un actor principalísimo en la utilización de la CTLFL para lograr hacerse al poder; desde el inicio del Gobierno Duque, quien funge hoy como Presidente formal, amenazó y a fe que lo logró, no dejarlo gobernar. La calle se convirtió en su aliada, levantó la población por cualquier decisión, solo paró temporalmente ante el embate del COVID 19, medianamente superada la pandemia, con Gustavo Bolívar, incendio Colombia con la creación de las primeras líneas. Su estrategia rindió frutos, hoy está sentado en el solio de Bolívar, eso sí, rodeado de escándalos sobre la financiación de su campaña política, que le tienen ad portas del Juicio Político por sobrepasar los topes de financiación.

Ya en el ejercicio del Cargo, se encuentra errático en sus decisiones políticas al perder gran parte del respaldo popular. Las políticas de Petro no encuentran su asidero en las grandes ciudades, su fortaleza política la construye desde la ruralidad y pequeños Municipios y poblados, donde las necesidades abundan.

Para sembrar y regar las esperanzas en el sector, se aprobó el A.L. 1/2023, reconoce que “El campesino es sujeto de derechos y de especial protección”, colocando a esta población en igualdad de condiciones de grupos étnicos y afros. 

El ejecutivo ha tomado como bandera La Reforma Agraria; tierras productivas a desposeídos o aquellos que les sea insuficiente. Para ello se venía acompañando con la facilitación de Fedegan la compra de tierras a ganaderos, que voluntariamente se pongan a disposición de colocarla en venta al Estado. La ruptura de la confianza empieza a derrumbarse con la introducción del art 61 del Plan Nacional de Desarrollo que consagra la expropiación exprés.

La mayor y peligrosa amenaza desde el gobierno, es el ”Llamado a la movilización y organización campesina”, que está haciendo con el proyecto de Decreto al levantamiento de las comunidades campesinas para que presionen la Reforma Agraria y defiendan la entrada en vigencia del proyecto de expropiación expres.

Dos puntos a tener en cuenta:

 Art 2. … “Estos espacios garantizan la autonomía política de las comunidades campesinas y étnicas, se constituyen en instituciones sociales territoriales”. ¿Supone la balcanización de los territorios?, ¿qué papel quedan jugando allí las administraciones Departamentales y Municipales? Se pone en peligro la integridad territorial de la Republica a través de esta “Autonomía”. ¿Esta es la vía constitucional para la reglamentación del A.L, # 1/ 2023?

Art 5. … “Todas las entidades de todos los Sectores Administrativos de la Administración Pública promoverán la movilización y organización de las “Asambleas Campesinas por la Tierra”, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes” …. ¿La financiación de estas entidades “autónomas” se hará con recursos del Estado, su estructuración, formación y puesta en funcionamiento?; ¿Quién administrará, distribuirá los recursos, serán los políticos afines a la izquierda Petrista y las organizaciones afines que hacen parte de la Paz Total?

Nos queda como herramienta constitucional, la suspensión provisional de las normas jurídicas por la Corte Constitucional, cuando sean contrarias a la Constitución Nacional a solicitud o de oficio, al momento en que entre en vigencia. Es necesario que la sociedad solicite de forma masiva el ejercicio de esta facultad, así se evitará que el ejecutivo administre sobre la “Presunción de Legalidad” de los actos jurídicos mientras que la C. Constitucional ejerce su facultad de control constitucional.* Miguel Ángel Lacouture Arévalo, Práctico en Desarrollo Rural y Agropecuario. @lacoutu

* NOTA: Las opiniones expresadas en esta publicación no necesariamente reflejan el pensamiento de www.agriculturayganaderia.com y son responsabilidad exclusiva de quien las emite y/o de su actor.

Por: José Félix Lafaurie Rivera * / Autor Invitado

Agricultura & Ganadería

(JFLR – Domingo 22 de octubre de 2023).- Al tiempo que, en Suárez, Cauca, se firmaba un Acuerdo entre el Gobierno y el autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, en Corinto, también en Cauca, el EMC se daba bala con el ELN y, hoy, arrogante, culpa a la Fuerza Pública por intervenir, como si nuestros héroes pudieran abandonar a su suerte a las comunidades aisladas o desplazadas.

Esta historia de violencia se repite en la Colombia cocalera, cada día más extensa: en Chocó, Nariño, Catatumbo, Arauca, sur de Bolívar y donde quiera que esa mancha verde-clara de coca se expande, destruyendo, corrompiendo y afectando también a la Colombia urbana, con su secuela de inseguridad por cuenta de las bandas del microtráfico, que mostraron su poder durante el ataque terrorista disfrazado de estallido social y “movilización ciudadana”.

En marzo, la “movilización campesina” en Los Pozos, Caquetá, con alerta temprana de Procuraduría y Defensoría sobre infiltración de las disidencias, terminó con un campesino asesinado, un policía degollado y 70 compañeros en “cerco humanitario”, ¡vaya eufemismo!; las instalaciones de la petrolera Energy destruidas y el retiro de la empresa, con pérdida de empleos, regalías, impuestos… ¿Quién ganó?, el grupo ilegal, que fortaleció su control territorial sobre una población sometida y hoy empobrecida.

Porque “el palo no está para cucharas”, no son gratuitos mis reparos a esa combinación explosiva del proyecto de decreto que reglamenta la extinción administrativa del dominio, primero, y el más reciente, en el cual, desde el título y el primer artículo, se hace un “Llamado a la movilización y organización campesina” para, entre otras cosas, la defensa de la reforma agraria y el acceso a la tierra.

Ahora bien, mis reparos no buscan controvertir, sino advertir, porque el buen aliado no es el que aplaude, sino el que advierte los problemas y mueve a la reflexión, el que confronta con argumentos y respeto a la diferencia, porque el disenso, o mejor, la búsqueda de su antónimo, el consenso para facilitar la convivencia es fundamento de la democracia.

Hecha esta salvedad, me surgen las preguntas: ¿Tiene sentido que el Gobierno promueva la movilización para defender la reforma agraria, si, primero, nadie la está atacando, y segundo, la reforma agraria INTEGRAL, es decir, no limitada a un título de propiedad, es responsabilidad del gobierno mismo?

¿Tiene sentido que el Gobierno promueva la movilización para defender el acceso a la tierra, cuando ha ofrecido comprar la necesaria para entregarla a los campesinos y, para ello, firmó un Acuerdo con Fedegán, que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo, el cual disparó las ofertas voluntarias de venta, que hoy sobrepasan el millón y medio de hectáreas, de las cuales más de 700 mil están listas para compra, además de las cerca de 500 mil que la  justicia les ha quitado a los delincuentes y están en poder de la SAE? 

Al 30 de agosto, en esa Colombia cocalera, entre el Clan del Golfo, el ELN, el EMC y otras disidencias, tuvieron 80 confrontaciones y cometieron cerca de 1.200 acciones delictivas; entonces, si la situación de orden público es tan crítica y, de contera, atravesamos un año difícil de elecciones regionales, ¿tiene sentido que el Gobierno promueva la movilización campesina, a sabiendas de los riesgos de instrumentalización violenta de las comunidades que se movilizarían, por cuenta de grupos ilegales que detentan control territorial en más de 300 municipios?

Definitivamente, sin menoscabo del derecho a la movilización pacífica, promoverla desde el Gobierno no es buena idea; el Estado está para garantizar derechos, no para promover movilizaciones. El Gobierno no debe olvidar que es el responsable del orden público… y el “palo no está para cucharas”.

* José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). @jflafaurie